Régimen de Ortega restringe la libertad religiosa en Nicaragua al prohibir procesiones de Semana Santa
La medida ha generado críticas internacionales, especialmente desde Estados Unidos, que cuestiona el respeto a los derechos fundamentales.
La República en GoogleMiles de fieles participaron en las actividades de Semana Santa bajo estrictas limitaciones, luego de que el Ejecutivo prohibiera las procesiones en la vía pública. Las ceremonias se desarrollaron únicamente en atrios y espacios internos de templos, una medida que ha sido cuestionada internacionalmente por su impacto en la libertad de culto.
En Managua, el viacrucis fue realizado en los jardines de la catedral y en áreas cercadas, con presencia policial. Según asistentes, la actividad se llevó a cabo en un ambiente vigilado, mientras que el cardenal Leopoldo Brenes estimó una concurrencia superior a 25.000 personas, de acuerdo con medios oficialistas.
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Críticas internacionales
Desde Estados Unidos, el subsecretario de Estado Christopher Landau señaló en la red social X que “la dictadura Ortega-Murillo niega al pueblo de Nicaragua el derecho a profesar su fe”. La declaración elevó la tensión diplomática en torno a las restricciones impuestas durante estas fechas religiosas.
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En respuesta, la administración encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó “categóricamente las acusaciones perversas” y “falsas” provenientes de Washington. Murillo, además, sostuvo que la masiva asistencia a templos desmiente a quienes “tergiversan” la situación y criticó a religiosos “que se dicen pastores”, pero de “sus almas o de su boca” salen “sapos y culebras”.
Un conflicto prolongado con la Iglesia católica
La abogada y especialista en temas eclesiásticos Martha Patricia Molina, actualmente en el exilio, señaló que más de 400 parroquias permanecen “confinadas”, junto a numerosas capillas que operan bajo restricciones similares. Esta situación refleja el deterioro de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.
El oficialismo acusa a la institución religiosa de haber respaldado las protestas de 2018, consideradas por el gobierno como un intento de golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. La represión de esas manifestaciones dejó más de 300 fallecidos, según la ONU, y provocó el exilio de miles de ciudadanos, incluidos dirigentes políticos, periodistas y líderes sociales, muchos de los cuales fueron despojados de su nacionalidad y bienes.
Expulsiones y control religioso en aumento
En los últimos años, las autoridades han intensificado las medidas contra representantes eclesiásticos. Cientos de sacerdotes han sido expulsados del país, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera, en 2024.
La prohibición de manifestaciones públicas, incluidas las expresiones de fe, se mantiene desde hace cuatro años, consolidando un escenario en el que las celebraciones religiosas se desarrollan bajo supervisión estatal y con severas limitaciones en el espacio público.
