CIDH reitera preocupación por proceso para vacar al presidente
Nuevo pronunciamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona el uso reiterado de la figura de la incapacidad moral permanente para una vacancia. Landa pide al Congreso permitir el ingreso de observadores de la OEA. Y Aníbal Torres advierte: “Si Pedro Castillo cae, caemos todos”.
Mientras desde el Congreso hay voces que se esfuerzan en presentar la vacancia como un proceso con respaldo constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer un comunicado insistiendo en su preocupación por la forma como se viene aplicando en forma reiterada la figura de la incapacidad moral permanente para sacar a presidentes.
“La CIDH reitera su preocupación por el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso del Perú”, apuntan.
Esta instancia supranacional llama la atención sobre el contenido de la vacancia por incapacidad moral, que no ha sido desarrollado bien en las normas internas. “La vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional y fundarse en conductas señaladas con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso”, se lee en el comunicado.
La CIDH hace énfasis en lo abstracto que puede resultar la figura de la incapacidad moral permanente. “La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes”, precisan.
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En esa línea, la comisión interamericana insta más bien a las autoridades nacionales a definir bien esta figura, “con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de derecho”.
De hecho, en el Congreso hay proyectos de reforma constitucional que buscan replantear la figura de la incapacidad moral permanente por incapacidad mental. El mismo presidente Pedro Castillo ha enviado un proyecto con una propuesta que va en esa línea. Lo hizo durante la gestión de Mirtha Vásquez en la presidencia del Consejo de Ministros.
Sin embargo, la Comisión de Constitución del Parlamento, que preside la fujimorista Patricia Juárez, mantiene estos proyectos en la congeladora.
Observadores de la OEA
En medio de este debate sobre la vacancia presidencial, que ha concitado la atención de la comunidad internacional, el canciller César Landa ha cursado un documento al Congreso, solicitando permitir el ingreso al Hemiciclo de tres representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la sesión del lunes.
Mediante un oficio enviado a la presidenta del Congreso, María Alva, el canciller Landa informa sobre una nota generada por la Secretaría General de la OEA, solicitando se brinden las facilidades para que representantes de esta instancia presencien el debate del Pleno.
Las personas acreditadas para tal fin son Jean Michel Arrighi (secretario de asuntos jurídicos), Maricarmen Plata (secretaria de acceso a Derechos y Equidad) y Miguel Ángel Trinidad (representante de la OEA en el Perú).
El pedido ha generado la inmediata reacción y mensajes de rechazo por parte del bloque del Parlamento vinculado con los afanes golpistas.
La legisladora Norma Yarrow, de Avanza País, comentó que no existe ningún precedente sobre un pedido desde la Cancillería para que miembros de la OEA asistan al Congreso como un ente fiscalizador.
También se pronunció vía Twitter Jorge Montoya, portavoz de la bancada Renovación Popular: “Nadie puede intervenir ni siquiera como veedores en un proceso constitucional y principalmente soberano de nuestra nación como lo es la vacancia presidencial”.
El portavoz alterno de Acción Popular, José Arriola, también se pronunció en contra de la asistencia de los representantes de la OEA. “Deploro la convocatoria a la gente de la OEA”, respondió a La República, al ser preguntado sobre el tema.
El parlamentario informó que el lunes recién definirán en la Junta de Portavoces si se acepta o no el ingreso al Congreso del personal de la OEA.
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Quien no mostró su rechazo a esta opción fue Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso (APP), quien recalcó que las sesiones del Pleno son públicas.
“Pero no entiendo cuál es el recelo, la preocupación del presidente. El tema es que hay un procedimiento constitucional y él tiene que responder y tiene que aclarar, sobre todo al país, las dudas que hay sobre su conducta como presidente. Las denuncias que hay, las imputaciones, los casos de corrupción que se presentan en su gobierno no son invento de la oposición”, declaró a esta redacción.
Desde la tienda del fujimorismo, el congresista Jorge Morante calificó como “un absurdo” la convocatoria a miembros de la OEA. “(Es) una cosa bastante ilógica porque los procedimientos constitucionales se están cumpliendo escrupulosamente”, expresó.
Desde la otra orilla, la portavoz alterna de Perú Libre, Silvana Robles, expresó su respaldo a esta iniciativa del Ejecutivo de convocar a observadores internacionales. La parlamentaria comentó: “Si es un proceso transparente, no hay un problema que hayan veedores. Los golpistas no querrán porque la OEA no les dio la razón frente a su narrativa del fraude”.
“Me parecería correcto (la presencia de la OEA), para que se vea que todos los procesos que hace tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo se enmarcan en la Constitución”, respondió, por su parte, Carlos Zeballos, portavoz de Perú Democrático.
Caemos todos
En medio de la disputa política, el presidente Pedro Castillo decidió visitar ayer la provincia de Acobamba, en Huancavelica. Se trata de uno de sus bastiones electorales de la segunda vuelta. Tanto es así que Fuerza Popular interpuso recursos para intentar anular los votos de los electores de esta jurisdicción.
El mandatario encabezó el tercer consejo de ministros descentralizado. “Hay mucho por hacer, por eso es que agendamos venir a Acobamba; hemos abierto las puertas de los ministerios. No podemos dar nuestro brazo a torcer en la lucha contra la pobreza, la delincuencia y la corrupción”, expresó.
Por su parte, Aníbal Torres se refirió al proceso de vacancia al señalar: “Si Pedro Castillo cae, caemos todos, todos los pueblos del Perú. Nadie debe estar seguro (de) que si Pedro Castillo cae, alguien va a ser presidenta o presidente. Las consecuencias no las sabemos”.
Oficio enviado al congreso
Landa corre traslado del pedido de representantes de la OEA para poder ingresar al Congreso el lunes para presenciar la sesión de la vacancia.
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Promotores de la vacancia aún no tienen los 87 votos
El Congreso sesionará el lunes 28, a partir de las 3 p.m. El presidente Pedro Castillo ya adelantó que se presentará para ejercer su derecho a la defensa.
Una eventual vacancia supone un mínimo de 87 votos. Desde las bancadas promotoras de esta vacancia de momento están lejos de alcanzar esta cifra.
El legislador Enrique Wong, del partido Podemos Perú, ayer estimó que, en efecto, no se alcanzará a esta alta votación.
Desde las tiendas de Fuerza Popular y Acción Popular, los legisladores Jorge Morante y José Arriola, respectivamente, informaron que recién el lunes toman una decisión.
En el otro extremo, las bancadas oficialistas Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú tienen asegurados 44 votos contra la vacancia.
Vacancia y estabilidad democrática
Pedro P. Grández, constitucionalista
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por el uso “reiterado y discrecional” de la figura de la vacancia, un mecanismo que, al no estar debidamente delimitado, pone en permanente riesgo la estabilidad democrática y los derechos políticos de los peruanos.
Es claro que estamos ante un problema que debemos enfrentar más allá de las disputas coyunturales por el poder. La vacancia por la causal de “permanente incapacidad moral” se mantiene sin delimitación clara en sus elementos esenciales.
En el 2003, el Tribunal Constitucional (STC 0006-2003-AI/TC) advirtió que la discrecionalidad del Parlamento ni siquiera contaba con las exigencias de votación cualificada que sí se exigía en la Constitución para la destitución de otros altos cargos, como era el caso de los miembros del ex-CNM o el defensor (art. 157 y 161). En ambos casos, se exige 2/3 del número legal de congresistas. Con este símil, el TC pidió al Congreso modificar su reglamento para establecer una votación cualificada. Así ha sucedido y se han establecido también las reglas del procedimiento de vacancia (art. 89-A del reglamento).
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Pese a estos cambios, la discrecionalidad parlamentaria, cuando no la arbitrariedad, dista mucho de estar controlada. La cuestión más relevante es la regulación de la “permanente incapacidad moral”.
También sería conveniente que los partidos políticos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en términos institucionales, lleguen a algunos acuerdos luego de la votación de la moción de vacancia que ocurrirá el lunes 28/3. Creo que dos reglas se hacen imperiosas. La primera que establezca la prohibición de postular nuevos pedidos de vacancia sino hasta seis meses luego de que un pedido haya sido rechazado por el Pleno.
La segunda regla me parece más relevante aún y consiste en la necesidad de establecer la vigencia del principio non bis in idem en el procedimiento de vacancia. Esto significa que, tal como ocurre en cualquier proceso sancionatorio, unos mismos hechos no pueden habilitar dos procesos de investigación o dos sanciones.
Estas reglas garantizarían un marco mínimo de estabilidad y gobernanza, en un contexto en el que ya se empiezan a sentir las secuelas de la inestabilidad en el acceso a servicios esenciales.
Reacciones
Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso
“Si desean invitar (a la OEA), no creo que haya ningún problema, pueden estar presentes, pues son sesiones públicas, no son reservadas, no hay nada que ocultar, es un procedimiento constitucional”.
Silvana Robles, portavoz alterna de Perú Libre
“Si es un proceso transparente, no hay un problema que hayan veedores. Los golpistas no querrán porque la OEA no les dio la razón frente a su narrativa del fraude, eso es algo que no perdonarán”.
José Arriola, portavoz alterno de Acción Popular
“El día lunes va a haber Junta de Por-tavoces donde se va a evaluar si se acepta o no la presencia de los representantes de OEA. En lo personal, yo deploro la convocatoria a la gente de la OEA”.
Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular
“Nadie puede intervenir, ni siquiera como veedores, en un proceso constitucional y principalmente soberano de nuestra nación como la vacancia presidencial. Nosotros decidimos quien entra”.
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Norma Yarrow, congresista de Avanza País
“No existe ningún precedente sobre el pedido de un canciller del Perú que invite a la OEA al Pleno, como ente fiscalizador de un proceso (de vacancia) que se rige a la Constitución de Perú”.
