Aviso importante en EEUU: gobernador de este estado podría aprobar proyecto de ley que impide a inmigrantes el acceso a servicios públicos
En Estados Unidos, un estado se encuentra en el centro de la polémica por la aprobación del proyecto de ley HB 135, que podría limitar el acceso de inmigrantes a servicios públicos esenciales.
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En medio de un intenso debate político y social, un estado de Estados Unidos se encuentra en el centro de la controversia por la aprobación del proyecto de ley HB 135, una normativa que podría transformar significativamente el acceso de los inmigrantes a servicios públicos. Con 26 votos a favor y 9 en contra en el Senado estatal, y una aprobación previa en la Cámara Baja, la propuesta está a la espera de la decisión del gobernador, quien tiene cinco días hábiles para promulgarla, vetarla o permitir que se convierta en ley sin su firma.
El proyecto ha generado divisiones profundas entre republicanos y demócratas. Mientras los impulsores del texto alegan que el estado debe priorizar a quienes residen en el país con estatus legal, sectores opositores consideran que negar asistencia médica o alimentaria a menores e impedir el acceso a vacunas atenta contra la salud pública y los derechos fundamentales. La HB 135 refleja un nuevo capítulo en el complejo escenario de las políticas migratorias en Estados Unidos.
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HB 135: ¿en qué estado de Estados Unidos podrían impedir el acceso a servicios públicos a los inmigrantes?
Idaho es el escenario actual del debate por el controvertido proyecto de ley HB 135, impulsado por legisladores republicanos como el representante Jordan Redman y el senador Phil Hart. Ambos defienden que el Estado debe garantizar que los beneficios públicos estén reservados para ciudadanos y residentes legales, excluyendo a inmigrantes sin estatus migratorio regular. Esta medida legislativa, en caso de entrar en vigor, afectaría a una de las poblaciones más vulnerables del país, según informó Idaho Capital Sun.
Durante las sesiones en el Senado, varios legisladores demócratas alzaron la voz para advertir sobre los efectos negativos que podría tener la aprobación de esta ley. El senador Jim Guthrie, uno de los tres republicanos que votó en contra, argumentó que restringir el acceso a servicios esenciales como vacunas o cuidado prenatal contradice valores humanitarios y principios legales, sobre todo en un estado que se ha declarado “pro-vida”. Según Guthrie, negar asistencia médica antes del nacimiento pone en riesgo vidas humanas y genera una contradicción ética en el discurso conservador.
¿Qué medidas establecería el proyecto de ley HB 135 en Idaho?
Si se convierte en ley, la HB 135 aplicará una serie de modificaciones que eliminarán excepciones previamente contempladas en el acceso a servicios estatales. Entre las principales disposiciones se encuentran:
- Obligar a las agencias estatales a verificar el estatus migratorio de todo adulto que solicite servicios públicos.
- Eliminar la exención migratoria para:
- Vacunación infantil y adulta.
- Pruebas y tratamientos para enfermedades transmisibles.
- Atención médica durante el embarazo y después del parto.
- Programas de alimentos para hijos dependientes de inmigrantes sin papeles.
- Mantener solo algunos servicios de emergencia exentos del requisito migratorio.
- Permitir que personas en situación irregular busquen atención a través de organizaciones no gubernamentales o con fondos privados, aunque sin apoyo estatal.
Estas medidas han sido calificadas por la oposición como “crueles” y contrarias a principios constitucionales, especialmente porque afectan a niños nacidos en Estados Unidos, quienes legalmente son ciudadanos, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
¿Cuándo entrará en vigor el proyecto de ley HB 135 en Idaho si se llega a aprobar?
De acuerdo con el procedimiento legislativo del estado de Idaho, el gobernador Brad Little tiene cinco días, excluyendo domingos, para tomar una decisión sobre el proyecto HB 135. Si opta por firmarlo o permitir que entre en vigor sin su firma, la ley comenzaría a aplicarse oficialmente a partir del 1 de julio de 2025.
La posible implementación ha generado preocupación entre organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos, quienes advierten que esta medida podría sentar un precedente para otras entidades federativas en Estados Unidos. Además, sostienen que restringir el acceso a servicios públicos esenciales a los inmigrantes, más allá de lo legal, representa un problema de salud pública y justicia social.
