Mininter ofrece S/50.000 por datos sobre militares sentenciados prófugos
El brazo de la justicia. El Ministerio del Interior comunicó que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado pueden solicitar al Programa de Recompensas la inclusión de los efectivos que han sido condenados por graves delitos de lesa humanidad, con la finalidad de que las autoridades los ubiquen y procedan a su detención.
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Después de siete años de haber lanzado el Programa de Recompensas, el Ministerio del Interior ha incluido en la lista de “los más buscados” a generales del Ejército en retiro que han recibido sentencias por delitos de lesa humanidad y se encuentran en situación de prófugos de la justicia.
Desde el lanzamiento del programa en 2016, se les dio prioridad a los requisitoriados o procesados no habidos, implicados en su mayoría en delitos comunes, y se obtuvieron excelentes resultados. Los ciudadanos respondieron a las ofertas de compensaciones económicas, a cambio de información que permitiera la ubicación y captura de personas que burlaban a la justicia.
Sin embargo, en la relación del Ministerio del Interior, no se tomaba en cuenta a los efectivos militares requeridos por el Poder Judicial para que respondieran a graves imputaciones como homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada, delitos perpetrados en el periodo de la guerra interna (1980-2000).
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Una investigación de La República dejó en evidencia que oficiales de alta graduación en situación de retiro se dieron a la fuga antes de escuchar sus respectivas sentencias judiciales.
Pese a la gravedad de los delitos que cometieron, estos no aparecían en el programa del Mininter, lo que causaba una sensación de impunidad entre los familiares de las víctimas de los hechos violentos, registrados en un periodo que también se conoce como “los años de plomo”.
Entre estos militares de alta graduación no considerados en el Programa de Recompensas del Mininter, se encontraban los generales del Ejército en retiro Luis Pérez Documet y Manuel Delgado Rojas, quienes ejercieron como jefes del Comando Político Militar del Mantaro, Junín. En el caso de Pérez, luego asumió como jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE), y estaba a cargo de la seguridad de la Universidad La Cantuta cuando fueron secuestrados y asesinados un profesor y nueve estudiantes. Por este caso, Pérez también afronta proceso judicial.
Cambio de política
Sin embargo, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior informó a La República que ha incorporado en la relación de más buscados precisamente a los generales Luis Pérez Documet y Manuel Delgado Rojas, además del coronel Luis Paz Cárdenas, todos condenados por delitos de lesa humanidad. El programa ofrece S/50.000 por información sobre la ubicación de cada oficial en situación de prófugo de la justicia.
“La Policía Nacional, por intermedio de la División de Investigación Criminal (Divicc) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), formuló en enero el documento en el que se recomienda que dichos sujetos (Pérez, Delgado y Paz) sean incluidos en el Programa de Recompensas. Dicho oficio fue recibido en febrero por la Comisión Evaluadora de Recompensa contra la Criminalidad para analizar las inclusiones respectivas en la próxima sesión a llevarse a cabo en el presente mes”, explicaron fuentes del Mininter.
A la pregunta si los familiares de las víctimas están en condiciones de requerir que el Programa de Recompensas comprenda a otros prófugos de la justicia que afrontan procesos o sentencias por violaciones a los derechos humanos, el Mininter respondió que era factible.
“Pueden acercarse a la Policía Nacional. El sistema de recompensas representa una de las políticas de Estado en la lucha contra la criminalidad”, indicaron.
El general fujimorista Luis Pérez Documet, prófugo de la justicia luego de haber sido condenado a 15 años de prisión efectiva por el secuestro y desaparición forzada del profesor César Hilario Trucios, ha sido incorporado en el programa de recompensas del Ministerio del Interior.
Luis Pérez, además, está relacionado con otro proceso judicial por haber franqueado el acceso a la Universidad La Cantuta —cuyo resguardo estaba bajo su cargo— al grupo de asesinos del destacamento Colina, dirigidos por el mayor EP (r) Santiago Martín Rivas, que plagió y luego ejecutó a un catedrático y nueve alumnos, el 18 de julio de 1992.
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Otro caso en el que está implicado Luis Pérez Documet es el golpe de Estado del exdictador Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos, el 5 de abril de 1992. Como jefe de la DIFE, Pérez ejecutó operaciones militares en respaldo a los golpistas.
La fidelidad de Luis Pérez Documet a Alberto Fujimori quedó demostrada cuando se negó a declarar contra el expresidente durante el juicio por la asonada del 5 de abril de 1992.
El general retirado Manuel Delgado Rojas recibió una sentencia de 20 años de cárcel por el asesinato de 8 pobladores de Pucará, Junín, cuando ejercía como jefe del Comando Político Militar del Mantaro. Delgado está no habido. El Ministerio del Interior ofrece S/50.000 por datos que permitan su detención.
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Prófugo. El general EP (r) Luis Pérez Documet participó en el golpe de Estado del 5 de abril. Foto: difusión
El exjefe político militar de Huancavelica, coronel en retiro Luis Paz Cárdenas, recibió 15 años de cárcel por la desaparición del activista de derechos humanos Ángel Escobar Jurado y por el crimen del dirigente campesino Falconieri Saravia Castillo. Como los otros dos oficiales del Ejército, Luis Pérez y Manuel Delgado, Luis Paz también se encuentra en situación de prófugo de la justicia.
El Mininter ofrece S/50.000 por información sobre la ubicación de Luis Paz.
De acuerdo con las fuentes consultadas, están en curso de incorporación al Programa de Recompensas otros exmilitares de alta graduación que han sido sentenciados y se encuentran como no habidos. Entre ellos, el general EP (r) José Valdivia Dueñas.
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Relación ampliada
Valdivia está vinculado con la matanza de 40 campesinos en el distrito de Cayara (provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho), en 1988. Pese a este horroroso caso de violación de los derechos humanos, el general José Valdivia prosiguió con su carrera y ocupó cargos claves durante el régimen de Fujimori. De hecho, el día del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, actuaba como comandante general de la II Región Militar, con cuartel general en Lima, posición que aprovechó para sumarse a los golpistas.
En 2021, José Valdivia Dueñas fue sentenciado a 15 años de prisión por haber intervenido en el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y otros opositores. Y en marzo del 2022, Valdivia fue declarado reo contumaz debido a sus reiteradas inasistencias a las audiencias por el caso Cayara.
La inclusión de los generales del Ejército (r) Luis Pérez Documet y de Manuel Delgado Rojas, y del coronel Luis Paz Cárdenas, por parte del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, abre la oportunidad para que otros exmilitares prófugos de la justicia sean considerados en la relación, y de esta manera completar la acción de la justicia.
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Como el caso del exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), coronel EP (r) Enrique Oliveros Pérez, y de los exagentes del destacamento Colina Haydeé Terrazas Arroyo y Carlos Zegarra Ballón, implicados en la matanza de La Cantuta. Casi 32 años después del brutal homicidio consumado durante el régimen del exdictador Fujimori, exefectivos castrenses continúan no habidos.
El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional pueden contribuir en la construcción de una base de datos con la identidad de los exmilitares de todos los grados que afrontan sentencias u órdenes de captura. Y de esta manera, mejorar la eficacia del Programa de Recompensas del Mininter.
Recompensas con resultados positivos
Las cifras demuestran que el ofrecimiento de recompensas económicas a los ciudadanos que aportan datos para el hallazgo y apresamiento de prófugos de la justicia es una excelente medida para capturar a criminales.
Del 2016 a enero del 2024, aproximadamente el 59% de un total de 4.009 requisitoriados de la relación del Ministerio del Interior han resultado intervenidos debido a la entrega de información por parte de los ciudadanos. El Mininter busca ampliar la cobertura.
“El Poder judicial tiene la voz central”
Antonio Maldonado, exprocurador
Reconocemos la importancia de esta incorporación al Programa de Recompensas como un pequeño avance en la lucha contra la impunidad. Sobre todo en lo referente a perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y de graves infracciones del derecho internacional humanitario, lo cual vienen a ser crímenes de guerra.
La inclusión a este programa es un comienzo, pero no es la única medida que debe adoptar el Estado. El Poder Judicial debe ser mucho más consistente y enérgico en reiterar las órdenes de captura que correspondan tanto a los acusados como a los condenados. O sea, la inclusión en el programa de capturas es solo una parte del enfrentamiento a este problema. El Poder Judicial tiene la voz central.
“La policía no está buscando a ningún militar”
Carlos Rivera, abogado IDL
El Ministerio del Interior ha reaccionado positivamente, porque el reportaje de La República daba cuenta de un hecho irregular en un país en el que estamos siempre de cacería tras los prófugos. Se dio cuenta de una manera objetiva de que había gente condenada por crímenes de lesa humanidad, que estaba en su casa y que no pasaba nada. Creo que lo mínimo que pueden hacer es incluirlos en este Programa de Recompensa.
Pero hay un asunto todavía pendiente. Y es el hecho de que esas órdenes de captura que existen, y que la policía la tiene en sus escritorios, no se están ejecutando. Estoy convencido de que la policía no está buscando a ningún militar, más aún si ha tenido algún grado de general o coronel.
Los más buscados (por ahora)
Periodista de investigación del diario La República. Soy Comunicadora Social egresada de la Facultad de Letras y Humanidades de la UNMSM. Llevo 23 años realizando la labor de reportera en la Unidad de Investigación del diario, donde me he especializado en abordar temas de seguridad nacional, derechos humanos, narcotráfico y terrorismo.
