Fitch retira calificación a Petroperú y trabajadores denuncian un quiebre inducido desde el Gobierno

El último viernes 9 de enero, transcurrido poco más de una semana de publicado el decreto que privatiza Petroperú, la agencia internacional Fitch Ratings decidió retirar todas las calificaciones crediticias de la petrolera y dio por terminada su cobertura analítica, alegando que "no cuenta con información suficiente" para sustentar una evaluación.

En su comunicación al mercado, la calificadora advirtió que la liquidez de Petroperú es débil y que las conversaciones con el Gobierno continúan en curso, lo que incrementa la incertidumbre y deja a la empresa fuera del universo de emisores que Fitch analiza de forma periódica.

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Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), la decisión de Fitch no responde a un problema técnico aislado, sino a una crisis de conducción. "Cuando una agencia internacional retira calificaciones por insuficiencia de información, el mensaje es claro: faltan decisiones, claridad, gestión y responsabilidad", señalaron en un pronunciamiento.

A su juicio, se evidencia una clara intencionalidad del Gobierno de dejarla quebrar, al no garantizar el capital de trabajo necesario para que Petroperú pueda comprar crudo, refinarlo y sostener sus operaciones.

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Según el gremio, este escenario pudo evitarse con una conducción ordenada, cronogramas claros, transparencia oportuna y un plan de estabilización coherente y verificable. Por el contrario, advirtieron que la actual gestión ha profundizado la incertidumbre con señales contradictorias y ausencia de liderazgo.

"Petroperú es parte de la seguridad energética del Perú. Si se debilita su credibilidad, se afecta la cadena de abastecimiento, el financiamiento, la operación y la estabilidad institucional", indicaron.

Inestabilidad y ausencia de liderazgo agravan la crisis de Petroperú

El sindicato también apuntó a la inestabilidad en la alta dirección de la empresa. De acuerdo con el STAPP, en apenas dos meses de gobierno Petroperú ha tenido cinco presidentes de directorio y cuatro gerentes generales, una situación que, afirman, ha afectado gravemente la credibilidad institucional ante acreedores, inversionistas y proveedores.

Además, el gremio rechazó el discurso oficial que responsabiliza a los trabajadores por la crisis de la empresa. "Se han equivocado de enemigo. Esa narrativa es injusta y peligrosa: desvía la atención, fractura a la organización, paraliza la operación y debilita el capital humano que sostiene la continuidad del servicio público energético", expusieron.

En ese contexto, el STAPP solicitó al presidente de la República José Jerí evaluar la continuidad del presidente del Consejo de Ministros Ernersto Álvatez y de los titulares de Economía (Denisse Miralles) y Energía y Minas (Luis Bravo De la Cruz), a quienes responsabilizan por una conducción que, según señalan, ha golpeado la reputación de Petroperú y abierto espacio a mayor incertidumbre.

"Desde que asumieron han mantenido una conducta pública y política que golpea a Petroperú, deteriora su reputación y abre espacio a mayor incertidumbre, en vez de conducir una estabilización seria y técnica", sostuvieron.

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Petroperú enfrenta mayores barreras para financiarse

Los trabajadores advirtieron que la retirada de la calificación de Fitch tiene consecuencias como mayores restricciones para acceder a financiamiento internacional, encarecimiento de operaciones y riesgos para la sostenibilidad de la empresa y la seguridad energética nacional.

Ante ese escenario y considerando que la decisión de Fitch podría presionar a las otras calificadoras que aún siguen a la empresa estatal, como S&P Global Ratings; el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú demanda medidas inmediatas orientadas a recuperar confianza y gobernabilidad:

• Transparencia y provisión de información suficiente, consistente y oportuna, para evitar que se repitan situaciones como la descrita por Fitch.
• Conducción técnica y unificada del proceso de estabilización, con una hoja de ruta pública, metas y responsables.
• Cese de la estigmatización del trabajador y garantías de respeto a la dignidad laboral.
• Instalación de un espacio formal de diálogo con los trabajadores y sus organizaciones, porque no existe reorganización viable sin legitimidad interna.