Contraloría advierte que el crédito suplementario de S/9,596 millones no explica su impacto en las cuentas fiscales
El informe del órgano de control señala que el Ministerio de Economía y Finanzas no explica cómo este mayor gasto impactará las finanzas públicas ni la sostenibilidad fiscal del país a largo plazo.
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Aunque la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el crédito suplementario que amplía en S/9.596 millones los recursos públicos, el proyecto avanza con una seria advertencia de la Contraloría General de la República. El organismo detectó vacíos en la justificación técnica de la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y alertó que no se explica cómo este mayor gasto afectará las cuentas fiscales en un momento de creciente presión sobre las finanzas públicas.
La observación llega cuando el proyecto ya quedó listo para pasar a la Comisión Permanente. Según el órgano de control, la propuesta identifica las fuentes de financiamiento y la distribución de los recursos, pero no analiza qué efectos tendría esta ampliación presupuestal en la sostenibilidad fiscal ni en la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones en los próximos años.
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En un informe emitido el 1 de julio, el Órgano de Control Institucional (OCI) del MEF señaló que el proyecto no desarrolla de manera suficiente la relación entre el nuevo financiamiento y los riesgos macrofiscales identificados por el propio ministerio en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029.
Para la Contraloría, esta omisión resulta especialmente preocupante porque coincide con el deterioro de los principales indicadores fiscales y con los reiterados incumplimientos de las reglas fiscales relacionadas con el déficit y el crecimiento del gasto público.
Déficit, mayor gasto y leyes que presionan las finanzas públicas
De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCRP), en 2022 el Perú cumplió la regla fiscal al registrar un déficit de 1,7% del PBI, por debajo del límite de 3,7%. Sin embargo, en 2023 el déficit alcanzó 2,7% del PBI, superando el tope de 2,4%, mientras que en 2024 llegó a 3,5%, por encima del límite de 2,8%. Recién en 2025 el resultado volvió a alinearse con la meta fiscal de 2,2% del PBI.
El propio MEF reconoció, en su informe de abril de 2026, que la aprobación de nuevas medidas con alto costo fiscal, sumada a riesgos externos como un evento de El Niño o las tensiones en Medio Oriente, podría seguir deteriorando las cuentas públicas y elevar el costo del financiamiento del país.
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La Contraloría añade que los desvíos también se reflejaron en el gasto público. El gasto no financiero creció por encima de lo permitido en 2024 (6,2% frente al límite de 4,7%) y volvió a exceder la meta en 2025 (3,5% frente a 0,7%). El gasto corriente también superó ampliamente los topes establecidos.
Datos evidencian un deterioro en los principales indicadores y un incumplimiento reiterado de las reglas fiscales vigentes.
Frente a este panorama, el informe sostiene que las modificaciones recurrentes de las metas fiscales han debilitado la credibilidad del marco macroeconómico y reflejan una pérdida de consistencia en la conducción de las finanzas públicas.
Asimismo, el documento cita información del Consejo Fiscal, que identifica 248 leyes aprobadas entre 2021 y 2026 con efectos negativos sobre las cuentas del Estado. De ellas, 199 incrementan el gasto público, principalmente por obligaciones pensionarias y aumentos salariales; 39 reducen los ingresos mediante beneficios tributarios; y otras 10 elevan las transferencias a gobiernos subnacionales. El costo anual estimado de este conjunto de normas supera los S/36.000 millones.
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Entre las leyes recientes que más incrementan el gasto del Estado, la Contraloría menciona la equiparación de las pensiones de los docentes jubilados y la ley de ordenamiento pensionario militar y policial.
La Contraloría advierte graves riesgos tras aprobarse el crédito suplementario por más de S/9,500 millones.
MEF tiene cinco días para responder a la Contraloría
El OCI concluyó que las deficiencias en la justificación técnica del proyecto podrían dejar al Congreso sin los elementos necesarios para medir a fondo cómo esta ampliación presupuestal afecta las finanzas públicas antes de votarla. Por ello, recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas adoptar las medidas preventivas y correctivas que correspondan para reforzar el sustento técnico de la iniciativa y remitir, en un plazo máximo de cinco días hábiles, un informe con las acciones adoptadas y la documentación que las respalde.
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