Casi la mitad de las mujeres no pueden decidir sobre sus cuerpos

En 57 países en desarrollo, a casi la mitad de las mujeres se les niega el derecho a decidir si desean tener o no relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar atención de la salud, de acuerdo al último informe del Estado de la Población Mundial 2021 elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Por primera vez, un documento de las Naciones Unidas se centra en el poder y la capacidad que tienen las féminas para tomar decisiones sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas. Esta falta de autonomía corporal tiene consecuencias más allá de los perjuicios, tales como una potencial caída de su productividad económica, el daño de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

“El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos”, detalló la directora ejecutiva del Unfpa, Natalia Kanem.

Mediante este texto, el Unfpa está midiendo tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado en que la legislación en los países apoya o interviene con el derecho del género femenino a tomar estas decisiones.

Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos. Estos son otros de los datos que más resaltan de esta publicación.

• Solo el 55% de las mujeres están empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a tener relaciones sexuales.
• El 71% de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales.
• El 75% de los países garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción.
• Alrededor del 80% de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales.
• Alrededor del 56% de los países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad.

El informe muestra cómo los esfuerzos para hacer frente a los abusos pueden conducir a mayores vulneraciones de la autonomía corporal. Por ejemplo, para proceder judicialmente en un caso de violación, es probable que un sistema de justicia penal requiera que la sobreviviente sea sometida a la llamada prueba de virginidad, un procedimiento invasivo basado en mitos creados por sociedades machistas.

Algunas soluciones que propone el reporte son tomar en cuenta las necesidades y experiencias de las personas afectadas. “La negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas que refuerza las inequidades y perpetúa la violencia derivada de la discriminación por razón de género”, comenta Kanem.