Perú sigue rezagado en reducción de pobreza y vulnerabilidad, según informe del Banco Mundial

En medio de una economía global marcada por la incertidumbre, América Latina y el Caribe (ALC) registraron en 2024 uno de los avances más significativos de las últimas dos décadas en la reducción de la pobreza. Sin embargo, el impulso empieza a moderarse y las brechas estructurales —entre ellas la baja productividad, la informalidad persistente y una desigualdad que continúa entre las más elevadas del planeta— amenazan con contener el progreso social logrado desde la pandemia.

El nuevo informe “Tendencias recientes de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe 2025”, elaborado por la Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, revela que la pobreza regional retrocedió hasta 25,5% en 2024, el nivel más bajo de todo el siglo XXI. Y aunque se proyecta una ligera mejora adicional para 2025, cuando la tasa llegaría a 25,2%, el propio organismo advierte que la región se está moviendo más lentamente que otras economías de ingreso medio-alto. En el caso del Perú, el Banco Mundial subraya que, pese al avance regional, la recuperación es más lenta

Este panorama es especialmente relevante porque el retroceso de la pobreza tras la pandemia continúa siendo un punto crítico para el país. Mientras la región registra su nivel más bajo del siglo, Perú aún mantiene tasas superiores a las de 2019, lo que evidencia una recuperación más frágil y una mayor vulnerabilidad estructural.

A ello se suma que, si bien desde 2022 la reducción de la pobreza en ALC ha sido proporcionalmente mayor que en otras regiones del mundo —incluso superando a Asia Oriental en ritmo de avance—, el Banco Mundial advierte que esta mejora se da en un contexto de crecimiento económico modesto, con un PIB regional que avanzó apenas 2,2% en 2024 y que sigue por debajo de los niveles de economías más dinámicas.

Más de un tercio de la clase media sigue vulnerable

La recuperación también ha impulsado el crecimiento de la clase media, que alcanzó un récord histórico: 42,8% de la población. Pero la cifra esconde un rasgo estructural que condiciona la estabilidad regional: la vulnerabilidad permanece anclada en 32%, sin cambios relevantes en la última década.

Países como Uruguay y Chile concentran las mayores proporciones de clase media (más del 67%), mientras que Perú y El Salvador se ubican entre los más vulnerables, con cerca del 40% de su población en riesgo de caer nuevamente en pobreza.

Sobre el caso peruano, el economista Fernando Cuadros advierte que una parte importante de esta vulnerabilidad responde a que “en Perú, en realidad, todavía no hemos recuperado los niveles de pobreza previos a la pandemia”. Recuerda que, mientras la pobreza monetaria fue de 20% en 2019, en 2024 cerró en torno a 27%, es decir, siete puntos porcentuales por encima del nivel prepandemia.

Este retroceso está directamente vinculado a una menor capacidad adquisitiva, más subempleo, mayor informalidad y una caída del empleo adecuado.

Por otro lado, El Caribe muestra un patrón llamativo: aunque registra menores niveles de pobreza monetaria, presenta altísima vulnerabilidad (36%), en un contexto donde más de tres cuartas partes de los hogares están expuestos a desastres naturales.

Uno de cada tres pobres es menor de 18 años

La distribución etaria de la pobreza en ALC refleja una marcada desigualdad intergeneracional. Uno de cada tres pobres es niño o adolescente, una proporción que no ha cambiado en diez años.

El patrón se invierte entre los adultos mayores: solo representan el 5,6% de quienes viven en pobreza, pero más del 15% de la clase media gracias a la acumulación de activos y acceso a pensiones.

Asimismo, entre 2016 y 2024 se registró un aumento educativo generalizado, sobre todo entre los hogares pobres, donde la proporción de personas con educación secundaria completa llegó a crecer 5,8 puntos porcentuales.

Pero este avance no se traduce en mayores ingresos. Según el informe, los retornos a la educación se han debilitado, reflejando mercados laborales poco dinámicos y una estructura productiva incapaz de absorber mano de obra calificada.

Informalidad sigue siendo el nudo crítico

La informalidad laboral se mantiene estable o al alza en la mayoría de países. También sigue altamente estratificada:

• 8 de cada 10 trabajadores pobres están en empleos informales.
  
• En la clase media, la informalidad cae a un tercio.

El estancamiento del trabajo asalariado formal entre los pobres, y el aumento del trabajo por cuenta propia, perpetúa el círculo de baja productividad y frágiles ingresos.

“Los trabajadores pobres son básicamente trabajadores que laboran en condición de informalidad, sobre todo como autoempleados precarios ante la imposibilidad de encontrar un empleo asalariado”, subraya Cuadros.

Advierte que la informalidad peruana es un problema estructural derivado de la insuficiente capacidad de la economía para generar empleo asalariado formal. 

“En el Perú, solo la mitad de quienes trabajan tiene un empleo asalariado, mientras que en países desarrollados llega al 90%”, remarca. Y recuerda que el empleo asalariado es el que ofrece mejores ingresos, protección social, pensiones y derechos laborales.

Ahora bien, el deterioro laboral está asociado al estancamiento de la productividad. Esta creció de forma importante entre 2005 y 2015, pero entre 2016 y 2019 se estancó, y luego cayó con la pandemia.

“Hoy tanto la economía como la productividad crecen poco: son tasas muy pequeñas, poco dinámicas”, explica.

Una parte de la población nunca salió realmente de la pobreza en términos estructurales: “Un 27% es pobre monetario, otro 30% es vulnerable. Su salida fue coyuntural, no estructural”.

Pobreza persistente

Los paneles de datos analizados confirman que la pobreza en ALC es altamente persistente.

• En Brasil, 76% de los hogares pobres permanece pobre tras un año.
  
  
• En República Dominicana, el porcentaje es de 57%.
  
  
• En El Salvador y Perú, cerca del 83% de los hogares no pobres logra mantenerse fuera de la pobreza.

Para el profesor de ESAN y socio del Estudio Muñiz, César Puntriano, este dato muestra que, a pesar de los avances, la vulnerabilidad limita la movilidad social real y empleos de mejor calidad.

Cuadros coincide y agrega que la vulnerabilidad peruana refleja que “no se han resuelto los factores estructurales que permiten salir permanentemente de la pobreza”. Menciona como claves la educación pública de calidad, salud adecuada, seguridad ciudadana y transporte eficiente.

Movilidad laboral y creación de empleo

El informe reconstruye miles de trayectorias laborales y llega a una conclusión contundente: trabajar —y trabajar mejor— importa más que cualquier otro factor.

• Cuando un jefe de hogar obtiene empleo, la probabilidad de salir de la pobreza aumenta 26,5 puntos porcentuales.
  
• Si además mejora de ocupación —ascendiendo a un puesto de mayor calificación—, la probabilidad sube otros 8,9 puntos.
  
• Por el contrario, perder el empleo incrementa en 15,7 puntos la probabilidad de caer en pobreza.

Cuadros subraya que, pese a ello, la mayoría de cambios laborales ocurre entre trabajos informales o de baja calificación, lo que limita mejoras reales.

Asimismo, Puntriano advierte que las cifras regionales deben analizarse con cautela cuando se trata del Perú, puesto que si bien se redujo su pobreza a 27,6% en 2024 —según el INEI—, recuerda que el país aún está lejos del nivel prepandemia de 2019, que era de 20,2%. 

“Estamos casi 7 puntos arriba de ese año de referencia”, remarca y detalla la trayectoria reciente: 30,1% en 2020, 25,9% en 2021, 27,5% en 2022, 29% en 2023 y 27,6% en 2024.

En esa línea recuerda que la caída sostenida de la pobreza durante los años 2000 y 2010 se debió al fuerte crecimiento del PBI, en torno al 6% anual.

“Para que haya más empleo y más igualdad, tiene que haber crecimiento, y el crecimiento viene de la inversión privada”, afirma. “Y la inversión privada requiere seguridad jurídica”.

En ese sentido, Puntriano explica que la incertidumbre sobre la tercerización es un ejemplo claro de la inestabilidad regulatoria.

“Las empresas están esperando un fallo de la Corte Suprema sobre la validez del decreto supremo restrictivo que dejó el expresidente Castillo”, señala.

Critica duramente que el Ministerio de Trabajo no haya derogado la norma a pesar de que el propio Ejecutivo se había dado un plazo para hacerlo. “Se derogó solo la norma sobre la asistenta social, pero no la referida a la tercerización. Eso no fomenta por ningún lado la inversión”, advierte.

Si la Corte Suprema avala la norma, podrían reactivarse fiscalizaciones, juicios y nuevos costos para las contratistas.

Cabe mencionar que la inseguridad ciudadana desincentiva la inversión y afecta directamente la creación de empleo. Además, la informalidad juvenil —que alcanzó 20,4% en 2024— requiere una respuesta estatal más activa.

Reformas laborales necesarias

Para impulsar la formalidad laboral, Cuadros plantea un diagnóstico que desmonta lugares comunes: “la regulación laboral peruana no es costosa ni rígida”. Explica que, pese a la existencia de regímenes promocionales —como el agrario y el de las mypes— que redujeron derechos laborales, estos no generaron la formalización masiva que prometían.

Recuerda, además, que el mayor avance en empleo formal ocurrió entre 2005 y 2015, cuando el crecimiento económico fue el principal motor, no las flexibilizaciones normativas. A ello se suma que, en el sector formal, dos de cada tres trabajadores privados tienen contratos temporales, lo que evidencia que la normativa vigente permite amplios márgenes de contratación.

Con ese escenario, Cuadros sostiene que la discusión no debe centrarse en recortar derechos, sino en corregir distorsiones, fortalecer instituciones laborales y elevar la productividad. Estas son las reformas que considera prioritarias:

• Limitar el uso discrecional de los contratos temporales.
  
• Evitar la desnaturalización de los contratos modales.
  
• Fortalecer la negociación colectiva.
  
• Mantener un sistema de despido basado en causas objetivas y claras.
  
• Reforzar la inspección laboral.
  
• Impulsar políticas que mejoren la productividad empresarial y faciliten la formalización sin recortar derechos.

América Latina es la región más desigual del mundo

Pese a la reciente reducción en la pobreza y avances en educación, América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del planeta.

El coeficiente de Gini regional cerró 2024 en 49,1 puntos, por encima del umbral que el Banco Mundial considera “alta desigualdad”. Aunque la cifra es 2,3 puntos menor que en 2016, el progreso es limitado.

Además:

• El 20% más rico concentra 54% del ingreso total.
  
• El 20% más pobre apenas recibe 4% del ingreso.
  
• Brasil y Colombia siguen siendo los países más desiguales.
  
• Uruguay, El Salvador y República Dominicana muestran estructuras distributivas relativamente menos concentradas.

El crecimiento reciente de los ingresos laborales y no laborales fue más favorable para los hogares de ingresos bajos y medios, pero insuficiente para revertir las brechas históricas.

Alertas para el futuro

El Banco Mundial advierte que el ciclo de mejoras rápidas en los indicadores sociales podría agotarse entre 2025 y 2027. La región enfrenta un conjunto de presiones simultáneas que amenazan con desacelerar la reducción de la pobreza y limitar el avance económico. Entre los factores de mayor impacto se encuentran:

• La persistencia de la inflación en servicios y una reducción más lenta de las tasas de interés, lo que mantiene elevados los costos financieros para hogares y empresas.
  
• Déficits fiscales crecientes, que reducen el espacio disponible para políticas sociales y para sostener programas que han sido claves en la disminución de la pobreza.
  
• Una caída significativa de la inversión extranjera directa, con una contracción más severa en el Cono Sur, que limita la capacidad de la región para generar empleo de calidad.
  
• Incertidumbre creciente en las reglas del comercio internacional y disrupciones en las cadenas globales de suministro, lo que afecta a las economías más dependientes de exportaciones de manufacturas y bienes primarios.
  
• Un escaso dinamismo en la productividad laboral, que restringe la posibilidad de elevar ingresos y competitividad.

Debido a este entorno menos favorable, la reducción anual de la pobreza en América Latina y el Caribe se desacelerará de forma pronunciada: el informe estima que caerá a solo 0,3 puntos porcentuales por año, es decir, la mitad del ritmo registrado entre 2022 y 2024.

Frente a este panorama, el Banco Mundial sostiene que la región necesita reformas estructurales más profundas y sostenidas para evitar un nuevo estancamiento social. Entre las prioridades plantea:

• Impulsar sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo y las energías renovables, que tienen potencial para generar empleo masivo y mayores encadenamientos productivos.
  
• Mejorar la calidad educativa y articularla de manera más estrecha con las necesidades del sector productivo.
  
• Fortalecer los sistemas de capacitación laboral, orientados a ofrecer ascensos ocupacionales reales y no solo inserción básica.
  
• Reducir las barreras a las transiciones laborales y promover activamente la formalización.
  
• Profundizar los mercados de capital, modernizar la infraestructura y actualizar los sistemas tributarios para hacerlos más eficientes y progresivos.

El organismo advierte que, sin estas transformaciones, la región corre el riesgo de repetir el patrón de las últimas décadas: avances puntuales, pero sin cambios estructurales capaces de sostener el progreso social en el tiempo.