Argentina continúa su lucha por las Malvinas y denuncia penalmente a empresa israelí Navitas en el territorio
La denuncia penal busca extender la responsabilidad a ejecutivos que hayan participado en las operaciones de exploración en las islas Malvinas. Se considera que están infringiendo la legislación nacional en una zona en reclamo de soberanía.
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El Gobierno de Javier Milei elevó la disputa por los recursos energéticos de las Islas Malvinas al terreno judicial. Argentina presentó una denuncia penal contra cinco empresas relacionadas con la exploración de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte, al considerar que sus operaciones se realizan sin autorización argentina y bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.
La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. El Ejecutivo también pretende extender la responsabilidad a accionistas, directivos, administradores y representantes que hayan intervenido en las actividades investigadas.
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El Gobierno argentino sostiene que las compañías están infringiendo la legislación nacional al desarrollar proyectos hidrocarburíferos en un área cuya soberanía reclama Buenos Aires. La normativa vigente desde 2011 contempla sanciones que pueden incluir hasta 15 años de prisión y 20 años de inhabilitación para quienes realicen este tipo de operaciones sin autorización del Estado argentino.
La denuncia fue presentada por la vía penal y se suma a la decisión de Milei de impulsar una reforma para endurecer las sanciones contra las empresas que participen en actividades energéticas en las islas sin el aval de Argentina.
El proyecto que está en el centro del conflicto
La disputa tiene como principal escenario al proyecto Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. Navitas controla el 65% de la iniciativa y participa junto a la británica Rockhopper, que posee el 35%.
El proyecto se encuentra en fase de desarrollo y las compañías prevén comenzar la producción de petróleo en marzo de 2028. Para Buenos Aires, esa perspectiva convierte la explotación de los recursos del Atlántico Sur en un asunto que trasciende la actividad empresarial y se vincula directamente con su reclamo de soberanía.
Argentina ya había tomado medidas contra ambas compañías. Rockhopper fue sancionada en 2013 con una inhabilitación de 20 años para operar en territorio argentino, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022.
La nueva denuncia se produce después de que el Gobierno anunciara una investigación sobre otras 45 empresas para determinar si participan en proyectos de exploración de hidrocarburos en las islas.
Más presión sobre el Atlántico Sur
La estrategia de Milei no se limita a la vía judicial. El Gobierno también anunció recursos presupuestarios para retomar la construcción de una base naval en Ushuaia, en Tierra del Fuego.
La iniciativa, planteada originalmente en 2022, es presentada por el Ejecutivo como un proyecto logístico destinado a reforzar la presencia estatal y proteger los recursos argentinos, no como una preparación para un conflicto militar.
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