Parlamento de Ecuador rechaza moción para destituir al presidente Guillermo Lasso
Guillermo Lasso fue instado, de todas formas, a comparecer ante el Parlamento para responder sobre el caso de los Papeles de Pandora, luego de que rechazaran la moción presentada por el partido de Rafael Correa.
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El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador decidió negar este martes una moción que pedía la destitución del presidente del país, Guillermo Lasso, por su vinculación con el escándalo de los Papeles de Pandora, y se limitó a exhortarle a que comparezca en la Cámara para responder sobre el caso.
La moción, que acusaba a Lasso de posibles infracciones por capitales en paraísos fiscales, prohibidos en una normativa desde 2017 para ser candidato presidencial, sólo obtuvo el respaldo de 51 legisladores, mientras que otros 77 votaron en contra y 7 se abstuvieron.
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Para pasarla se requerían al menos 70 votos a favor.
Presentada por la asambleísta de la formación Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente Rafael Correa, la moción exigía aplicar el artículo de 130.2 de la Constitución y destituir al presidente de la República por “configurarse una grave crisis política y conmoción interna” a raíz de la publicación de los Papeles.
La Asamblea Nacional votó este martes, en un debate de más de cinco horas, el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso de los Papeles, y en el que se exigían responsabilidades a Lasso por su aparición en esos documentos y supuestos bienes en paraísos fiscales cuando se presentó candidato en las últimas elecciones presidenciales, entre febrero y mayo pasado.
Pero el Pleno de la Asamblea no apoyó con suficientes votos ni la moción de Cabezas, ni la presentada posteriormente por el asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión y que exigía convocar al Pleno al presidente “en un plazo no mayor a 30 días, a fin de que explique su posible vinculación directa o indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales”.
También llamaba a los organismos del control del Estado a revisar las cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente y su cónyuge, María de Lourdes Alcívar, e iniciar las acciones legales pertinentes en el marco de sus competencias.
En este caso, la Asamblea se manifestó con 61 votos a favor, 47 en contra y 27 abstenciones, también insuficientes.
La única moción aprobada fue una tercera del asambleísta Alejandro Jaramillo, del partido Izquierda Democrática, que suponía una versión suavizada de la anterior y en la que solo se “exhortaba” al presidente a comparecer ante la Asamblea.
Por 82 votos a favor, 33 en contra y 19 abstenciones, el Pleno dejaba así abierta la investigación al remitir el informe parlamentario a la Contraloría y a la Fiscalía.
En esta última institución también permanece abierta una investigación penal solicitada por el excandidato presidencial Yaku Pérez.
El mandatario ecuatoriano ha negado en todo momento que tuviera bienes en paraísos fiscales y ha asegurado que se deshizo de ellos en cumplimiento de la ley aprobada en 2017.
Lasso se vio respaldado por la mañana por el anuncio de la Contraloría General del Estado acerca de que “archivaba” la revisión que había solicitado el propio presidente.
El contralor general subrogante, Carlos Riofrío González, mencionó en su dictamen que no se han encontrado “los elementos objetivos que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura para Presidente Constitucional de la República del Ecuador, y de posesión de dicho cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales”.
La resolución del contralor detalla, además, que “se estableció documentalmente” que del 23 de septiembre de 2020 al 24 de mayo de 2021, fechas de inscripción de la candidatura a presidente, Lasso “no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales” de catorce empresas que enumera, registradas en países como Panamá, Islas Caimán y Estados Unidos.
También precisa que Dakota del Sur, donde se situaban algunos de los bienes mencionados por los papeles, no está considerado paraíso fiscal por la legislación ecuatoriana o bajo régimen fiscal preferente.
