Caso Pativilca y La Cantuta: mataron a 16 civiles acusados falsamente de ser senderistas
Vladimiro Montesinos fue sentenciado —este miércoles 31— a 19 años y 8 meses de prisión por estos 2 casos tras someterse a la conclusión anticipada y reconocer su responsabilidad por las muertes. Caso contrario es el de Alberto Fujimori, quien irá a juicio.
El año de 1992 fue un periodo cruel y sangriento para la historia de nuestro país. En enero se perpetró la masacre de Pativilca; en setiembre —solo seis meses después— secuestraron y desaparecieron un profesor universitario y nueve estudiantes de la universidad conocida como La Cantuta. Más de 30 años después, por fin, se encuentra justicia. Vladimiro Montesinos, ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), fue condenado —tras someterse a la conclusión anticipada— a 19 años y 8 meses de prisión por su autoría mediata en este caso. Alberto Fujimori sigue sin reconocer su responsabilidad, por lo que irá a juicio para demostrar una supuesta inocencia que contrasta con lo ya aceptado por su ex hombre de confianza y asesor presidencial.
Masacre en La Cantuta
Esta tuvo lugar el 18 de julio de 1992, cuando Alberto Fujimori vivía sus primeros años como presidente de la República. Era de madrugada, solo dos días antes se había perpetrado el atentado a Tarata por las fuerzas subversivas, la vez que se ordenó la intervención de la residencia de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, con la finalidad de 'devolver el golpe' que había perpetrado Sendero Luminoso. La orden de Santiago Martín Rivas fue ejecutar a quienes equivocadamente habían sindicado como senderistas y responsables de lo ocurrido en la calle en Miraflores.
La masacre fue perpetrada por el denominado Grupo Colina, que era una organización criminal compuesta por oficiales y suboficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), encargada de dar la orden de intervención a La Cantuta esa noche. Ellos dependían directamente de la Comandancia General del Ejército, por lo que eran financiados y recibían armamento de esta institución.
PUEDES VER: Rafael López Aliaga gastó casi un millón de soles en consultorías, pese a que dijo que las prohibiría
Entre los detenidos se encontraban el profesor Hugo Muñoz Sánchez (47) y los nueve alumnos Bertila Lozano Torres (21), Dora Oyague Fierro (21), Luis Enrique Ortiz Perea (21), Armando Richard Amaro Cóndor (25), Robert Édgar Teodoro Espinoza (24), Heráclides Pablo Meza (28), Felipe Flores Chipana (25), Marcelino Rosales Cárdenas (28) y Juan Gabriel Mariños Figueroa (32).
Según testigos, así lo determinaron las investigaciones, las víctimas fueron obligadas a arrodillarse, con las manos en la nuca y con la mirada hacia abajo, mientras eran insultadas y les gritaban: "Terrucos de m*****, así que ustedes eran las cabezas, ahora ya se acabó”, en referencia a que les atribuían erróneamente la autoría del atentado de Tarata. Tras ello, fueron llevados a un descampado, donde fueron ejecutados y dejados en una fosa común.
Durante las investigaciones y el juicio, se determinó que los estudiantes y el profesor asesinados fueron acusados falsamente de ser integrantes de Sendero Luminoso. Jamás se llegó a probar que alguno de los fallecidos tuviese implicancia en lo sucedido en la calle Tarata, por lo que las imputaciones del Grupo Colina contra las víctimas fueron falsas.
Tras identificar a los responsables, se determinó que el mayor Santiago Martín Rivas actuó como jefe de las operaciones y fue quien dio la orden para ejecutar a las víctimas. Él operaba bajo los planes directos de Vladimiro Montesinos, ex jefe de facto del SIN, con el conocimiento y consentimiento del entonces presidente Alberto Fujimori.
Caso Pativilca
La masacre de Pativilca ocurrió el 29 de enero de 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño, solo tres meses antes se había perpetrado la matanza de Barrios Altos. Perdieron la vida seis campesinos, a quienes se les acusó falsamente de pertenecer a Sendero Luminoso. Nuevamente, el autor de estas muertes fue el denominado Grupo Colina, liderado por Santiago Martín Rivas, que llegó hasta esta zona del país para cumplir un encargo de Nicolás Hermoza Ríos, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Durante el juicio se mencionó que un empresario que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José acusó falsamente a quienes ocupaban la zona de pertenecer a Sendero Luminoso. El favor se lo habría pedido a un familiar de Hermoza Ríos, quien dispuso que el Grupo Colina llegara durante la madrugada y secuestrara a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29).
Tras reducirlos, fueron torturados con un soplete y golpeados. Finalmente, fueron asesinados de disparos a la cabeza y sus cuerpos lanzados a un cañaveral. La implicancia de Alberto Fujimori quedó registrada en el testimonio del técnico de Segunda EP Jorge Ortiz Mantas, integrante del Grupo Colina. Él indicó que todo accionar de este grupo criminal pasaba por la orden de los superiores: “En el Ejército no es posible. Nada se hace sin una orden superior”.
Las sentencias por los casos Pativilca y La Cantuta
Este miércoles 31, el Poder Judicial condenó a 19 años y 8 meses de prisión y 500.000 soles de reparación civil a Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, por las matanzas de Pativilca y La Cantuta. Esto, luego de que el ex jefe de facto del SIN se acogiese a la figura de la conclusión anticipada, lo que le permitió que le rebajen su pena y esta pueda ser absorbida por su condena mayor de 25 años, por el caso Barrios Altos. Se estima que saldrá de la Base Naval del Callao en junio del 2026.
Finalmente, Alberto Fujimori decidió ir a juicio por estos casos, pese a que el reconocimiento del delito por parte de su ex brazo derecho, Vladimiro Montesinos, complica su situación legal e incrementa la posibilidad de que pueda ser condenado. Su defensa tiene como estrategia rebatir la tesis fiscal de la autoría mediata y, en paralelo, buscar la extensión de la gracia presidencial que lo excarceló y permitió que abandonase el penal de Barbadillo.
