Crece oposición social y política a la privatización de Petroperú: "Ni Fujimori se atrevió a tanto, nos dijo Martha Moyano"

Las protestas contra el decreto de urgencia (DU) que conduce la privatización de Petroperú se iniciaron el miércoles con una jornada de marchas y plantones en Lima y regiones, marcando así el inicio del paro y movilización nacional que se intensificarán la próxima semana (20 de enero).

Desde la Plaza San Martín, colectivos ciudadanos se desplazaron hacia el frontis del Congreso, pidiendo que no se ejecute la venta de Petroperú. Bajo consignas que incluyeron llamados a la vacancia de José Jerí, expresaron su preocupación, sobre un eventual impacto en la economía familiar.

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“Ya no es un tema exclusivo de los trabajadores de Petroperú, es un tema de interés nacional. La gente está comenzando a entender que esto no es solo un problema laboral, sino que puede afectar directamente el precio de los combustibles y la canasta básica”, afirmó Pablo Tello, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), en diálogo con La República.

En paralelo, se reportaron movilizaciones en Talara (Piura), donde la protesta tuvo también una alta participación ciudadana. Dirigentes sindicales de Piura, Talara e Iquitos ya se encuentran en Lima para sumarse a las siguientes medidas de fuerza que se llevarán a cabo desde el lunes 19 de enero, mientras que el Frente Patriótico de Loreto evalúa una fecha para iniciar marchas en Iquitos.

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Desde el STAPP y otros gremios, el principal cuestionamiento al decreto es que permitiría la entrega de activos estratégicos al sector privado, entre ellos los terminales y la Refinería de Talara, lo que, advierten, se traduciría en mayores márgenes de ganancia y un incremento progresivo del precio de los combustibles.

“El privado no va a asumir la deuda de Petroperú. Esa deuda la va a terminar pagando el ciudadano de a pie, mientras el privado se queda con las unidades más rentables”, sostuvo Tello. El dirigente también cuestionó la narrativa oficial que descarta una privatización, al señalar que concesiones o alquileres pueden resultar incluso más perjudiciales que una venta directa de activos.

“Se está maquillando el proceso. El alquiler es una concesión, y las concesiones han demostrado ser más dañinas para Petroperú y para el país”, afirmó.

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Fujimorismo en contra

Además del apoyo sindical y ciudadano, las protestas contra el decreto de urgencia han comenzado a recibir respaldo político desde diferentes tiendas del Congreso.

Según cuenta el dirigente, han sostenido conversaciones formales e informales con representantes de Juntos por el Perú, Perú Libre, la Bancada Socialista, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Acción Popular, quienes, afirmó, han expresado su rechazo a cualquier forma de privatización parcial o progresiva de Petroperú.

Uno de los respaldos que más llamó la atención fue el de Fuerza Popular. Según Tello, la congresista Martha Moyano fue enfática al cuestionar el decreto de urgencia y compararlo incluso con la privatización llevada a cabo durante el régimen de Alberto Fujimori.

“Ella fue tajante. Nos dijo que ni siquiera en la época de Fujimori se atrevieron a tanto, porque se conocía muy bien el rol de Petroperú como regulador natural del mercado de combustibles”, relató el dirigente sindical a este diario.

Según agregó, Moyano sostuvo que el proceso impulsado por el actual Ejecutivo supera los intentos de privatización de los años noventa, y calificó de “una locura” que un gobierno de transición impulse medidas que, a su juicio, desmantelan a la empresa estatal.

“Ella nos comentó que lo que está haciendo Jerí es una locura, porque ni en la época de los Fujimori se trató de privatizar o descuartizar al extremo a Petroperú…Imagínate que un presidente de transición va a hacer eso”, contó.

Gerente general se mantiene

Tras la tensión desatada por el asesor del Ministerio de Energía, Mario López Tejerina en el piso 21 de Petroperú, y que motivó la presentación de su carta de renuncia, la gerente general de la petrolera estatal, Rita López Saavedra, finalmente retrocedió en su postura y se mantendrá en el cargo.

La ministra de Economía Denisse Miralles, salió públicamente a defenderla, asegurando que contará con todas las facilidades para desarrollar su trabajo.

López tiene cuestionamientos por presuntos conflictos de interés, vinculados a la contratación de personas de su entorno como el de su esposo, trabajador actual.