Extorsiones golpean préstamos a empresas de transporte y construcción en más de S/2.400 millones

Cada llamada de amenaza, cada “cupo” exigido, obra o negocio paralizado por miedo se traduce hoy en menos crédito, menos inversión y menos confianza. La ola de extorsiones se ha convertido en un factor económico que frena el crecimiento y altera la dinámica del sistema financiero.

Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, los préstamos de los bancos al sector transporte se redujeron en S/551 millones, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). También cayeron los créditos en construcción, actividades inmobiliarias y enseñanza, sectores donde las extorsiones se han vuelto parte del día a día.

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En la construcción, la reducción fue de S/219 millones, en inmobiliarias el crédito cayó en S/1.222 millones, y en educación, en S/139 millones. Las empresas financieras, que atienden principalmente a micro y pequeñas empresas. muestran también un retroceso. En transporte, los préstamos cayeron en S/126 millones, construcción (-S/118 millones), actividades inmobiliarias (-S/97 millones) y enseñanza (-S/17 millones). En conjunto, la contracción supera los S/2.400 millones en ambos sistemas.

"La inseguridad ya tiene un efecto sobre el crédito"

En diálogo con La República, el economista Arturo García, docente de ESAN y presidente del Comité de Empresa, Banca y Finanzas del Colegio de Economistas de Lima, sostuvo que el sistema financiero refleja directamente el comportamiento de la economía real, y hoy la inseguridad se ha convertido en un factor determinante.

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"El sector financiero es el espejo del sector real. Si la economía crece, el sector financiero crece; pero si la economía enfrenta inseguridad y extorsión, eso afecta a todos los sectores y, sobre todo, a las microempresas y pequeños negocios", explicó García.

El especialista precisó que los efectos de la actividad económica se trasladan al crédito con un rezago de entre cuatro y seis meses. En ese contexto, el incremento de las actividades delictivas durante los últimos meses ya empieza a reflejarse en una mayor cautela de la banca.

"Las entidades financieras ven a estos negocios —especialmente los más pequeños en transporte o construcción— con mayor riesgo y, por lo tanto, con menor capacidad de pago. Esto los hace sujetos de menores niveles de crédito", afirmó.

Para García, la inseguridad y las extorsiones no solo afectan la liquidez (dinero inmediato) de las empresas, sino también su capacidad de operar y su voluntad de crecer.

"Muchos pequeños han cerrado, otros emprendimientos ya no se han dado, y los que siguen activos han reducido su nivel de actividad. Tienen que destinar recursos no solo a pagar extorsiones, sino también a incrementar medidas de seguridad", detalló.

Los sectores más expuestos son también los más morosos

En la misma línea, el economista César Antúnez, especialista en finanzas, señaló que los sectores más afectados por la inseguridad —como construcción, transporte e inmobiliarias— coinciden con los de mayor morosidad.

"Construcción tiene una morosidad de 13,9%, la más alta de todos los sectores. Transporte está en segundo lugar con 5,1%. Educación tiene una tasa menor, pero igual presenta dificultades. Son sectores donde la actividad depende mucho del día a día y son más fáciles de extorsionar", indicó.

Antúnez explica que en el caso de la construcción, “es vox populi” que ninguna obra —grande o pequeña— está libre de extorsión. "Las extorsiones han subido el cupo, el gasto. Se paga no solo a subcontratistas, sino a personas que teóricamente hacen guardianía, pero muchas veces ni siquiera están en campo. Eso ha elevado costos y afectado la morosidad", agregó.

Según el especialista, la banca está respondiendo con mayor rigidez. "Estas restricciones que ha sentido el último año, cuando la extorsión comenzó a ponerse más fuerte, han hecho que los bancos exijan mayores garantías y sean más estrictos en sus políticas de crédito. Piden estados financieros más sólidos o garantías reales que puedan ejecutar en caso de impago", explicó.

La inseguridad encarece el crédito y promueve la informalidad

El docente de ESAN, Arturo García, advierte que el aumento del riesgo percibido por las entidades financieras encarece el costo del crédito y restringe el financiamiento a los sectores más vulnerables.

"Al ser sectores de mayor riesgo por el tema de extorsiones, deben destinar parte de sus ingresos a pagar cupos o reforzar su seguridad. Eso reduce su capacidad de pago, y los bancos responden con mayor rigurosidad o tasas más altas. El crédito se vuelve más caro", explicó.

Antúnez coincide y añade que la morosidad alta obliga a los bancos a elevar sus provisiones, lo que también incrementa las tasas.

"Al tener mayor riesgo, los bancos se cubren con una tasa más alta, porque deben hacer más provisiones, que son un gasto que reduce su utilidad. Esa menor rentabilidad la trasladan a las tasas", dijo.

Además, advierte que las pequeñas y medianas empresas han sido las más golpeadas.

"Los bancos han ido dejando a las medianas —donde están transporte y construcción— para enfocarse en pequeñas empresas y tratar de reducir la morosidad. Pero eso ha restringido el crédito formal para muchos emprendedores", explicó.

Efecto regional y diferencias entre entidades

Antúnez también precisa que el impacto de la inseguridad es mayor en la costa, donde se concentra la banca comercial, mientras que las cajas regionales han resistido mejor. "Las extorsiones se sienten más en la costa, donde están los bancos. En la sierra y la selva, donde predominan las cajas, el efecto ha sido menor. Las cajas son más regionalistas —Cusco, Arequipa— y su cartera no está tan expuesta a la inseguridad urbana", señaló.

El experto añadió que, en transporte, la informalidad agrava el problema. "El transporte no es un mercado muy formal. La mayoría cobra en efectivo y no tiene contabilidad sólida. Cuando van a pedir crédito, no presentan estados financieros consistentes. Por eso los bancos son más restrictivos", explicó.

Criminalidad en aumento

Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), los casos de extorsión aumentaron 478% entre 2019 y 2024, al pasar de 3,872 a 22,400 denuncias. Solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron 20,705 denuncias, un alza de 28,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El analista de datos Juan Carbajal advierte que los casos de extorsión ya representan el 82% del total de 2024, lo que anticipa un nuevo récord. Las regiones más golpeadas son Lima (8,670 denuncias), La Libertad (3,097), Piura (2,054), Lambayeque (715) y Callao (633), que concentran el 78,4% de los casos.

En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que el Perú pierde S/19.000 millones anuales por la inseguridad, mientras que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que "la escalada de violencia que se vive desde 2021 afecta especialmente a sectores con alta informalidad, como transporte, comercio y construcción.

Ambos economistas coinciden en que la ley que fijó topes a las tasas de interés —aprobada por el Congreso hace tres años— agravó el problema del crédito formal.

"Esa ley afectó la inclusión financiera. Muchos pequeños negocios quedaron fuera del sistema y recurrieron al crédito informal. Fue una medida contraproducente que alimentó las actividades delictivas vinculadas a la extorsión", sostuvo García.

Antúnez sostiene que el mercado debe funcionar bajo el libre juego de la oferta y demanda. "Las tasas deberían ajustarse según el perfil de riesgo. Poner topes distorsiona el sistema y reduce el acceso al crédito", puntualizó.

Un reto para el nuevo gobierno

Finalmente, García destacó que el nuevo gobierno transitorio —tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jeri— debe colocar la seguridad como prioridad nacional.

"Más allá de los efectos económicos, está el tema de la seguridad de las personas. Este gobierno tiene que hacer gestión en ese tema. Es importante reactivar el Acuerdo Nacional con participación de todos los agentes económicos para definir medidas que disminuyan este impacto", remarcó.

Antúnez coincidió en que el crecimiento y la recuperación de la confianza serán claves para revertir la tendencia. "Si mejora la seguridad, la confianza empresarial y la inversión en infraestructura, la morosidad puede bajar. Al haber menos interrupciones de obra o atrasos, las empresas podrán volver a solicitar créditos con normalidad", concluyó.