Fondo Minero: plantean crear mecanismo para dinamizar un mercado formal para la minería artesanal

La expansión de la minería artesanal y a pequeña escala sigue en el centro de la agenda nacional. Ante la ausencia de políticas públicas en el país y el fracaso del proceso de formalización de este sector, Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad, planteó una hoja de ruta que incluye incentivos para mejorar la productividad de la Mape no vinculada a la minería ilegal.

Con el fin de alcanzar este objetivo, Casas apunta a desarrollar un mercado de servicios para la Mape a través de la creación de un Fondo Minero y la implementación de un programa de capacitación en temas ligados a la exploración, desarrollo y explotación. En su opinión compartida en el marco del XXXVI Seminario Anual de Investigación CIES 2025, el Estado debe poner énfasis particular en este sector debido a su crecimiento impulsado por el alza de los precios de metales.

Como se recuerda, el Ministerio de Energía y Minas había anunciado la creación de este fondo para la Mape, el cual iba a estar listo en julio de este año. Si bien se difundieron sus ventajas como facilitar el acceso al crédito, la comercialización y la mejora productiva, lo cierto es que dicho mecanismo fue incorporado como planteamiento dentro de los aportes del Ejecutivo a la nueva Ley Mape.

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Plantean hoja de ruta para el desarrollo de la Mape

El enfoque central de la alternativa de política propuesta por Casas es fomentar el desarrollo de la Mape ni ilegal y eliminar la minería ilegal a través de una regulación y supervisión efectivas. Para lograrlo, se propone crear información confiable e implementar una campaña de difusión masiva que explique los beneficios de la formalización.

De igual forma, se plantean acciones concretas de erradicación de la minería ilegal y la creación de un régimen simplificado de inscripción y regulación, considerando que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no ha generado resultados. Un componente fundamental es la asistencia técnica a los mineros de la Mape informal para que puedan cumplir los requisitos establecidos.

Otros factores importantes incluyen un aumento significativo de los recursos destinados a la formalización y la creación de un sistema eficiente para la resolución de conflictos entre mineros y titulares de concesiones. Pero esto no es todo, su hoja de ruta ordena dichas medidas en diversos horizontes temporales.

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Para los primeros 100 días, se prevé la creación de una nueva coordinación en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la cual contará con un mandato y apoyo político claramente definidos, además del desarrollo de una estrategia con metas claras. En este mismo periodo, se plantea diseñar una campaña de comunicación dirigida por el gobierno con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la minería ilegal y evidenciar el compromiso con esta medida.

En el caso del Fondo Minero, su diseño e implementación se deberá realizar en el plazo de 1 año, junto con la campaña de comunicación y un programa de capacitación técnica. Además, se propone implementar el sistema tributario de trazabilidad para la Mape, así como reemplazar el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro por un sistema de registro más especializado.

En un plazo de 5 años, se espera contar con un sistema de control para plantas de procesamiento completamente operativo, así como un sistema de información funcional que pueda proporcionar datos claros para facilitar la toma de decisiones.

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Barreras para la formalización minera en Perú

De acuerdo con Carlos Casas, la minería formal es un pilar fundamental de la economía peruana, ya que representa el 11% del PBI en el 2024. No obstante, existe una clara falta de compromiso presupuestario por parte de las autoridades con la formalización minera. En el 2024, los recursos asignados para este propósito equivalieron apenas al 0,0099% del presupuesto.

Como resultado, las unidades económicas de la MAPE no ilegales se han desarrollado en un contexto de precariedad social, ambiental y laboral. A esto se añaden diversos obstáculos para la formalización, incluyendo las barreras de acceso a las cadenas de valor formales, la falta de servicios productivos accesibles y la carencia de servicios relacionados con la comercialización para estos productores.

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Además, la inexistencia de un sistema eficiente de trazabilidad y la presencia de un registro de plantas de procesamiento (RECPO) poco claro complican aún más este escenario. No hay que dejar de lado que la carencia de supervisión provoca fuertes asimetrías en la información, lo que resulta en que los productores solo obtengan una mínima parte del valor que generan.

Otros desafíos importantes son los conflictos relacionados con las concesiones mineras, donde los mineros informales operan en concesiones de grandes empresas, el nulo acceso al crédito formal y la limitada capacidad del Estado para llevar a cabo una política efectiva que impulse la productividad y la formalización de la MAPE no ilegal.