Aeropuerto Jorge Chávez: PJ admite demanda y abre revisión del cobro de la TUUA de transferencia

La controversia por el cobro de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entró a una nueva etapa judicial. La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó la decisión de primera instancia que había declarado improcedente la demanda presentada por Proturismo y ordenó que el proceso de amparo continúe, lo que habilita por primera vez el análisis de fondo del caso.

La tarifa de US$11,86 sigue vigente desde diciembre de 2025, pero el proceso cambia de etapa, pues el Poder Judicial deja el plano procesal y entra a evaluar si su incorporación al contrato de concesión vía adendas es constitucional. El caso vuelve al juzgado de origen, que deberá definir la legalidad del cobro a pasajeros en conexión internacional.

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TUUA de transferencia: qué es, cómo nació en la Adenda N.° 6 y por qué piden anularla

El centro del conflicto no es la TUUA tradicional, la que pagan todos los pasajeros por uso del aeropuerto, sino la TUUA de transferencia: un cobro aplicado a quienes solo hacen escala en Lima antes de continuar su viaje internacional.

Proturismo sostiene que este concepto no formaba parte del diseño original de la concesión del Jorge Chávez y que fue incorporado años después mediante la Adenda N.° 6, lo que habría modificado las condiciones del contrato inicial.

Desde esa posición, el abogado de la asociación, Aníbal Quiroga, apunta a que el problema no es únicamente tarifario, sino de estructura contractual. “En el contrato de concesión original la TUUA de transferencia no estaba prevista. Fue una creación de la sexta adenda”, señaló a La República.

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Para la parte demandante, esa modificación no solo introdujo un cobro nuevo, sino que trasladó un costo a pasajeros que no inician ni terminan su viaje en Lima, sino que únicamente utilizan el aeropuerto como punto de conexión. Quiroga sostiene que ese diseño afecta la lógica con la que debería operar un sistema de hubs en la región.

“El pasajero en tránsito termina pagando un costo que no debería existir en un sistema competitivo, y eso empuja a que las aerolíneas busquen otras rutas vía Bogotá o Panamá”, afirmó.

LAP defiende la TUUA de transferencia y sostiene que el cobro tiene respaldo contractual y regulatorio

Desde Lima Airport Partners (LAP), la lectura es distinta. A través de un comunicado, la concesionaria precisó que la resolución de la Segunda Sala no implica ningún pronunciamiento sobre el fondo del caso, sino únicamente una corrección de criterio procesal.

“La Sala ha revocado la decisión de primera instancia por una cuestión estrictamente procesal (…) esta decisión no implica pronunciamiento sobre el fondo de la controversia”, indicó la empresa.

LAP remarcó además que el proceso aún debe atravesar una etapa de análisis donde se evaluarán excepciones pendientes, entre ellas la legitimidad de Proturismo para cuestionar decisiones vinculadas al contrato de concesión y a la regulación aeroportuaria.

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En su defensa, la concesionaria sostiene que el cobro está plenamente respaldado por el marco contractual vigente y por las aprobaciones de las autoridades competentes. “La TUUA de transferencia se encuentra respaldada por el marco contractual y regulatorio, y su implementación responde a disposiciones debidamente aprobadas”, señaló LAP.

La empresa también cuestionó el enfoque del amparo, al considerar que busca discutir disposiciones contractuales con varios años de vigencia y sustento normativo.

Lo que está en juego con la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez

Con la admisión del amparo, el caso deja atrás la discusión procesal y entra a una fase donde el fondo será determinante. El Poder Judicial deberá definir si la incorporación de la TUUA de transferencia mediante adendas respeta la Constitución o si implica una modificación inválida del contrato de concesión.

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El proceso aún puede escalar hasta el Tribunal Constitucional, por lo que la decisión final no será inmediata. En paralelo, la controversia también se cruza con el debate sobre la competitividad del Jorge Chávez como hub regional y el impacto de los costos aeroportuarios en el tráfico internacional.

Por ahora, el cobro sigue vigente. Pero el caso ya dejó de ser una discusión técnica: ahora es una disputa sobre los límites del contrato público, la regulación del sistema aeroportuario y el alcance del control constitucional sobre las concesiones en el país.