Prolongación de guerra en Medio Oriente elevará los precios de combustibles, según especialistas

La guerra en Medio Oriente atraviesa uno de sus capítulos más tensos tras el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán y sus posteriores represalias. Las posibles consecuencias económicas de este conflicto bélico provocarían un alza en el precio de los combustibles, riesgos inflacionarios y un freno del crecimiento de la actividad productiva a nivel mundial.

Precisamente, los mercados internacionales reaccionaron el lunes 23 de junio con una marcada caída en la cotización del petróleo que se ubicó por debajo de los US$70. No obstante, en los últimos días, el crudo Brent - referencia para los mercados globales- había pasado de US$69 a US$74, su mayor alza desde el 2022.

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Según recuerda el economista y profesor de Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, Humberto Campodónico, el antecedente más inmediato se remonta al estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia en el 2022. En aquel año, el precio del barril de petróleo subió hasta US$118,61, mientras que el margen de refino pasó de entre US$10 y US$20 hasta US$60.

"Si Irán decide cerrar o dificultar el paso por el Estrecho de Ormuz (lo que puede o no suceder), la oferta del petróleo va a caer y eso impacta en el 20% del consumo mundial. También pasará lo mismo con el gas, ya que Qatar es un gran productor de LNG. Como en el Perú los precios son libres, estos subirán hasta donde diga el mercado, en cuanto a las gasolinas. Pero, no así el diésel, cuyo precio está regulado en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC)", explicó.

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Y es que, el encarecimiento de los combustibles tiene implicancias directas en los hogares debido al mayor costo del transporte y del gas doméstico. Además, supone un repunte inflacionario que podría comprometer el ritmo del crecimiento económico mundial y del Perú, el cual se encuentra estancado en tasas del 3%.

A juicio de Aurelio Ochoa, especialista en hidrocarburos, no es la primera vez que el precio del petróleo reacciona de esta forma. Si bien en una determinada coyuntura, su cotización puede dispararse hasta más de US$100 por barril, luego, se termina desinflando como ha ocurrido en episodios históricos anteriores.

"En todos los eventos geopolíticos así, no demoró mucho tiempo. Fue entre 3 o 4 días y después, comenzó a desinflarse. ¿Por qué razón? Porque, como no hay escasez de petróleo en el mundo, existen muchos volúmenes disponibles y hay nuevos actores que han ingresado. Entonces, no solamente se depende del estrecho de Ormuz. Esos 21 millones de barriles provenientes de esa zona, se pueden reemplazar", anotó.

A renglón seguido, hizo una alerta respecto a que las refinerías públicas y privadas no deberían aprovecharse de esta situación temporal para trasladar el incremento de precio al mercado, a los consumidores. Refirió que el gobierno debería acelerar el programa de masificación del gas para abrir el mercado a otras fuentes de energía.

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Alternativas al uso del petróleo

En esa línea, Humberto Campodónico considera fundamental que nuestro país tenga un "pasaporte de seguridad energética" a través del consumo de gas natural para no depender de la volatilidad de los precios del petróleo. Recordó que el costo del gas del lote 88 está regulado y solo sube 3% o 4% por año.

"El gobierno no tiene una política de gas. Hace unos meses, Boluarte anunció que habría una gran política de gas y no se ha vuelto a saber nada. Eso fue noticia de un día. Dijeron que iban a poner un pequeño tubo en Quillabamba, cuando toda la sierra no tiene gas. La solución pasa por la construcción de una red nacional de gasoductos, lo que permitiría masificar el consumo, industrial y domiciliario y tener un solo precio en todo el país. Así lo han hecho países como Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil y México", agregó.

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Por su parte, Aurelio Ochoa, resaltó que la mejor inversión para el Estado peruano debería ser la transformación gasífera. Sin embargo, actualmente, la mayoría de las conexiones se encuentran en Lima Metropolitana y Callao, mientras que la realidad regional evidencia una disparidad vinculada a la ausencia de infraestructura.

Finalmente, consideró que se debería cambiar el rumbo respecto al FEPC, el cual establece una franja de precios para los productos derivados del petróleo y compensa a las empresas con el fin de mantener su costo dentro de dicho rango. Dicha herramienta representa una obligación de gasto millonario para el Estado que incide en el déficit fiscal y que debería destinarse a la utilización del gas natural.