Congreso aprueba reducir el impuesto predial para personas con discapacidad
Beneficio. Con 78 votos a favor, el Parlamento dio luz verde, en primera votación, a una ley que permitirá descontar hasta 50 UIT del cálculo del impuesto predial para quienes acrediten discapacidad.
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Con 78 votos a favor, 16 abstenciones y 1 en contra, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio que establece una deducción en el cálculo del Impuesto Predial para personas con discapacidad.
El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, explicó que la medida "promueve un marco legal que permitirá a las personas con discapacidad acceder a rebajas sobre tributos municipales, apoyándolos en su condición socioeconómica y facilitando su acceso a descuentos o exoneraciones".
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La iniciativa señala que las personas con discapacidad que sean propietarias de un solo predio —a su nombre o de la sociedad conyugal—, destinado exclusivamente a vivienda, podrán descontar hasta 50 unidades impositivas tributarias (UIT) de la base imponible para el cálculo del Impuesto Predial.
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Por ejemplo, si se calculan con los indicadores vigentes de este año, el valor de la vivienda se reducirá en S/267.500 (equivalente a 50 UIT al valor actual de S/5.350 cada una) antes de calcular el tributo. El beneficio aplicará únicamente a quienes perciban un ingreso bruto mensual no mayor a una UIT (S/5.350). Respecto a este punto, la parlamentaria Susel Paredes se mostró en contra toda vez que dicho monto representa un importe elevado.
"Hay que rebajar ese monto. Quien gana S/5.350 puede pagar su predial. ¿Por qué no ajustamos al promedio de sueldo que tiene un maestro?", expresó.
El congresista Jaime Quito Sarmiento, autor de la propuesta legislativa, recordó que se esperaba que el dictamen se debata en el Pleno desde el 2021, pese a haber sido aprobado por unanimidad en las comisiones de Economía y de Personas con Discapacidad.
Enfatizó que la iniciativa busca beneficiar a las personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del país. A su vez, el congresista Ilich López indicó que el Parlamento está dando la regla general y la reglamentación corresponderá al Gobierno. Agregó que el espíritu de la norma también busca respaldar a los familiares que atienden a personas con discapacidad.
La ley establece que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y tendrá una duración inicial de tres años, aunque podría ser prorrogada según la normativa general sobre beneficios tributarios.
"No especifica tipo de discapacidad"
Durante el debate, la congresista Norma Yarrow expresó su preocupación porque el texto “no especifica el tipo de discapacidad”, y planteó que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) emita los carnés necesarios para acceder al beneficio.
En la misma línea, la parlamentaria Francis Paredes respaldó la norma, pero pidió precisar el alcance de la condición de discapacidad, con el fin de evitar que personas en buena situación económica reciban una rebaja tributaria que debería priorizar a los sectores más necesitados.
"Hay que ver en qué condición se encuentran estas personas", apuntó. Ilich López agregó que cuando se analiza a las personas con discapacidad "se entiende que tienen limitaciones para hacer determinadas actividades en líneas generales".
En los próximos siete días calendario profundizarán en el tema, indicó el presidente de la Comisión de Economía.
