Petroperú sigue a la espera de decreto para aval del Estado por US$2.000 millones y reperfilamiento de su deuda
Emergencia. Especialistas advierten que la empresa petrolera requiere con urgencia respaldo estatal para reprogramar deudas y recuperar operaciones a fin de salir de “cuidados intensivos”. Se espera un decreto que inyecte US$2.000 millones.
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Petroperú designó a Roger Arévalo como nuevo presidente de su directorio, el número 13 en cinco años (o 16 en una década), en medio de una urgencia por definir el rumbo financiero de la empresa estatal.
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Ministerio de Energía y Minas busca retomar la senda de recuperación y salvarla del estrés financiero que la ahoga, mientras evalúa la derogación o modificación del Decreto de Urgencia 010-2025, publicado por el régimen de José Jerí, el cual abría la puerta a la privatización y fragmentación de activos críticos.
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El Poder Ejecutivo, bajo el liderazgo de José María Balcázar, ha planteado como alternativa un aval del Estado para que Petroperú acceda a un financiamiento por más de US$2.000 millones, con el objetivo de reencauzar su producción y aliviar sus deudas. Esta medida no implicaría una inyección de recursos públicos, sino una garantía frente a la banca privada.
“Me la estoy jugando por Petroperú pero esto tiene que administrarse de manera correcta”, expresó el jefe de Estado en reunión con gremios del sector energético y transporte.
En ese contexto, especialistas consultados por este diario coinciden en que el aval es la vía, no solo más viable, sino urgente para evitar un mayor deterioro de la empresa.

La moderna Refinería de Talara es un megaproyecto de US$6.000 millones que duplicó la capacidad de refinación de petróleo de 65.000 a 95.000 barriles diarios, pero también es el principal origen del endeudamiento de Petroperú.
El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, sostuvo a La República que el respaldo del Gobierno permitiría destrabar el acceso a financiamiento sin comprometer recursos inmediatos
“Una cosa es el aval de la República del Perú con US$90.000 millones en el Banco Central de Reserva, que destinar ese dinero. El aval es lo mejor”, afirmó y explicó que "sí existen interesados en participar en el rescate financiero de la estatal, entre entidades financieras e incluso petroleras, pero que requieren una garantía estatal para concretar su apoyo".
Ochoa remarcó que la situación es crítica y requiere una intervención inmediata, debido a la falta de liquidez, es decir dinero que necesita para funcionar en el día a día como la compra de crudo, pago a proveedores y gastos operativos. Sin el apoyo de financiamiento, evalúa paradas parciales en algunas unidades y el cierre temporal de operaciones, que a lo mucho le alcanzaría una semana más.
“Tiene un activo como la Refinería de Talara que está trabajando a medias, porque no tiene capital de trabajo. Podría estar procesando 95.000 barriles, y está procesando alrededor de 60.000 en plena crisis de combustibles en el país”, detalló el también exdirector de Petroperú.
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Petroperú: reperfilar deuda y reestructurar la empresa
Por su parte, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, coincidió en que el punto de partida es reprogramar la deuda para aliviar la presión financiera de corto plazo.
“Petroperú está en cuidados intensivos. Tiene un calendario de compromisos de pago de corto plazo que lo ahorcan”, advirtió. Según explicó, el objetivo es ganar tiempo para que la empresa recupere su equilibrio.
En esa línea, sostuvo que “la opción es el aval del Estado para reprogramar su deuda”, aunque remarcó que esto debe ir acompañado de cambios.
Gamio planteó crear filiales en refinación, almacenamiento, producción y el Oleoducto Norperuano para ordenar sus operaciones y hacer más transparente su desempeño. Además, sugirió canalizar la deuda a través de un fideicomiso independiente que permita aislar las deudas y atraer inversionistas.
El exviceministro también cuestionó el rol de Proinversión en el proceso y planteó que la reestructuración sea liderada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), entidad que maneja y supervisa las empresas del Estado peruano. .
“Tiene expertise en monitoreo de la parte organizacional y corporativa. Proinversión no tiene experiencia en manejo empresarial, pero puede seguir ayudando en promover los activos y conseguir socios”, indicó Gamio.
Respecto al eventual decreto, cuya decisión se baraja desde el Ministerio de Economía, el experto consideró que dicha disposición “ya está demorando”, toda vez que Petroperú, sin capital de trabajo, está perdiendo participación de mercado (25% al cierre del 2025, frente al 36% en 2021).
Desde la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros y Afines del Perú (Fenpetrol) indicaron a este diario que lo que se espera del eventual decreto de US$2.000 millones es que no implique un desembolso de dinero del tesoro público y que ayude a reprogramar la deuda a plazos de 15 a 20 años.
Recordemos que incluso los propios acreedores de Petroperú han puesto sobre la mesa una propuesta de este orden, pero el gobierno de José Jerí y el empoderamiento transitorio de la entonces jefa del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, optaron por ignorarlas.
“Con esta medida se le dará un respiro a la actual situación de la empresa, permitiéndole que mejore y alcance la sostenibilidad del negocio petrolero en beneficio del país", manifestaron desde la Fenpetrol.
Reacciones
Pedro Gamio: “Petroperú está en cuidados intensivos: ha perdido capital de trabajo y su deuda de corto plazo la ahorca. El aval del Estado es clave para reprogramar esos pagos y recuperar su equilibrio”
Aurelio Ochoa: "El aval del Estado es la mejor salida: no implica gastar recursos fiscales y permite destrabar financiamiento incluso por más de US$2.000 millones. Petroperú hoy está operando a medias”.





























