Jóvenes venezolanas fueron sentenciadas a 10 años de cárcel por estampar caída de estatua de Hugo Chávez en camisetas
Dos jóvenes venezolanas fueron condenadas a 10 años de prisión por estampar una camiseta con la imagen de la caída de la estatua de Hugo Chávez, tras ser engañadas por funcionarios policiales que montaron un caso en su contra.
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El caso de Génesis Gabriela Pabón y Rocío Del Mar Rodríguez, dos jóvenes emprendedoras venezolanas, ha captado la atención internacional debido a su condena de 10 años de prisión. Las jóvenes fueron acusadas de "incitación al odio" tras ser engañadas por funcionarios policiales que las contrataron para realizar camisetas con la imagen de la caída de la estatua de Hugo Chávez, un evento simbólico cargado de significado político en Venezuela.
El 16 de agosto de 2024, las dos jóvenes fueron arrestadas en su propio negocio en El Vigía, estado Mérida, después de cumplir con un pedido realizado por personas que, en apariencia, querían franelas con una imagen relacionada con la caída de la estatua de Hugo Chávez. La venta de estas camisetas, inicialmente una oportunidad económica para las jóvenes, se convirtió en un episodio judicial que cuestiona la libertad de expresión y el abuso de poder por parte de las autoridades.
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¿Cómo fue la contratación falsa de las jóvenes para estampar la caída de Hugo Chávez?
El origen de la condena de Pabón y Rodríguez está en una contratación falsa orquestada por funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). La historia comenzó cuando un joven contactó a Rocío Del Mar Rodríguez a través de Facebook, pidiéndole que estampara camisetas con una imagen de la caída de la estatua de Hugo Chávez. El pedido parecía legítimo, y el joven pagó 45 dólares por las camisetas. Sin embargo, lo que las jóvenes no sabían era que los clientes eran, en realidad, funcionarios policiales vestidos de civil.
A través de esta falsa transacción, los funcionarios montaron un caso en su contra. Aunque el pedido fue realizado por un individuo aparentemente común, los agentes de seguridad lo usaron como pretexto para acusar a las jóvenes de incitar al odio, basándose en la imagen de la estatua caída. Una vez las camisetas estuvieron listas, los mismos funcionarios llegaron al local, incautaron las prendas y procedieron a la detención de las emprendedoras.
¿Qué delitos se les imputa a las jóvenes venezolanas?
Las jóvenes enfrentaron serias acusaciones que incluyen "incitación al odio" bajo la Ley Contra el Odio, así como "traición a la patria" y "terrorismo". La Ley Contra el Odio, promulgada en el gobierno de Nicolás Maduro, se utiliza como herramienta para censurar a quienes se perciben como una amenaza para el régimen. A pesar de la falta de evidencia concreta de que las jóvenes tuviesen intenciones políticas al estampar las camisetas, el tribunal las sentenció a 10 años de prisión. Este tipo de cargos ha sido utilizado en Venezuela para criminalizar el disenso y limitar la libertad de expresión.
Los abogados de las jóvenes argumentaron que el único "delito" de Pabón y Rodríguez fue la falta de experiencia al aceptar un pedido sin conocer las verdaderas intenciones de los funcionarios que se hicieron pasar por clientes. Según su testimonio, nunca hubo una publicación pública de las camisetas en su página de Facebook, y la contratación fue un engaño deliberado.
¿Quiénes fueron los funcionarios venezolanos involucrados en el caso?
El caso de las jóvenes se vio profundamente vinculado a funcionarios del SEBIN, quienes, según informes, estuvieron involucrados no solo en la detención, sino también en la fabricación del caso en su contra. Entre los nombres clave, se encuentran el Comisario Jefe Jairo Pernía, Coordinador de la División de Investigación Penal de Mérida, y los Inspectores Yunior Marquina, Richard Blanco, y Ronald Parra, quienes fueron los encargados de arrestar a las jóvenes.
En un giro irónico, varios de estos funcionarios posteriormente fueron detenidos por su implicación en otro delito: la fuga de un ex alcalde de Mérida, Abraham Hayon Chocrón. La fuga de Chocrón, quien llevaba más de 50 días detenido, dejó al descubierto más irregularidades dentro de las fuerzas de seguridad y elevó las sospechas sobre el uso del poder para intereses personales.
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