Economía

Gasoducto del Sur: MEF contrata al estudio Arnold & Porter para defender al Perú ante el CIADI

De acuerdo con la resolución ministerial, el MEF destinará más de S/10 millones para la contratación de la defensa jurídica solicitada por la Comisión Especial. Perú busca revertir la millonaria indemnización a Enagás por el caso Gasoducto Sur.

El estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP asumirá la defensa del Estado peruano por el caso Gasoducto Sur. Foto: composición LR/Bloomberg/CIADI
El estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP asumirá la defensa del Estado peruano por el caso Gasoducto Sur. Foto: composición LR/Bloomberg/CIADI

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la contratación del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP que brindará asesoría legal al Estado peruano en el proceso de anulación parcial del laudo emitido en el caso Enagás. De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 394-2025-EF/43, el costo de la defensa asciende a S/10 millones 181.250, el cual está previsto para los años 2025,2026 y 2027.

Como se recuerda, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), resolvió en mayo pasado aumentar a US$302 millones la indemnización que nuestro país deberá pagar a la compañía española por la cancelación del proyecto de Gasoducto del Sur (GSP).

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Gasoducto del Sur: MEF contrata estudio para defender a Perú ante el CIADI

El arbitraje ante el CIADI se remonta al 2017 cuando gobernaba el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En aquel año, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, ya había adelantado que el gobierno decidió terminar el contrato de concesión debido a que el consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero, no logró demostrar que tenía la capacidad financiera para concluir la obra.

Tras resolver la relación contractual el 23 de enero del 2017, las empresas interpusieron una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, contra el Estado peruano. Siete años después, el CIADI le dio la razón a Enagás y ordenó a nuestro país a pagarle US$194 millones, lo cual equivale a S/721 millones.

No obstante, un nuevo fallo del tribunal publicado en mayo, incrementó el monto de compensación a cerca de US$302 millones, luego de acoger parcialmente la solicitud de rectificación presentada por la compañía española. De acuerdo con Enagás, el impacto contable de este fallo será incluido en sus estados financieros del primer semestre de 2025.

En respuesta a ello, el MEF sostuvo a través de un comunicado que "el inicio del procedimiento de anulación contra este laudo representa la continuación de una búsqueda del Estado peruano en lograr una adecuada administración de justicia en el sistema de solución de controversias inversionista-Estado".

Con la elección del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, que asumirá la defensa jurídica durante el proceso, el Estado peruano buscará suspender la ejecución del laudo, cuyo proceso inició formalmente el 2 de junio de este año. Dieciséis días después, el organismo internacional conformó el Comité Ad Hoc que se encarga del expediente.

Otros arbitrajes

La cancelación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) no es el único caso que ha ingresado a un litigio internacional. Nuestro país ha sido demandado ante el CIADI por diversas empresas extranjeras como la firma Brookfield que reclama una restitución de más de US$2.700 millones por el valor de Rutas de Lima S.A.C.

Otro caso es el que involucra al grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, que inició un arbitraje tras una serie de diferencias contractuales y cuestionamientos a la ejecución por la Línea 2 del Metro de Lima. Finalmente, el consorcio Kuntur Wasi, integrado por la peruana Andino Investment Holding y la argentina Corporación América, deberá recibir una compensación por US$91 millones por la terminación del contrato de concesión para la construcción y operación del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, en el 2018.

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