Milei llevará al Reino Unido a un arbitraje internacional por un proyecto petrolero cerca de las islas Malvinas
Argentina exigió a Londres detener las actividades vinculadas con Sea Lion en un plazo de 14 días y advirtió que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido mantiene el proyecto.
La República en GoogleEl presidente de Argentina, Javier Milei, instruyó a la Cancillería de su país y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las islas Malvinas. Buenos Aires busca impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y preservar los derechos que reclama con respecto a su plataforma continental.
El procedimiento se ampara en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Ejecutivo argentino intimó a Londres a detener las actividades en un plazo de 14 días. Si no cumple, anunció que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X.
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Sea Lion prevé extraer petróleo desde 2028
El proyecto Sea Lion, desarrollado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, contempla la extracción de crudo a partir de 2028. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, en una zona cuya soberanía es reclamada por Argentina y que permanece bajo administración británica.
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La disputa petrolera forma parte de la exigencia por la soberanía Malvinas. El Gobierno de Milei sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona afecta los derechos que Argentina reivindica sobre la plataforma continental argentina.
En las últimas semanas, la Casa Rosada amplió las acciones contra compañías vinculadas con labores hidrocarburíferas en el área. La Cancillería argentina envió advertencias a empresas e inversores, abrió procedimientos administrativos y presentó denuncias judiciales hacia firmas vinculadas con la exploración.
El Ejecutivo también informó sobre procedimientos contra Thales UK Limited por operaciones aéreas entre las islas y Punta Arenas, Chile, que, según la versión oficial argentina, se realizaron sin autorización de sus autoridades.
Londres defiende la explotación de recursos
El Reino Unido rechazó los reclamos argentinos y defendió el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales. Tras el planteo de Milei ante la ONU, Londres calificó los intentos argentinos de impedir la actividad petrolera como un ejercicio de jurisdicción extraterritorial que considera incompatible con el derecho internacional.
Argentina sostiene que existe una disputa de soberanía sobre el archipiélago y reclama la reanudación de negociaciones con Londres. Milei volvió a plantear esa posición ante la Asamblea General de Naciones Unidas y advirtió sobre consecuencias para las compañías que exploten recursos sin autorización.
El Gobierno británico, por su parte, mantiene que la legislación argentina no se aplica en las islas y respalda el desarrollo de sus recursos. La disputa se remonta a la ocupación británica de 1833 y tuvo un conflicto armado en 1982.
Tensión con Chile por vuelos y negocios
La estrategia argentina también abrió un frente con Chile por la actividad comercial entre Punta Arenas y las islas. En paralelo al anuncio del arbitraje, el Gobierno de Milei cuestionó vuelos de Thales UK Limited y ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
El canciller Pablo Quirno descartó una ruptura con Santiago y afirmó que la relación con el Gobierno de José Antonio Kast es “muy fluida” e “intensa”. También recordó el compromiso bilateral para que Chile no facilite apoyo logístico a la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
La tensión coincidió con el Punta Arenas Business Showroom, encuentro que reunió a empresarios de las islas y proveedores de la región de Magallanes. Quirno sostuvo que Argentina seguirá “monitoreando la situación” y actuará dentro de su espacio jurídico, legal y diplomático.
