Justicia argentina ordena al Gobierno de Milei aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario
La administración de Milei anunció que apelará la sentencia ante la Cámara por lo que la disputa sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario continuará ahora en una nueva instancia judicial.
La República en GoogleLa Justicia argentina ordenó al Gobierno de Javier Milei aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, luego de declarar inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que había condicionado su ejecución. La decisión estuvo a cargo del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de una acción colectiva impulsada por universidades y docentes. Su fallo anuló la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”, utilizada por el Poder Ejecutivo para mantener suspendida la aplicación de la norma.
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Deben reglamentar la ley de inmediato
Cormick ordenó al Poder Ejecutivo dictar las disposiciones reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.795. La resolución sostiene que, tras el rechazo del veto presidencial por dos tercios de ambas cámaras, el Gobierno debía promulgar la norma sin establecer condiciones que impidieran su ejecución.
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El decreto cuestionado había vinculado la aplicación de la legislación con la definición de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas al presupuesto nacional. Para el juez, ese mecanismo terminó por bloquear una norma ratificada por el Congreso.
La sentencia también señaló que la propia ley contempla herramientas para financiar sus medidas. El artículo 9 permite reasignar partidas sin afectar la coparticipación de las provincias y emplear ingresos corrientes superiores a los previstos en el presupuesto. Cormick calificó la fórmula utilizada por el Ejecutivo como un “mecanismo extraconstitucional”.
La Ley de Financiamiento Universitario establece la recomposición del presupuesto de las universidades públicas, actualizaciones para los salarios docentes y no docentes y mejoras en las becas universitarias. También contempla recursos destinados a investigación, infraestructura, equipamiento, tecnología y extensión.
Universidades convocan una nueva marcha federal
El conflicto por el financiamiento universitario continúa en las calles. El 15 de octubre está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
La movilización reclamará el cumplimiento de la Ley 27.795, una recomposición salarial para trabajadores docentes y no docentes y mayores recursos enfocados a las instituciones. La protesta tendrá lugar mientras avanza el debate sobre el presupuesto 2027.
El expediente judicial también incorporó los acuerdos alcanzados el 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios. Allí se estableció una actualización salarial de 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales a hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Gobierno de Milei apelará la medida
El Gobierno argentino anticipó que apelará el fallo de primera instancia ante la Cámara del fuero. La decisión abre una nueva etapa judicial dentro de la disputa por la aplicación de la normativa universitaria.
El conflicto comenzó en 2025, cuando Milei negó mediante el decreto 647/2025 la Ley 27.795. Diputados y el Senado rechazaron el veto con las mayorías exigidas por la Constitución y el Ejecutivo promulgó después la norma mediante el decreto 759/2025, aunque incorporó la condición que ahora fue anulada por la Justicia.
Cormick también recordó que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la ley para 2025 representaba el 0,23% del PBI. Además, cuestionó el argumento oficial sobre la falta de recursos y sostuvo que el decreto no superaba un “test mínimo de razonabilidad”.
