Legisladores de este estado consideran proyectos de ley para proteger inmigrantes de las deportaciones masivas de Trump en EEUU
En Estados Unidos, un estado debate intensamente proyectos de ley para proteger a las comunidades inmigrantes de las políticas de deportación del gobierno de Trump, centrándose en limitar la cooperación con ICE.
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En los últimos días de la sesión legislativa, Maryland se encuentra en medio de un intenso debate sobre una serie de proyectos de ley destinados a salvaguardar a sus comunidades inmigrantes de las políticas de deportación masiva del gobierno de Trump. Los legisladores están considerando medidas que limitarían la cooperación con las autoridades federales de inmigración, según informó The Baltimore Banner.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran la prohibición del acceso de ICE a bases de datos estatales sin una orden judicial, la restricción de su presencia en lugares sensibles como escuelas y bibliotecas, y la prohibición de acuerdos de cooperación entre las fuerzas del orden locales y ICE. Sin embargo, la naturaleza del sistema de inmigración estadounidense plantea desafíos significativos para los legisladores estatales.
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La aplicación de la ley de inmigración es principalmente responsabilidad del gobierno federal, lo que complica la capacidad de los estados para implementar cambios significativos. La administración de Trump ha comenzado a tomar represalias contra las jurisdicciones que limitan la cooperación local, lo que ha intensificado el debate en torno a las propuestas en Maryland.
Propuestas legislativas en debate en Maryland
Los tres proyectos de ley principales en discusión buscan proteger a los inmigrantes en Maryland. Uno de ellos, el proyecto de ley de privacidad de datos, impediría que los gobiernos estatales y locales compartan información con ICE sin una orden judicial. Sin embargo, los opositores argumentan que esta medida contradice la ley federal, que permite a los empleados informar sobre el estatus migratorio.
El fiscal general de Maryland ha expresado su desacuerdo con esta interpretación, aunque ha planteado otras preocupaciones legales sobre el proyecto. Además, se discute la "Ley de Valores de Maryland", que terminaría con los acuerdos de cooperación entre ICE y las fuerzas del orden locales, conocidos como acuerdos 287(g).
Impacto de las amenazas federales de Donald Trump
Los sheriffs que han firmado acuerdos con ICE advierten que la eliminación de estos podría resultar en un aumento de las redadas masivas. A pesar de que la administración Trump ha afirmado que priorizará la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, informes indican que también se están deteniendo a personas sin antecedentes criminales.
Nicholas Katz, abogado de la organización de defensa de inmigrantes CASA, sostiene que las amenazas del gobierno federal crean una narrativa engañosa. Katz afirma que es ilegal que el gobierno federal retenga fondos basándose en la decisión de un estado de no participar en el programa 287(g), que es voluntario.
Desafíos en la legislación de Maryland
La "Ley de Valores de Maryland" ha pasado por la Cámara de Delegados, pero enfrenta cuestionamientos en el Senado. El senador Will Smith ha expresado su preferencia por un proyecto de ley más limpio que simplemente termine los acuerdos 287(g) sin crear nuevos requisitos de notificación. Con el cierre de la sesión legislativa acercándose, los legisladores se enfrentan a la presión de resolver estas diferencias.
Un proyecto de ley adicional busca responder al cambio de la administración Trump que permite acciones de aplicación de la ley de inmigración en "lugares sensibles". Aunque el exdirector de ICE en Maryland, Matthew Elliston, ha afirmado que los agentes no ingresan a escuelas o iglesias, la medida ha generado temor en las comunidades inmigrantes.
Los legisladores de Maryland reconocen que tienen herramientas limitadas para combatir las políticas federales de inmigración. Sin embargo, muchos sienten que tienen la obligación de proteger a quienes contribuyen a la sociedad, a pesar de su estatus migratorio. La situación sigue evolucionando mientras se acercan los plazos legislativos y las tensiones entre el estado y el gobierno federal continúan aumentando.
