Contraloría: 10 gobiernos regionales no asignan presupuesto suficiente para fiscalizar su propia gestión

Los consejos regionales, órganos encargados de fiscalizar a gobernadores y funcionarios, arrancaron el 2026 con menos presupuesto del que la ley les garantiza en al menos 10 regiones del país. La diferencia no es menor, pues mientras debían recibir más de S/12,4 millones para labores de control, terminaron operando con apenas S/6,6 millones, poco más de la mitad de lo exigido por norma.

La alerta fue emitida por la Contraloría General de la República, que detectó incumplimientos en los gobiernos regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios.

Según la Ley n.° 31812, cada región debe destinar al menos el 1% de su presupuesto para bienes y servicios ordinarios al funcionamiento fiscalizador del Consejo Regional. Sin embargo, a mitad de junio, varias gestiones todavía no cumplían con ese piso mínimo. Entre todas, debieron asignar S/12 millones 406.000 a sus consejos regionales para este año, pero solo destinaron S/6 millones 646.000. En promedio, cubrieron apenas el 53,6% de lo que se exige.

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Junín y Áncash muestran las mayores brechas en recursos para control

Al 15 de junio del 2026, el caso más extremo es el de Junín. Su consejo regional recibió S/238.000 cuando la ley obliga a asignarle como mínimo S/1 millón 390.000. Les dieron apenas el 17% de lo que deberían tener para fiscalizar. Áncash consignó S/300.000 frente a una obligación de S/1 millón 204.000. Huánuco destinó S/448.000 de los S/1 millón 187.000 que le corresponden.

En La Libertad, la brecha también es millonaria: el gobierno regional puso S/1 millón 319.000 cuando la ley fija un mínimo de S/2 millones 558.000. Solo Loreto se acercó al cumplimiento: incorporó S/1 millón 979.000 de los S/2 millones 005.000 requeridos, aunque igualmente incumple.

Consejos regionales operan con menos capacidad para fiscalizar

La reducción presupuestal impacta directamente en la capacidad de supervisión de los consejeros regionales. Estos órganos tienen entre sus funciones revisar contratos, obras públicas, ejecución de recursos y decisiones administrativas de los gobiernos regionales. Para ello, requieren equipos técnicos, asesoría y soporte logístico financiados con ese presupuesto.

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La Contraloría advirtió que la falta de recursos puede limitar la labor fiscalizadora y debilitar los mecanismos de control político dentro de las regiones. El problema cobra relevancia en un contexto en el que los gobiernos regionales manejan millonarios presupuestos para infraestructura, salud, educación y transporte.

Actualmente, los consejos regionales están integrados por entre siete y 25 consejeros elegidos por voto popular. Su función equivale a la de un órgano de control político interno dentro de cada gobierno regional.

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Contraloría pide corregir presupuestos antes de que avance el año fiscal

Tras detectar las omisiones, la Contraloría comunicó los hallazgos a cada gobierno regional para que adopten medidas correctivas y eviten seguir restringiendo el presupuesto destinado a fiscalización.

En conjunto, las 10 regiones observadas dejaron de asignar cerca de S/5,7 millones respecto al mínimo establecido por ley. La Libertad concentra la cifra más alta en términos absolutos: debía destinar S/2,55 millones, pero solo incorporó S/1,31 millones.

El informe también evidencia una paradoja recurrente en la gestión pública regional: los órganos encargados de supervisar el uso del dinero público dependen presupuestalmente de las mismas autoridades que deben fiscalizar.