Política

Poder Judicial incauta buque del derrame de petróleo

Caso. Segunda instancia confirma fallo del juzgado de Ventanilla. Capitán de la nave ahora pasa a estar en condición de investigado.

Alerta. Nave Mare Doricum permanece anclada en el mar mientras se realizan las indagaciones y se determinan las responsabilidades en este ecocidio. Foto: difusión
Alerta. Nave Mare Doricum permanece anclada en el mar mientras se realizan las indagaciones y se determinan las responsabilidades en este ecocidio. Foto: difusión

Una sala judicial del distrito de Ventanilla, en el Callao, ratificó que el buque que derramó petróleo en el mar colindante con esa zona en enero último quede incautado, como había dispuesto un juzgado a pedido de la Fiscalía de Delitos Ambientales que investiga este caso.

Como se recuerda, el derrame de petróleo ocurrió el 15 de enero pasado, cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba combustible a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera la empresa española Repsol, en el distrito de Ventanilla, en el Callao.

Luego de este derrame, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Lima Noroeste inició investigación por delito de contaminación ambiental contra directivos de Repsol, entre ellos su director ejecutivo en el Perú, Jaime Fernández-Cuesta.

A fines de enero, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Ventanilla dispuso la incautación del buque italiano Mare Doricum, que derramó el petróleo, como había solicitado la Fiscalía de Delitos Ambientales a cargo del caso.

La incautación se autorizó pese a que la empresa propietaria del buque puso una carta de garantía de 74 millones de dólares. Esto fue por la necesidad de que se hagan algunas pericias.

Sin embargo, los abogados de los investigados apelaron la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Ventanilla. Entonces, la incautación quedó pendiente de una nueva resolución ya en segunda instancia judicial.

El último miércoles 16, la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la incautación dispuesta por la primera instancia judicial. Esta sala judicial es integrada por los jueces superiores Olga Inga Mihue –que la preside–, Christian Hernández Alarcón y Doris Rodríguez Alarcón.

Los abogados de la empresa dueña de la embarcación habían cuestionado la incautación alegando que el buque no pertenece a los investigados, entre otros argumentos del recurso.

La sala aclaró que “nuestro ordenamiento procesal permite la incautación con finalidad instrumental de un bien que no se encuentre a nombre del inculpado. Por ello garantiza la presencia del propietario que no es imputado en las audiencias en las que se decide la incautación, para ejercer sus derechos y oponerse a la medida”.

“(...) el buque Mare Doricum tiene relación con el hecho del derrame del petróleo, razón por la cual se han dispuesto pericias que deben realizarse. Por lo que siendo el fin de la incautación materia de apelación instrumental, no es de recibo la alegación de la defensa sobre la necesaria condición de ser investigado para la incautación”, dicen los jueces superiores.

El buque permanece fondeado en el mar de Ventanilla.

Esta situación se suma a la reciente incorporación como investigado, en este proceso, del capitán del buque Mare Doricum, el italiano Giacomo Pisani, por delito ambiental.

A fines de enero, Pisani dio a las autoridades cartas de protesta que dirigió a los responsables de la refinería en las que consigna que la empresa le ocultó la verdadera magnitud del desastre y que además pretendieron atribuirle la fuga de hidrocarburos.

Capitán. Italiano Pisani ahora también es investigado. Foto: difusión

Capitán. Italiano Pisani ahora también es investigado. Foto: difusión

OEFA sanciona a La Pampilla

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició procedimiento administrativo sancionador contra la refinería La Pampilla, que opera Repsol, “por la supuesta remisión de información falsa” en el informe preliminar del derrame de petróleo del 15 de enero.

El procedimiento se inicia “para determinar si existe responsabilidad administrativa por el incumplimiento de una obligación ambiental”.