América Latina se inclina hacia la derecha: las razones del cambio ideológico y la importancia de Estados Unidos en este fenómeno

El aparente regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo en Perú forma parte de un panorama más amplio en América Latina, región que ingresa en una nueva fase de reconfiguración política caracterizada por el avance de gobiernos y candidaturas de una ideología en particular. Este fenómeno revela una tendencia regional: el fortalecimiento de la derecha política, en contraste con el desgaste de proyectos progresistas que dominaron buena parte de la última década bajo la denominada 'marea rosa'.

Este movimiento, que tuvo sus inicios a finales de los años noventa y cobró relevancia con la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, terminó acumulando casos de corrupción y parece mostrar sus últimos rezagos en lo que queda del mandato de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil —país que tendrá elecciones en octubre de este año— y en la administración de Claudia Sheinbaum en México. Su pérdida de presencia en el mapa geopolítico se da ante la aparente falta de eficacia de medidas como el combate a la desigualdad social y el desaprovechamiento del auge de las materias primas en los años 2000.

Sin embargo, este giro no puede explicarse solo por estas causas. Por el contrario, responde a una combinación de factores internos —como la inseguridad ciudadana y el desgaste institucional— y externos, entre los que la figura del presidente Donald Trump se erige como un actor relevante.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano reforzó su influencia en la región. Un ejemplo cercano a Perú es lo que sucede en Colombia, país que atraviesa una segunda vuelta presidencial el 21 de junio, donde Trump intervino al expresar su respaldo al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

Mediante su cuenta en Truth Social, el presidente de Estados Unidos elogió al postulante y señaló que un eventual triunfo suyo implicaría mejoras en distintos ámbitos. Trump afirmó que De la Espriella "mejorará la economía, creará empleos, promoverá el comercio, detendrá la inmigración ilegal, combatirá el crimen y las drogas". Asimismo, descalificó a su contendiente oficialista Iván Cepeda, a quien calificó como "un marxista de izquierda radical".

En esa misma línea, Henning Suhr, jefe del Programa Regional del Diálogo Partidista y Democracia en Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, sostiene que el actual escenario responde a un cambio estructural en la región. Suhr afirma que "el fin del dominio de los gobiernos de izquierda" no solo surgió, sino que ahora cobra un "impulso adicional" como resultado de la nueva política de la administración Trump hacia América Latina.

Cabe recordar que esta no es la primera elección de la región en la que el líder estadounidense se inmiscuye. Sucedió anteriormente con Nasry Asfura, ahora presidente de Honduras, y parece que tiene planes de hacer lo mismo en Brasil, donde mostró su respaldo a Flavio Bolsonaro, el nuevo representante de la derecha para los próximos comicios y también hijo del expresidente Jair Bolsonaro, figura política cercana al republicano.

Esta presencia estadounidense reabre el debate sobre una reinterpretación contemporánea de la doctrina Monroe, rebautizada como 'doctrina Donroe', en referencia a la combinación de Donald y Monroe. Según Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, esta estrategia refleja la intención de la Casa Blanca de mantener a América Latina dentro de su esfera de influencia.

Shifter sostiene que esta visión busca contrarrestar la presencia de otros actores globales, como China y Europa. En sus palabras, "es difícil recordar un tiempo en el que pasaran tantas cosas en la región", señaló el experto en declaraciones a El País.

La reacción de América Latina frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela del 3 de enero evidenció una profunda división política en la región. Mientras gobiernos progresistas como los de Lula y Sheinbaum insistieron en el respeto al derecho internacional y la no intervención, sectores alineados con la nueva derecha regional —como el presidente Javier Milei— celebraron la ofensiva como una acción necesaria para enfrentar el crimen organizado.

Factores internos para un cambio regional no homogéneo

Pese al factor internacional, América Latina no atraviesa un giro ideológico uniforme. Los cambios políticos se han dado de manera paulatina y en busca de solucionar las distintas dificultades de cada país. Mientras algunos electores optaron por fuerzas tradicionales, otros respaldaron liderazgos radicales con agendas centradas en seguridad, orden público y control económico.

La inseguridad es uno de los principales motores de este cambio. El avance del crimen organizado y el narcotráfico, sumado a la percepción de debilidad estatal, ha fortalecido propuestas de mano dura y ha llevado a que parte del electorado reoriente su voto hacia estas opciones.

"Un país como Ecuador, donde el crimen aumentó vertiginosamente desde 2020, muestra un voto de castigo hacia cualquier gobernante anterior", advierte Adam Isacson, director de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Isacson añade que, en este contexto, "si un candidato viene con promesas de mano dura, de dar resultados muy rápidos en el corto plazo, incluso están dispuestos a sacrificar muchos de sus derechos o parte de la democracia para lograrlo".

Este fenómeno no es exclusivo de Quito. En El Salvador, desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019, diversas organizaciones señalaron que su gobierno implementó medidas que derivaron en la vulneración de derechos humanos bajo la premisa de un combate directo contra las pandillas.

Según explicó el especialista en declaraciones para N+, pese a estas denuncias, la ciudadanía respalda este modelo ante la promesa de resultados inmediatos en materia de seguridad. El experto señala que "la izquierda tiene propuestas como la reforma judicial, policial y del sistema penitenciario, pero son políticas que no rinden resultados sino hasta después de varios años".

Argentina, por su parte, se desvinculó de la corriente progresista con la llegada de Javier Milei en 2023. Su gobierno promovió la liberalización económica y un discurso de ruptura con el modelo tradicional. Su triunfo electoral no solo reflejó una adhesión al ideario libertario, sino también el agotamiento de una parte importante de la población frente a años de inflación y crisis económica.

Pérdida de confianza institucional y disputas internas

No obstante, hasta el momento, el cambio político no implicó una solución automática a los problemas estructurales. En Argentina, el gobierno aplicó un fuerte ajuste fiscal con el objetivo de reducir la inflación y el déficit.

Aunque el Indec registró una caída posterior de la pobreza a 28,2% en el segundo semestre de 2025, el proceso estuvo acompañado por protestas relevantes, como las movilizaciones universitarias de octubre de 2024, las protestas de jubilados de marzo de 2025 y las huelgas contra las reformas laborales de diciembre de 2025. También se registran investigaciones judiciales en curso, como el caso de la criptomoneda $LIBRA, las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad y el caso reciente de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete.

Por su parte, la administración de Noboa enfrentó protestas contra la eliminación de los subsidios al diésel en 2025, con la participación de organizaciones indígenas, sindicales y campesinas, además de estados de excepción limitados y la revisión constitucional de algunas medidas. En el referéndum de noviembre de 2025, todas las propuestas del Ejecutivo fueron rechazadas por el electorado. Además, en junio de 2026, se presentaron solicitudes formales ante el Consejo Nacional Electoral para iniciar un proceso de revocatoria de mandato, impulsadas por actores sociales como Leonidas Iza. Este proceso se encuentra en una fase inicial: aún no se han reunido las firmas ni se ha activado una votación.

En Paraguay, durante el gobierno de Santiago Peña, se registraron protestas en septiembre de 2025 encabezadas por colectivos juveniles contra la corrupción y la falta de servicios públicos, sin que ello derivara en una crisis institucional. En Chile, el gobierno de José Antonio Kast enfrentó protestas vinculadas a recortes fiscales, alzas de los combustibles y ajustes en la educación, en un contexto de restricciones presupuestarias oficiales, lo que generó tensiones sociales durante las primeras etapas de su mandato.

En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz eliminó los subsidios a los combustibles en diciembre de 2025, lo que provocó protestas multisectoriales con bloqueos, detenciones y víctimas fatales, según reportes periodísticos locales. Estas movilizaciones involucraron a sindicatos, transportistas y organizaciones campesinas, y reflejaron un fuerte conflicto distributivo en torno al ajuste económico.

A partir de las protestas de diferentes colectivos y sindicatos en la región, se considera que la extrema derecha intenta decidir qué aprender y qué callar con una agenda en contra de los derechos culturales y reproductivos de las mujeres, entre otros temas. "Esta ofensiva en contra de los derechos sexuales y (no) reproductivos, es parte de una agenda política que busca deslegitimar el feminismo, vaciar políticas públicas y reordenar jerarquías de género", asegura en Argentina Agostina Copetti, becaria doctoral del Conicet en el Instituto de Estudios sobre Derechos, Justicia y Sociedad (Idejus).