Congreso: proponen crear comisión investigadora tras muerte de 13 trabajadores mineros en Pataz

El impacto de la matanza ocurrida en Pataz, que cobró la vida de 13 trabajadores del sector minero, continúa generando repercusiones. En esta ocasión, se ha presentado una moción para la creación de una comisión investigadora multipartidaria encargada de elaborar conclusiones en torno a este trágico suceso. La moción fue ingresada a la Mesa de Partes del Congreso de la República y se espera que sea debatida próximamente.

Los congresistas que respaldan esta iniciativa son José Enrique Jerí Oré (Somos Perú), Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular), Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Bancada Socialista), Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular), Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso) y Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación Popular).

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Entre los argumentos que respaldan la creación de esta comisión investigadora, se incluye una crítica al gobierno de Dina Boluarte y a su manejo de la tragedia. Se alega que la reacción del Ejecutivo fue tardía y limitada, reduciéndose a la imposición de un toque de queda y a la suspensión provisional de las actividades mineras en la provincia de Pataz, mediante decreto supremo.

De igual forma, el texto presentado indica que la comisión investigadora multipartidaria estará encargada de esclarecer las posibles responsabilidades penales, políticas y administrativas relacionadas con el secuestro y asesinato de trece personas en la provincia de Pataz, región La Libertad. Estos hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2025, en el contexto de actividades mineras en la zona. Asimismo, la comisión deberá investigar acerca de los presuntos vínculos con redes criminales dedicadas a la minería ilegal con el objetivo de determinar lazos visibles y comprobados. El plazo establecido para sus labores será de 120 días calendario.

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Pataz: 13 trabajadores mineros fueron asesinados por la delincuencia

El pasado 4 de mayo, se reportó que trece trabajadores vinculados a la Minera Poderosa, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por grupos delictivos en Pataz. El hecho ocurrió a pesar de que el distrito se encuentra bajo estado de emergencia, decretado por el Ejecutivo. Según reportes, el secuestro se habría producido el 25 de abril, en una zona controlada por redes de minería ilegal, lo que refleja el creciente deterioro del orden público en la zona.

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Días después del secuestro, los cuerpos sin vida de las víctimas fueron hallados en socavones mineros de la provincia liberteña. Los familiares relataron que los mineros estuvieron atados durante su cautiverio, y algunos habrían sido torturados. La Policía Nacional reportó el hallazgo de otros dos cuerpos aún no identificados, lo que podría elevar la cifra de víctimas.

Minera Poderosa emitió un comunicado responsabilizando a mineros ilegales aliados con organizaciones criminales del secuestro. La empresa expresó su preocupación por la ineficacia de las fuerzas del orden, señalando que, pese al estado de emergencia y el despliegue de cientos de efectivos, no se realizaron operaciones efectivas contra los centros ilegales de extracción de oro. Además, el Ejecutivo mostró dudas respecto a la veracidad del secuestro; el ahora ex primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró en conferencia que no existían denuncias formales y que la empresa había negado inicialmente que las víctimas fueran sus trabajadores, minimizando así la gravedad de los hechos.