Jueza en EEUU compara el trato a nazis con venezolanos deportados por Trump: "Recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros"

Una declaración reciente de una jueza de apelaciones de Estados Unidos ha agitado la discusión sobre las políticas migratorias del país. La magistrada, Patricia Millet, comparó el trato que los nazis recibieron con la situación actual de los venezolanos deportados bajo la administración de Donald Trump.

Según la jueza, los inmigrantes deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los últimos años fueron sometidos a un trato mucho más cruel, a pesar de que los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, disfrutaron de un nivel de protección superior bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de EE. UU. Esta ley se usó para enviar a inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados a la pandilla Tren de Aragua, a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

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¿Qué dijo la jueza sobre el trato a los nazis y los venezolanos deportados de Estados Unidos?

Durante la audiencia de apelación sobre el caso, la jueza Patricia Millet, afirmó que los Estados Unidos les ofrecieron un trato más benévolo a los nazis en comparación con el tratamiento recibido por los inmigrantes bajo la administración de Trump. “Los nazis recibieron un mejor trato bajo la ley de enemigos extranjeros que el que hubo aquí”, mencionó refiriéndose a los venezolanos expulsados de Estados Unidos y trasladados a la megacárcel de El Salvador.

Según la magistrada, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1942 permitió que los nazis fueran procesados sin la aplicación estricta de las normas migratorias, con un cierto nivel de humanidad y debido proceso. En contraste, señaló que muchos de los venezolanos deportados no gozaron de esas garantías. Millet precisó que su intención no era cuestionar la aplicación de la ley, sino señalar la falta de un debido proceso que limita a los inmigrantes la posibilidad de impugnar y demostrar, en caso de ser necesario, que no forman parte de la organización criminal.

Cabe recordar que James Boasberg, juez de un tribunal de distrito en Washington, suspendió de manera temporal las deportaciones realizadas bajo la controvertida ley, lo que generó una fuerte reacción negativa por parte del presidente. En respuesta a esta situación, el gobierno de Trump invocó el “privilegio de secretos de Estado” este lunes, buscando así eludir las interrogantes planteadas por el juez.

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¿Cuál fue la respuesta de la administración Trump hacia la jueza Millet en la audiencia del lunes?

El fiscal del Departamento de Justicia, Drew Ensign, expresó su desacuerdo con los comentarios de la jueza Millett. Ensign cuestionó la analogía nazi utilizada por ella, argumentando que la orden del juez Boasberg representa una “intrusión sin precedentes” en los poderes del ejecutivo, lo que limita la capacidad de Donald Trump para actuar en asuntos de guerra y política exterior.

Sin embargo, la jueza Millett no consideró convincente esta defensa. Por su parte, los abogados de varios venezolanos deportados sostienen que sus clientes no pertenecen al Tren de Aragua ni han cometido delitos, argumentando que han sido blanco de acciones discriminatorias por sus tatuajes. “La gente en esos aviones ese sábado no tuvo la oportunidad de impugnar su remoción”, manifestó Millett, quien fue designada por el expresidente demócrata Barack Obama. “El presidente debe cumplir la Constitución y las leyes como cualquier otra persona”, añadió.

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Por su parte, el juez Justin Walker, nombrado durante el primer mandato de Trump, mostró interés en la posibilidad de vistas judiciales, aunque también se mostró receptivo a los argumentos que sugieren que la suspensión podría infringir los poderes presidenciales. Walker instó al abogado de los demandantes a citar algún caso previo en el que una orden judicial que bloqueó “una operación de seguridad nacional con implicaciones en el extranjero” haya sobrevivido a la revisión en apelación.

La jueza Karen LeCraft Henderson, designada por el presidente republicano George H. W. Bush en 1990, no realizó preguntas durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente dos horas. En tanto, Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha presentado una demanda contra las deportaciones, argumentó en la corte de apelaciones que el gobierno de Trump está utilizando una ley de 1798 para eludir los procedimientos migratorios establecidos.