Congreso: buscan otorgar bono de S/400 por tres meses a trabajadores sin empleo formal
Proyecto busca entregar una ayuda económica temporal a trabajadores sin contrato ni cobertura social, con prioridad en regiones con alta informalidad, pobreza o desnutrición.
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Una nueva propuesta legislativa busca aliviar la vulnerabilidad económica de miles de peruanos que, al no contar con un empleo formal ni cobertura social, enfrentan sin protección las consecuencias de emergencias sanitarias, crisis económicas o desastres naturales. Se trata del proyecto de ley n.° 11804, que propone establecer un Bono Familiar de Emergencia dirigido a los trabajadores informales más expuestos a la pobreza y la exclusión social.
El bono consistirá en una transferencia mensual de S/400 por hasta tres meses, prorrogables mediante decreto supremo, y será implementado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Los fondos provendrán del Fondo de Estabilización Fiscal, recursos del Tesoro Público, cooperación internacional y donaciones.
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Entre los beneficiarios se consideran:
- Jornalero(a)s rurales
- Vendedores ambulantes
- Madres solteras sin empleo formal
- Trabajadores de construcción civil sin contrato
- Mototaxistas, recicladores, feriantes y pescadores artesanales
Bono S/400: requisitos, según propuesta
El requisito clave para acceder al bono es estar clasificado como hogar pobre, pobre extremo o en situación de exclusión según el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares). La implementación se realizará con un registro simplificado y validado con geolocalización y verificación posterior, en coordinación con gobiernos locales y plataformas digitales.
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En un anterior diálogo con La República, la extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, indicó que una ayuda económica sobre todo debe ir para familias que están en situación de pobreza extrema, "porque esta hace que no tengan siquiera capacidad de alimentarse con lo mínimo, y eso lo que va a hacer es generar problemas a toda una generación".
"Entonces habría que tener una estrategia de atención directa a personas en situación de pobreza extrema, que puede ser un bono, pero que puede ser otro tipo de intervenciones también", apuntó.
Además, el referido proyecto incluye mecanismos de fiscalización y transparencia, como el control concurrente por parte de la Contraloría General de la República y la publicación de un padrón digital abierto para garantizar la vigilancia ciudadana.
La iniciativa parte de una mirada más amplia sobre la pobreza estructural (27,6% al cierre del 2024, es decir más de 9 millones) y la necesidad de brindar soporte a los familiares cuidadores de pacientes hospitalizados, especialmente en casos de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades mentales.
Según la exposición de motivos, estos acompañantes suelen enfrentar condiciones indignas durante las hospitalizaciones: duermen en pasillos, se alimentan por caridad o incluso dejan de comer por falta de recursos.
“El derecho a la salud no puede entenderse como atención médica aislada del contexto familiar”, señala el proyecto. La ausencia de apoyo a estos cuidadores genera deserción del acompañamiento, debilitando el proceso terapéutico, y representa una vulneración indirecta del derecho a la salud del paciente.
El bono, por tanto, busca no solo aliviar el impacto económico inmediato, sino también contribuir a la estabilidad emocional del paciente, reducir recaídas médicas, evitar el abandono de tratamientos y prevenir la pérdida de ingresos informales de los cuidadores.
