Proponen proyecto de ley que castigaría la presencia ilegal de inmigrantes en este estado de EEUU: US$500 de multa y hasta un año de prisión

En medio de las continuas protestas en Los Ángeles por las redadas de ICE, dos legisladores de Ohio han manifestado su convicción de que un proyecto de ley propuesto en la legislatura estatal puede evitar que situaciones similares ocurran en Ohio. La iniciativa, denominada The America First Act, o Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 200 (HB 200), ya ha sido introducida y remitida al Comité de Seguridad Pública de la Cámara, aunque aún no ha recibido una audiencia completa ni votación.

Los defensores de la propuesta sostienen que es crucial para proteger la seguridad y soberanía de los residentes de Ohio, citando preocupaciones sobre la delincuencia, el tráfico de personas y la presión sobre los recursos públicos. Los opositores al proyecto de ley han expresado inquietudes sobre el perfilamiento racial, el debido proceso y la criminalización de menores y familias.

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¿Qué medidas establece el proyecto de ley HB 200 o The America First Act en Ohio?

El proyecto de ley HB 200, o The America First Act, propone varias medidas significativas que, de ser aprobadas, alterarían sustancialmente el marco legal para la inmigración en Ohio. La iniciativa busca reforzar la capacidad del estado para regular la presencia de inmigrantes indocumentados y establecer una mayor coordinación con las autoridades federales.

Las disposiciones principales del proyecto de ley incluyen:

• Criminalización de la presencia ilegal: Declara delito que cualquier persona con estatus migratorio irregular en Estados Unidos, según determinen las autoridades federales, ingrese o permanezca en Ohio. Una primera infracción se tipifica como delito grave de quinto grado, con una multa de 500 dólares y hasta un año de prisión. Las reincidencias se tratarían como delito grave de cuarto grado, con penas aumentadas.
• Reporte y cooperación obligatorios: Las agencias policiales de Ohio deberán informar a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre cualquier individuo detenido por presencia ilegal. Dichas agencias deben cooperar con las solicitudes federales de detención y se les permite entregar a las personas a ICE para su deportación en cualquier momento durante su sentencia.
• Responsabilidad de los gobiernos locales: El proyecto de ley incorpora sanciones económicas para los gobiernos locales y subdivisiones que se nieguen a colaborar con la aplicación de la ley federal de inmigración. Las comunidades no conformes podrían afrontar una deducción de 500 dólares de sus asignaciones del Fondo del Gobierno Local.

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Impacto y controversia: la criminalización de la permanencia irregular en Ohio

La medida que criminaliza la presencia ilegal ha generado un intenso debate. Abogados de inmigración, como Brian Burke, con 14 años de experiencia, cuestionan la legalidad de que los estados intenten aplicar la ley federal de inmigración. Burke señala que, bajo la ley federal, la presencia ilegal es una violación migratoria, no un delito, lo que genera dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta. Los promotores de la iniciativa, por otro lado, citan estimaciones federales de 15.4 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, con entre 100,000 y 165,000 residiendo en Ohio, cifra superior a la población de muchas ciudades del estado.

Argumentan que "cada estado es un estado fronterizo" debido a la facilidad de viajar dentro de Estados Unidos, y que Ohio debe actuar para impedir convertirse en un refugio para inmigrantes indocumentados. Además, mencionan crímenes de alto perfil que involucran a inmigrantes indocumentados como justificación para una aplicación más estricta. Representantes como Gary Click y Nick Santucci defienden la necesidad de esta legislación para proteger a los ciudadanos de Ohio.

HB 200: consideraciones sobre el debido proceso y excepciones en Ohio

El proyecto de ley The America First Act incluye provisiones destinadas a abordar las preocupaciones sobre el debido proceso. Se establece una ventana de 72 horas para que los infractores abandonen el estado al ser liberados. También se permite una estancia de 90 días, con posibles extensiones indefinidas, para individuos que buscan activamente asilo o extensiones de visa, asegurando que quienes intentan regularizar su estatus no sean penalizados de inmediato.

Además, se contemplan protecciones para ciertos grupos, como los beneficiarios de DACA, y se buscan mejoras para salvaguardar a menores que puedan ser procesados por presencia ilegal sin culpa propia. Sin embargo, algunos críticos han manifestado su preocupación por la criminalización de niños. Representantes demócratas, como Darnell Brewer, han expresado inquietud sobre el perfilamiento racial y la falta de debido proceso. La discusión sobre el proyecto de ley continúa, y sus implicaciones para los inmigrantes en Ohio y el resto de Estados Unidos siguen siendo un punto focal de atención.