OIT: desocupación en Perú aumenta y la informalidad supera con creces a países de Latinoamérica

Los niveles de participación y ocupación laboral en los países de Latinoamérica siguen siendo inferiores a los registrados en 2012, una muestra de estancamiento e insuficiente creación de empleo en la región, reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reciente informe laboral 2024 de América Latina y el Caribe.

“El panorama sigue siendo preocupante: estamos en el mismo punto que hace 10 años. El crecimiento económico se desacelera y las deficiencias estructurales en la generación de empleo persisten”, alertó Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT.

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Para el caso peruano, con cifras al tercer trimestre del 2024, la tasa de desocupación — entendida como aquellos que no tienen trabajo, pero lo están buscando activamente — , registra un 5,3%; es decir, un incremento de 0,2 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año anterior (5,1%).

Esta alza se puede explicar en buena medida por la reducción de la tasa de participación laboral (porcentaje de la población activa que está buscando o manteniendo un empleo), que pasó de 69,9% a 69,5% en el tercer trimestre del 2024. Es decir, una menor fuerza laboral en búsqueda activa.

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Otro factor es la reducción mayor de la tasa de ocupación (número de personas que tienen empleo), que cayó del 66,3% al 65,8% para igual periodo.

En entrevista con La República, Gerson Martínez, especialista regional en Economía Laboral, Oficina Regional de la OIT, sostuvo que para mejorar los índices del mercado laboral es necesario un producto bruto interno en alza permanente.

“En 12 años, los promedios de crecimiento económicos han sido modestos. Una condición indispensable es tener un crecimiento económico sostenido a tasas que permitan generar nuevos empleos formales”, indicó.

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El peso de la informalidad

La informalidad sigue siendo una de las mayores taras para el mercado laboral peruano. Mientras el promedio regional alcanza el 47,6% (una contracción ligera), en el Perú lo padece el 72% de los trabajadores, una tasa disparada en la región.

“La alta incidencia de informalidad de una tasa del 72% no es una cuestión menor. Me atrevería a decir que, si tuviéramos que hacer un top tres de prioridades en materia de desafíos en el mercado laboral, la informalidad debería estar ahí”, observó.

Así, según el reporte de la OIT, al segundo trimestre del 2024, Uruguay tiene una tasa de informalidad de 21,5%; Chile de 26,9%; le sigue Brasil con 36,6%; Costa Rica, 37,1%; Argentina, 46%; México, 52,5%; Colombia 54,7%, República Dominicana, 55,8%; Ecuador, 68,.2% y el Perú con 72%.

En su lectura, este flagelo “no solo trae condiciones precarias para siete de cada diez personas trabajadoras en el Perú, sino que también impacta gravemente la salud de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la seguridad social”.

“Hay mucha gente trabajando, pero pocas contribuyendo a los sistemas de seguridad social como también a los sistemas fiscales”, refirió.

Según el ministro de Trabajo Daniel Maurate, hay 12 millones 400.000 trabajadores sumidos en la informalidad, en contraste con los 4 millones 400.000 formales, en planilla y con beneficios sociales.

En ese contexto, una de las características de la informalidad es que las personas en esa condición tienen ingresos muy bajos.

Solo en Lima, las personas en el subempleo invisible, es decir quienes viven con ingresos por debajo de los S/892, llegaron a 1 millón 718.500 al cierre del 2024. “Es decir, 612.000 más que en 2019 (+8,4 puntos porcentuales) y 5.600 más que en 2023”, en la lectura del laboralista Fernando Cuadros.

Según el economista Diego Macera, el crecimiento de los ingresos reales de los peruanos entre el 2004 y 2014 fue de +35%, pero en la última década (del 2014 al 2023) cayó -7,3%.

Camino a su proceso de adhesión a la OCDE, el Perú se enfrenta a un requisito clave como lo es la reducción de la informalidad. El especialista de la OIT sostiene que Costa Rica estaba en una situación similar.

“En esos años que estaba en el proceso de adhesión, empezó a formular y adoptó una estrategia nacional tripartita de tránsito a la economía formal. Eso fue una señal de cambio institucional y hubo voluntad política de atacar este fenómeno”, indicó.

Sin embargo, no basta con ello. Se necesitan objetivos a mediano plazo y un sector empleador y sindicatos como actores claves en la articulación de soluciones mediante el diálogo social, finalizó.