Rodrigo Paz decreta estado de excepción en toda Bolivia tras 50 días de bloqueos y protestas que exigen su renuncia
Paz acusó a sectores afines a Evo Morales de promover una estrategia de desestabilización y aseguró que quienes desafíen el orden constitucional enfrentarán consecuencias legales.
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El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo Bolivia por un periodo de 90 días tras más de siete semanas de bloqueos de carreteras y protestas impulsadas por sectores campesinos e indígenas afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la salida del mandatario. La medida fue anunciada durante un mensaje televisado en la madrugada del sábado, después de que el Gobierno afirmara haber agotado todas las instancias de diálogo.
Paz justificó la decisión al señalar que existe una estrategia de desestabilización contra el orden democrático. Rodeado por su gabinete, aseguró que el país enfrenta “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo” y sostuvo que el objetivo de la medida excepcional es recuperar la libre circulación y garantizar la seguridad de la población. “El estado de excepción no se decreta para proteger al presidente ni a su gobierno; se decreta para proteger la democracia y la vida”, afirmó.
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Militares y policías salen a liberar carreteras bloqueadas
Como parte de la disposición, Rodrigo Paz instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a ejecutar acciones con el fin de restablecer el tránsito en las principales rutas de la nación. El decreto contempla el despliegue de efectivos orientados a tareas de control interno, seguridad pública y recuperación de las vías de tránsito ocupadas por manifestantes.
Entre las principales medidas figuran la suspensión temporal de derechos de circulación y locomoción, la prohibición de bloqueos en rutas urbanas, rurales, departamentales e internacionales, así como restricciones a reuniones masivas sin autorización gubernamental. Además, los uniformados podrán instalar puestos de control y custodiar infraestructura estratégica como aeropuertos, hospitales, plantas energéticas y sistemas de telecomunicaciones.
El mandatario también lanzó una advertencia a quienes continúan con las protestas. “Aún están a tiempo de desistir voluntariamente. Si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo siempre estarán abiertas”, expresó. No obstante, remarcó que quienes desafíen el orden constitucional deberán asumir las consecuencias legales correspondientes.
La COB finaliza reclamos tras acuerdo con Paz
Horas antes de la declaratoria, el Gobierno alcanzó un trato con la Central Obrera Boliviana (COB), considerada la principal organización sindical del país. El entendimiento fue firmado por Rodrigo Paz y el dirigente minero Mario Argollo después de una reunión entre representantes sindicales y ministros de Estado.
Luego de la firma, Argollo anunció el levantamiento de las medidas de presión promovidas por la COB a nivel nacional. El dirigente explicó que el pacto establece plazos de 90 días para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo y contempla la instalación de mesas de trabajo desde la próxima semana.
Uno de los puntos centrales incluye gestiones que permitan la liberación de manifestantes detenidos durante las movilizaciones. Argollo defendió la concertación y pidió a otros sectores sumarse a una salida negociada. “Acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más”, manifestó.
El costo económico y humano de la crisis boliviana
A pesar del entendimiento con la COB, la Federación de Campesinos de La Paz y grupos afines a Evo Morales mantienen los bloqueos iniciados a comienzos de mayo. Estas organizaciones rechazan dialogar con el Ejecutivo y continúan exigiendo la renuncia presidencial.
La prolongada crisis provocó severas consecuencias en distintas regiones. Según los datos difundidos por las autoridades, las interrupciones en las carreteras ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Además, el conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 perdieron la vida por falta de atención médica oportuna debido a las restricciones en el transporte.
El impacto económico también fue significativo. El Gobierno estimó pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares durante las semanas de movilizaciones. Ante este escenario, Paz anunció la creación de una comisión especial para las provincias de La Paz y convocó a un acuerdo nacional con participación de autoridades, universidades, sectores productivos, trabajadores y organizaciones sociales con el objetivo de buscar soluciones de largo plazo.
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