"Nadie está por encima de la ley": América Latina condena a 3 exmandatarios en lo que va del 2025

América Latina se ha caracterizado en los últimos años por estar marcada con escándalos políticos que han involucrado desde autoridades locales hasta jefes de Estado. Solo en lo que va del 2025, tres exmandatarios sudamericanos han pasado de sentarse en el sillón presidencial al de los acusados y condenados: Ollanta Humala (Perú), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) y Álvaro Uribe (Colombia). 

Las sentencias, dictadas en contextos políticos diferentes, han expuesto casos de presuntos lavados de activos, corrupción y soborno en la gestión pública, además de las tensiones entre la justicia y poder político en la región. 

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Mientras para la politóloga Katherine Zegarra, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el problema de la corrupción en América Latina trasciende las ideologías, para la analista argentina Ana Natalucci el foco debe ponerse en el rol y la credibilidad del Poder Judicial.

Zegarra sostiene que “los líderes latinoamericanos, sin importar si son de derecha o izquierda, lamentablemente comparten la corrupción” y que este patrón se repite en varios países, al punto que “es atípico encontrar a un líder que no se haya visto involucrado en estos temas”. En su análisis, las recientes sentencias contra expresidentes tienen un doble impacto: por un lado, “es una señal positiva para la ciudadanía y para los líderes políticos el hecho de que saben que se enfrentarán a la cárcel si cometen actos de corrupción”; pero, por otro, “genera desconfianza por parte de los ciudadanos respecto a quiénes acceden al poder”, dañando la legitimidad institucional.

En cambio, Natalucci advierte que, más allá de la corrupción, “lo que queda mal posicionado es el Poder Judicial por una intromisión excesiva en cuestiones que son de índole política y no jurídica”. Según explica, este poder “no responde a los gobiernos de turno, sino a ciertos grupos económicos” con los que mantiene una relación histórica. La académica denuncia una “selectividad judicial”, ejemplificando con el caso “Libra” que involucra al presidente argentino Javier Milei: “Fue una estafa multimillonaria… pero la investigación no está prosperando. Ahí hay impunidad como hubo para otros funcionarios”.

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Si para Zegarra es “muy importante que la justicia actúe de manera independiente” y que se aplique “por igual a todos”, Natalucci considera que la imparcialidad está en entredicho. En el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, observa dos bloques: uno que celebró la sentencia por afinidad económica con grupos concentrados, y otro que la rechazó por considerarla una intromisión judicial. “Esa causa de vialidad tiene muchos vicios en términos legales… El fiscal de la causa, Luciani, se sabe que es amigo íntimo de Mauricio Macri”, cuestionó.

En cuanto a las salidas posibles, Zegarra defiende que “más que un líder fuerte, se requieren instituciones fuertes” que prevengan e inhiban actos de corrupción. Natalucci, por su parte, reclama “dirigentes que se animen efectivamente a hacer cambios estructurales y que respondan a sus votantes” y advierte que el debate pendiente pasa por reformas judiciales y la independencia económica. “Estamos en un momento donde hay que discutir cosas profundas del sistema democrático”, concluyó.

Por su parte, Juan Negri, politólogo y director de Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, afirmó que las condenas a expresidentes y políticos latinoamericanos “tienen dos caras”: son una señal saludable de que nadie está por encima de la ley y refuerzan el papel del periodismo y las instituciones judiciales, pero también generan una crisis de legitimidad que alimenta la percepción de corrupción, el sentimiento antipolítico y la aparición de outsiders.

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El especialista advirtió que estos procesos suelen dañar gravemente a los partidos tradicionales y profundizar la desconfianza ciudadana. Para enfrentar este escenario, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, la independencia judicial y contar con una prensa libre, a fin de prevenir la corrupción y estabilizar el sistema político en la región.

Para la politologa colombiana Daniela Castillo la creciente judicialización de la política en América Latina está provocando un deterioro en la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. “No se trata únicamente de las condenas, sino de cómo se utilizan los procesos judiciales como armas políticas”, señaló.

Castillo explicó que la percepción pública varía según el contexto y la figura involucrada. “Cuando un expresidente es condenado, para algunos es un acto de justicia; para otros, es una confirmación de que la justicia está politizada”, afirmó. Según la especialista, este fenómeno se intensifica cuando los fallos judiciales coinciden con ciclos electorales o disputas internas de poder.

Por ello, sotiene que la solución pasa por fortalecer los mecanismos de independencia judicial y garantizar que los procesos sean transparentes. “Si no se cortan los vínculos entre justicia y poder político, seguiremos viendo un círculo de acusaciones, condenas y apelaciones que no resuelven los problemas de fondo”, concluyó.

El caso Ollanta Humala y otros

El expresidente Ollanta Humala fue condenado el 15 de abril de 2025 a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, tras un proceso de más de tres años en el que se determinó que recibió aportes ilegales de la constructora Odebrecht para su campaña de 2011 y de Venezuela para la de 2006. La jueza Nayko Coronado leyó el fallo de primera instancia; Humala, de 62 años, fue detenido al término de la audiencia y recluido en un penal dentro de una base policial en el este de Lima. Su defensa apeló la sentencia. Su esposa, Nadine Heredia, recibió la misma pena de 15 años. No acudió a la lectura del fallo. Se asiló en Brasil. 

La fiscalía había pedido penas mayores (20 años para Humala y 26 para Heredia) y acusó a la pareja de ocultar tres millones de dólares provenientes de Odebrecht y transferencias vinculadas al gobierno venezolano.

El caso forma parte del escándalo regional de Odebrecht que salpicó a varios exmandatarios peruanos: Alejandro Toledo fue condenado en octubre de 2024, Alan García se suicidó en 2019 antes de ser detenido, y Pedro Pablo Kuczynski sigue bajo investigación.

Además, el expresidente Pedro Castillo fue detenido y está siendo procesado por el intento de golpe de Estado en que incurrió en diciembre del 2022.

El caso Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y exvicepresidenta argentina, fue condenada en junio de 2025 a seis años de prisión bajo el régimen de arresto domiciliario e inhabilitación política perpetua, luego de que la Corte Suprema confirmara el fallo emitido en 2022 por la “causa Vialidad”.

El tribunal la halló culpable de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante sus mandatos (2007-2015). La decisión truncó su candidatura a diputada para las elecciones de septiembre y cerró cualquier posibilidad de ocupar cargos electivos.

La ratificación de la condena provocó protestas masivas frente a su domicilio en Buenos Aires y en otras ciudades, con participación de organizaciones sociales, sindicatos y militantes peronistas. La defensa denunció parcialidad judicial, mientras sus seguidores la consideraron víctima de persecución política. Kirchner quedó autorizada a recibir visitas limitadas bajo monitoreo electrónico, y el beneficio de la prisión domiciliaria se le concedió por su edad y razones de seguridad tras el intento de atentado que sufrió en 2022.

El fallo alteró el escenario político argentino: dentro del peronismo, su detención fue vista como un factor de cohesión interna, mientras que entre los partidarios del presidente Javier Milei reforzó la imagen de un gobierno decidido a “cerrar el capítulo kirchnerista”. 

El caso Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe fue sentenciado hace unos días en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal, tras ser hallado culpable de manipular testigos y obstruir la justicia para desvincularse de supuestos vínculos con los paramilitares. La jueza Sandra Heredia declaró la aplicación inmediata de la pena y también le impuso más de ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a unos 837.000 dólares; Uribe cumple desde entonces prisión domiciliaria en Rionegro.

La causa se remonta a 2012, cuando el exmandatario demandó al senador Iván Cepeda. En 2018, la Corte Suprema amplió la investigación hacia el expresidente y, dos años después, Uribe renunció al Senado, perdiendo sus fueros y trasladando el caso a la justicia ordinaria. Durante la audiencia, la magistrada fijó plazo hasta el 13 de agosto para que la defensa presente por escrito los argumentos de apelación; el proceso pasará luego al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para confirmar o revocar la condena.

La sentencia desató reacciones encontradas: su partido, el Centro Democrático, que organizó marchas en su defensa, mientras que sectores que celebraron el fallo, decían que era una restitución de la dignidad pública.

Jair Bolsonaro: procesado por intento de golpe

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro está siendo procesado por haber liderado y coordinado un intento de golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023, cuando las sedes del Ejecutivo y del Legislativo fueron atacadas por miles de sus simpatizantes.

Bolsonaro contaba con medidas cautelares previas, como la prohibición de publicar en redes sociales y el uso de una tobillera electrónica. Se le dictó prisión domiciliaria porque incumplió la restricción al usar cuentas de sus aliados para incitar ataques contra el Tribunal Supremo y promover la intervención extranjera en el poder judicial.

Pedro Castillo: procesado por rebelión y abuso de autoridad

El expresidente peruano Pedro Castillo, recluido en una cárcel de Lima, enfrenta desde el 4 de marzo un juicio como coautor del delito de rebelión y autor de abuso de autoridad, tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022. Castillo, cumple 18 meses de prisión preventiva mientras la fiscalía solicita una condena de 34 años, acusándolo de intentar un golpe de Estado. 

Castillo afirma que no se levantó en armas y que su destitución fue producto de una conspiración entre el Congreso opositor y la fiscalía. Tras su salida, Dina Boluarte asumió la presidencia en medio de protestas masivas que exigían su renuncia y adelanto de elecciones, cuya represión dejó 50 civiles muertos.

América Latina y sus expresidentes procesados (2000-2025)