Justicia que tarda, no es justicia, por Ollanta Humala Tasso

Se ha cumplido más de un año desde que fui ilegalmente detenido por disposición de los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, quienes ordenaron la ejecución inmediata de mi encierro, con un adelanto de sentencia, sin tener una resolución escrita, motivada y notificada, como manda la Constitución y el Código Procesal Penal. Decidieron privarme de mi libertad, alejarme de mi familia y causar un daño irreversible, sin haber terminado siquiera de escribir la sentencia.

Este no es solo un abuso más, sino la consagración de hechos ilegales que ocurrieron a lo largo del proceso y desembocaron en una sentencia condenatoria con argumentos débiles, contradictorios y carentes de toda lógica.

La primera instancia del Poder Judicial no probó ningún delito. No se probó la existencia de un aporte de campaña, no se logró demostrar un origen presuntamente delictivo y, pese a los esfuerzos por ayudar al Ministerio Público en esa tarea, el colegiado no escuchó a un solo testigo serio decir cómo llegó, se entregó o distribuyó un presunto dinero venezolano o brasileño; ni siquiera cuánto.

Tampoco se logró demostrar la existencia de desbalance patrimonial en ninguno de los procesados ni, menos aún, el ocultamiento de fondos a través de cuentas en el extranjero u offshores. La misma sentencia así lo reconoce.

Entonces, más allá del ruido político y mediático, generado muchas veces por los propios fiscales, en el momento de las audiencias fue mi defensa, la de mi esposa Nadine y la de los dirigentes del Partido Nacionalista, la que demostró que el sistema de justicia peruano había cometido un grave error con nosotros. A diferencia del resto de procesos sobre presuntos aportes de campaña, nosotros siempre rechazamos que algún aporte prohibido financiara alguna de mis candidaturas presidenciales. Ni gobiernos o empresas extranjeras ni el gran empresariado nacional, que, por el contrario, hacía colectas económicas para financiar a mis contrincantes y atacarme.

Peor aún, se da el hecho singular de que nuestro caso es el único caso político que persiste, pese a que el Tribunal Constitucional peruano y la Corte Suprema de Justicia han resuelto que, por lo menos hasta el año 2016, un aporte de campaña no podía ser considerado delito. Sin embargo, soy el único político en prisión por este hecho y hoy continúo en juicio. ¿Acaso eso no significa ser un preso político?

Sobre este abuso, hay autoridades que deben responder ante la justicia. Mientras tanto, se revelan gravísimos hechos que no se habían conocido antes y que demuestran el comportamiento ilegal y abusivo del colegiado que me juzgó, así como los vicios que se cometieron a lo largo de esta primera instancia, que terminó con una detención ilegal e inconstitucional:

1. Martin Belaunde Lossio es un falso colaborador eficaz. El juzgado lo incluyó en el juicio argumentando que Bolivia aceptó la ampliación de su extradición, y eso fue mentira. Pese a que el fiscal y el colegiado tenían conocimiento pleno de este hecho, se permitió su ingreso ilegalmente, con lo que se viciaba el juicio.
2. En la sentencia de primera instancia, se me declaró culpable por un presunto hecho por el cual nunca fui investigado y, menos aún, acusado. Me refiero, específicamente, a la firma de un contrato con la empresa Apoyo Total.
3. La sentencia, sin ninguna explicación de causa, omitió un pronunciamiento expreso de absolución o condena sobre la acusación fiscal referida a supuestos aportes a la campaña 2011 por parte de la empresa OAS, lo cual incumple lo dispuesto en el Código Procesal Penal en sus artículos 394 y 397.
4. La sentencia no valoró ninguna prueba o testimonio presentado por nuestra defensa. Lo único considerado por el colegiado fue la tesis fiscal y, para justificarla, ingresaron documentos declarados ilegales y nulos en Brasil, así como testimonios ad hoc que ayudaban, en su criterio, a justificar una condena. Esto nos ha llevado, además, a sospechar que la decisión de condenar a toda costa fue la única misión tramada entre jueces y fiscales.
5. La Fiscalía, tanto en el componente Venezuela como en el componente Brasil, no pudo explicar por qué existió una supuesta donación, si durante el proceso nadie refirió que se hubiera solicitado un aporte. La tesis fiscal señaló que, en el caso de Brasil, el exministro de Economía y Finanzas de ese país, Antonio Palocci, solicitó un aporte para nuestra campaña; pero, en juicio, el mismo funcionario negó contundentemente que él hubiera solicitado, ofrecido o intermediado en la entrega de algún aporte económico.

Por eso señalo que la tarea de los fiscales no ha sido meritoria y me detendré aquí para hablar del caso Lava Jato. En el Perú coexistieron dos tipos de procesos: el Lava Jato delictivo, relacionado con casos de corrupción, creación de empresas offshore en paraísos fiscales y el ocultamiento de los verdaderos dueños de las empresas lavadoras de activos, etcétera; y, por otro lado, existió el Lava Jato político, relacionado con el financiamiento privado a los partidos y sus campañas electorales.

El Ministerio Público originó el Lava Jato político en torno al escándalo mediático que creó el Equipo Especial, integrado, en su mayoría, por gente con ansias de notoriedad pública. Esto fue intencionalmente sobrevalorado en detrimento del Lava Jato delictivo.

Más interesados en la fama que en su trabajo, los fiscales permitieron que los delincuentes se fueran del país y dispusieran libremente de su patrimonio mal habido, e incluso llegaron a presionar al Gobierno para que los beneficiara, como sucedió, por ejemplo, con la venta de la hidroeléctrica de Chaglla en el caso de Odebrecht.

Cuando surgió el Lava Jato político, nuestros adversarios vieron una oportunidad para atacarnos, pero no midieron el costo. Un buen ejemplo de esto fue la acometida del expresidente Alan García, quien, por tratar de destruirnos, destruyó su partido y a sí mismo.

La perversión en la utilización del Lava Jato político por parte de los fiscales del Equipo Especial y el miedo de nuestros adversarios, que sí recibieron aportes de campaña —y probablemente coimas—, los llevó a una campaña feroz para intentar involucrarnos y convertirnos en la cuota de sacrificio de la clase política. Lo que consiguieron fue que el caso Lava Jato se convirtiera en un "actor" importante en la destrucción de los partidos y del sistema presidencialista. Lo que vivimos hoy como la captura o colonización del Poder Ejecutivo por parte del Congreso de la República es parte de esa historia. Es decir, aunque Lava Jato ya no es un escándalo, una parte de sus efectos sigue incidiendo en la política peruana.

El nuestro no es un proceso jurídico, sino un proceso político. La persecución y el acoso judicial que hemos vivido a lo largo de 20 años, desde que entramos a participar en la vida política nacional, no son casualidad. Las clases dominantes, empresariales y mediáticas han usado al sistema de justicia para la venganza y el ensañamiento; eso debe terminar.