Contraloría investigará las contrataciones del personal del Congreso: apunta a las de Alianza para el Progreso

La Contraloría inició una investigación sobre las contrataciones del personal del Congreso durante los periodos legislativos 2021-2024 para detectar posibles irregularidades. En ese sentido, la entidad fiscalizadora centrará su atención en las plazas laborales a favor de personas vinculadas a Alianza para el Progreso (APP), en el que se involucra la contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, acusado de liderar una presunta red de prostitución en el Parlamento.

En caso se identifiquen irregularidades en las adjudicaciones, se determinará si corresponde una responsabilidad administrativa o penal, además permitirá mapear la cantidad del personal contratado, sus funciones, cargos asignados y posibles relaciones con autoridades u organizaciones políticas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Para ello, el auditor general del Congreso, Fernando Rosales, le informó el pasado 10 de marzo al oficial mayor del Legislativo, Giovanni Forno, que se iniciará un Servicio de Recopilación de Información a cargo de los abogados Gustavo Ramos Vásquez y Gherson Sarmiento Toledo.

PUEDES VER: Congreso quiere una prensa servil: aprueban proyecto de ley contra la libertad de expresión

Congreso: APP, Fuerza Popular y aliados capturaron 16 jefaturas y oficinas

En medio del escándalo por la presunta red de prostitución, se identificó que a menos 16 oficinas fueron capturadas en el Congreso por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Perú Libre, Somos Perú, Podemos Perú y Avanza País tras designar a excongresistas, militantes y cercanos a los jefes del partido.

El partido fujimorista lidera la mayor cantidad de oficinas capturadas (6), seguido por la bancada de apepista de César Acuña (4), Perú Libre (2), Avanza País (2), Somos Perú y Podemos Perú (1).

Congreso: contratación de Jorge Torres Saravia en la mira de la Contraloría

Uno de los casos con mayor revuelo es el de Jorge Torres Saravia, exjefe de la oficinal Legal y Constitucional del Congreso y amigo de la abogada víctima de asesinato, Andrea Vidal Gómez. Torres Saravia, vinculado a Alianza por el Progreso, inició sus labores en el área de trabajo mencionada el 2 de agosto del 2023, durante la gestión del expresidente del Legislativo, Alejandro Soto.

Según la propia declaración de extrabajador del Parlamento, llegó a ese cargo tras presentarle su curriculum al oficial mayor, Giovani Forno, y decirle que era apto para ocupar el puesto; sin embargo, Forno indicó que no recuerda quién le entregó el CV.

Una vez que asumió el cargo de jefe, Torres Saravia, junto a la fallecida Andrea Vidal, quien en ese momento era parte de su equipo, habría promovido la contratación de abogadas a quienes posteriormente les sugería ofrecer favores sexuales a otros empleados del Legislativo. Si rechazaban su propuesta eran retiradas de su puesto.

Contratación de Isabel Cajo

Otra contratación en la mira de la Contraloría será la de la extrabajadora del Parlamento, Isabel Cajo, quien también laboró en la oficina liderada por Jorge Torres Saravia. Sin embargo, durante la gestión de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) se autorizó la firma de una adenda para que Cajo sea trasladada desde el área de Bienes a la de Legal y Constitucional. Por su parte, Soto negó cualquier vinculación e implicación en el caso y exigió transparencia en las investigaciones.

Lo llamativo de la adjudicación de la examigo de Andrea Vidal, es que también laboró en el despacho del congresista Edwin Martínez, pese a no tener bachiller ni estudios universitarios. Un reportaje de Punto Final reveló que Cajo habría presentado documentación falsa para conseguir un puesto en el Parlamento.