Contraloría: más de 2.000 trabajadores son despedidos, perjudicando el control del gasto público
El sindicato de la Contraloría General ha solicitado una reunión con el contralor general de la República con la finalidad de resolver la situación de los más de 2.000 trabajadores que serán separados.
- Gobierno oficializa ley que amplía plazo para afiliarse de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026
- “No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado
A un año de que finalice el mandato de la presidenta Dina Boluarte, y en medio de cuestionamientos por el desbalance en sus declaraciones juradas, el despido de más de 2.000 trabajadores de la Contraloría General de la República ha generado suspicacias. La medida podría afectar el control del gasto público que viene realizando grupos de trabajo ya establecidos.
Al respecto, el Sindicato de Unidad Nacional de la Contraloría General de la República ha solicitado una reunión con el contralor general César Enrique Aguilar Surichaqui para el día lunes 17 de marzo para conversar la desvinculación de los más de 2.000 auditores.
TE RECOMENDAMOS
ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Harvey Colchado asegura que Dina Boluarte no tiene intención de querer ubicar a Vladimir Cerrón
Solicitud de reunión con el contralor general para tratar el despido masivo de auditores. Foto: La República
Comunicado del Sindicato de Unidad Nacional de la Contraloría
Mediante un comunicado, el Sindicato de la Contraloría mostró su rechazo a la política de recorte del 50% del personal bajo el régimen 728 a plazo fijo. "Consideramos que esta decisión debilita gravemente la capacidad operativa de la entidad y pone en riesgo la lucha contra la corrupción en el país", se puede leer en el documento.
PUEDES VER: La SIP alerta hostilidad del Ejecutivo hacia la prensa y aumento de la criminalización del periodismo
Asimismo, señalan que el recorte de personal compromete la fiscalización efectiva y oportuna de los recursos públicos, pues reduce la capacidad de acción de la Contraloría, ocasionando que los órganos de control institucional operen con el mismo personal de las entidades supervisadas.
"Esta situación genera un grave conflicto de intereses, ya que los mismos controlados serían quienes se auditen a sí mismos, afectando de manera directa la autonomía y objetividad del control gubernamental", puntualiza el comunicado.
