Malas noticias para inmigrantes en EEUU: gobierno de Trump demanda a este estado para revocar sus políticas de 'santuario'
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra un estado por implementar leyes que limitan la colaboración con ICE, provocando tensiones entre las autoridades locales y federales.
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En un nuevo episodio del enfrentamiento entre gobiernos estatales y la administración de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una demanda federal contra el estado de Colorado y sus principales autoridades. La acción judicial busca anular varias leyes y ordenanzas que, según los fiscales federales, impiden la aplicación efectiva de las normas migratorias a nivel nacional. La acusación apunta especialmente a Denver, ciudad que ha implementado fuertes medidas para proteger a los inmigrantes, según informó The Denver Post.
El conflicto legal resurge en medio del debate político sobre el papel de las ciudades santuario en el país. La denuncia acusa a Colorado de adoptar políticas que interfieren con las atribuciones federales en temas migratorios y pone como ejemplo un reciente caso criminal vinculado al grupo delictivo venezolano Tren de Aragua. Mientras tanto, legisladores estatales avanzan con un proyecto de ley que ampliaría aún más las protecciones para los extranjeros residentes en el estado.
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¿Quiénes son los demandados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos?
La demanda presentada en la Corte de Distrito Federal señala a varios funcionarios y entidades del estado de Colorado. Estos son los demandados oficiales en el documento:
- Jared Polis, gobernador del estado de Colorado.
- Phil Weiser, fiscal general del estado.
- Mike Johnston, alcalde de Denver.
- Elias Diggins, sheriff de la ciudad.
- Concejo Municipal de Denver.
- Ciudad y condado de Denver.
El gobierno federal sostiene que estas autoridades han aprobado y defendido políticas que obstaculizan las acciones de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional.
¿Por qué surge la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Denver y Colorado?
La denuncia se origina a partir de una serie de leyes aprobadas por Colorado entre 2021 y 2023. Una de ellas prohíbe que la policía estatal retenga personas únicamente por órdenes civiles de inmigración. Otra impide que empleados públicos compartan información personal de individuos con autoridades federales. Además, la ciudad de Denver tiene una ordenanza que restringe el accionar de las fuerzas locales en colaboración con agentes federales de inmigración.
El detonante mediático del caso fue un video viral que mostraba a presuntos miembros de Tren de Aragua irrumpiendo violentamente en un complejo residencial de Aurora, cerca de Denver. El Departamento de Justicia argumenta que este tipo de hechos son una consecuencia directa de las políticas santuario adoptadas por Colorado. En su argumento, el gobierno federal sostiene que el estado no solo impide el cumplimiento de la ley federal, sino que además promueve un entorno que favorece la impunidad de delincuentes extranjeros.
¿Qué dijo la oficina de Polis y los funcionarios de Denver sobre la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos?
La respuesta de las autoridades de Colorado no se hizo esperar. La oficina del gobernador Jared Polis negó que el estado sea considerado un territorio santuario y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley. En una declaración oficial, el portavoz del gobernador indicó que el estado colabora regularmente con agencias de seguridad locales, estatales y federales para garantizar la seguridad de los residentes.
Por su parte, representantes del gobierno de Denver señalaron que la ciudad respeta todas las leyes en vigor, y defendieron las políticas adoptadas como una forma de proteger los derechos civiles de sus habitantes. "Denver no será intimidada ni chantajeada", afirmaron en un comunicado, en referencia al tono confrontativo del gobierno de Trump.
Mientras tanto, el Congreso estatal evalúa el proyecto de ley SB 276, que busca extender las restricciones sobre el uso de datos por parte de autoridades locales y limitar el ingreso de agentes de ICE a edificios públicos sin orden judicial. La propuesta ya superó un primer voto favorable en la Cámara de Representantes, lo que indica una alta probabilidad de que llegue al escritorio del gobernador Polis para su aprobación definitiva.
