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Política

Panama Papers: resolverán pedido de tutela de derechos solicitada por Rafael López

El excandidato presidencial de Renovación Popular es investigado por presunto lavado de activos, por supuestos nexos con empresas offshore a fin de “canalizar activos de dudosa procedencia”.

López Aliaga postula a la presidencia de la República con Renovación Popular. Foto: La República
López Aliaga postula a la presidencia de la República con Renovación Popular. Foto: La República

Este martes 13 de julio se llevó a cabo la audiencia sobre tutela de derechos solicitada por la defensa del excandidato presidencial de Renovación Popular y empresario Rafael López Aliaga, en el marco del caso Panama Papers.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción tendrá que resolver la petición, luego de que el abogado de López indicara que el Ministerio Público no dio pase a que los peritos de parte ejecutaran observaciones al informe que se lleva a cabo.

Del mismo modo, señaló que los peritos no fueron notificados, pese a que ya se habían avanzado con tres informes técnicos. “Por un lado admiten a los peritos de parte y por otro lado no los dejan actuar”, precisó el letrado defensa del excandidato presidencial.

En tanto, pidieron al juez encargado, Jorge Chávez Támariz, que se anule todo lo actuado por los peritos y que además se subrogue la información que habían conseguido.

El magistrado solicitó a la Fiscalía que le haga llegar los oficios que señalan el acceso que tuvo la defensa de Rafael López Aliaga a las carpetas y lectura de los documentos. De igual modo, las actas de las sesiones en las que los peritos de parte interactúan. Para ello, tienen 24 a 48 horas a fin de que sean remitidos.

López Aliaga es investigado por lavado de activos

Como se informó, el empresario Rafael López Aliaga es investigado por la comisión del presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso Panama Papers.

López tendría vinculaciones con las offshore Acres Investment Ltd. Internacional en Panamá, Paga Investment en las Islas Vírgenes Británicas y Acres Investments Ltd. en Nevada, Estados Unidos.

La tesis fiscal supone que el excandidato presidencial habría hecho uso de esas compañías offshore a fin de “canalizar activos de dudosa procedencia” además de no tributar “por rentas de fuente extranjera”.

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