Pandora Papers: Panamá intenta frenar daño de nueva investigación periodística internacional
El Gobierno de Panamá le solicitó al grupo internacional de periodistas que en su nueva revelación de presuntas evasiones de impuestos no utilicen “un título difamatorio” que los asocie con empresas offshore y lavado de dinero.
La República en GoogleEl Gobierno de Panamá ofreció al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) “un diálogo para proporcionar hechos críticos” e información precisa, ante la inminente publicación de un nuevo escándalo de sociedades extraterritoriales que supondría otro daño a la reputación del país tras la “falsedad” de los llamados papeles de Panamá (Panama Papers).
Medios afiliados al consorcio han anunciado este sábado que hoy 3 de octubre será revelada la investigación, bautizada como “Pandora Papers”, que involucra a 600 periodistas de todo el mundo y 11,9 millones de documentos.
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En una carta fechada el 16 de septiembre enviada al ICIJ, a la que tuvo acceso Efe, el Gobierno señaló que “antes de continuar” con la nueva investigación “sobre finanzas extraterritoriales con la intención de publicar los resultados en una serie de países, se debe “tener en cuenta que la cobertura mediática previa iniciada por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio: los ‘Papeles de Panamá’, que causó un gran daño a Panamá”.
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”El Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación”, indicó la misiva de la firma de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, con sede en Chicago (EE. UU.) y el representante del Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo.
Los llamados papeles de Panamá, la filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, revelaron en abril de 2016 que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
Los hechos revelados por el escándalo de 2016 “no justificaron el uso de ese título difamatorio para los artículos del ICIJ (…) Panamá y las corporaciones panameñas solo representan el 0,27% de las sociedades offshore registradas en todo el mundo. No obstante, Panamá se convirtió en el nombre asociado con corporaciones offshore y lavado de dinero como resultado del esfuerzo de marca difamatoria del ICIJ”, indicó la misiva.
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El Gobierno de Panamá destacó que busca entablar un diálogo con el ICIJ no para evitar que este “investigue y publique artículos, sino para asegurar que tenga “la oportunidad de recopilar información precisa como parte de ese trabajo”.
Entre esos datos “críticos” que el Gobierno quiere brindar al Consorcio está que “desde 2015, el Gobierno de Panamá ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos una prioridad significativa y ha tomado medidas concretas para mostrar ese compromiso”.
Ningún otro país —indicó en otros la la misiva— “ha suspendido más del 50% de sus corporaciones y fundaciones en un solo acto. Esto por sí solo es una clara demostración del compromiso del Gobierno de Panamá de garantizar la transparencia y reducir el riesgo de las empresas en su registro con fines ilícitos o de elusión fiscal”.
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El Gobierno de Panamá “reconoce que si bien aún queda trabajo por hacer, se han tomado pasos concretos para monitorear y hacer cumplir las actividades financieras extraterritoriales”, indicó la carta, enviada a Brenda Medina y Emilia Diaz Struck, periodistas de investigación del ICIJ.
“Cualquiera que sea la percepción del ICIJ de Panamá en 2016 —en términos de requisitos de diligencia debida y supervisión de firmas de abogados— no se parece en nada al Panamá de hoy.
El Gobierno de Panamá espera que el ICIJ entienda plenamente que ha redoblado sus esfuerzos por un sistema tributario internacional más transparente en su totalidad colaboración con la comunidad internacional, incluidos el Banco Mundial, el GAFI y la OCDE”, agregó la carta. Panamá lleva años trabajando en la mejora de su andamiaje en materia de transparencia fiscal, lo que no ha impedido que siga incluida en listas discriminatorias como la de la UE de países no cooperantes en materia fiscal.
