Petroperú: rompiendo mitos
La Nueva Refinería de Talara es fundamental para la seguridad energética del país y es altamente rentable. Necesitamos un consenso político de largo plazo para su sostenibilidad.
En el artículo Petroperú: las verdaderas razones de la crisis (1) mostramos cómo el problema de liquidez de la empresa no se debe a la construcción de la Nueva Refinería de Talara (NRT), sino a las malas decisiones del primer directorio nombrado por este gobierno. Ahora bien, se ha intentado aprovechar la crisis generada por malas decisiones de gestión para cuestionar la conveniencia y viabilidad financiera de la NRT. ¿Son ciertas?
Así, por ejemplo, se afirma que no se necesita la NRT porque en pocos años habrá una transición energética hacia fuentes de energía renovables como la solar, eólica o geotermia). No, porque la transición es de largo plazo, como ya lo hemos explicado (2). Solo reiteramos acá que, en el 2050, el consumo de petróleo en el Perú se mantendrá alrededor de los 250,000 barriles diarios (aún si se aplicaran medidas drásticas para aumentar la producción de renovables, lo que va a paso de tortuga).
También se dice que la refinería no tiene razón de ser porque es más barato importar gasolinas y diesel (refinados en el extranjero) y el Perú produce poco petróleo. No es así, por varias razones. Primero, por un concepto aceptado por gobiernos de izquierda, centro y derecha: seguridad energética. Por eso, países sin petróleo como Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur tienen gran capacidad de refino. Chile tampoco tiene petróleo y sus dos únicas refinerías son de la estatal ENAP. Segundo, el margen de ganancia de las refinerías es un excelente negocio (en el 2022 supera los US$ 30/barril). Tercero, la refinería eleva el PBI industrial: produce valor agregad y transfiere tecnología.
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Otra explicación es que Petroperú sería una empresa sin dueño. A nosotros nos parece, más bien, que el dueño de la empresa quiere deshacerse de ella. En el 2004 y el 2006, se presentaron al Congreso dos proyectos de ley: el primero para excluir a Petroperú del proceso de privatización. El segundo para modernizarla y fortalecerla. Fueron aprobados por amplia mayoría, pero observados por el gobierno de Toledo. Al final, fueron aprobados “por insistencia” por el Congreso. Esto nos dice que la mayoría en el Congreso quiso ser dueña, pero no el Poder Ejecutivo (y buena parte del empresariado) que sigue apostando por la Constitución de 1993: solo debe haber actividad empresarial del Estado allí donde no desee participar la inversión privada (el Estado es subsidiario). Ese planteamiento es obsoleto. Hoy la economía mixta triunfa en el mundo.
Se dice que Petroperú tiene hoy problemas financieros porque ha incurrido en una elevada deuda para construir la NRT. Aquí pareciera que Petroperú toma estas decisiones por su sola cuenta y riesgo. Esto no es así. En diciembre del 2013 el Congreso promulgó la Ley 30130, donde se declara que la construcción de la Refinería de Talara es de necesidad pública e interés nacional para preservar la calidad del aire. Pero no se dice nada sobre su financiamiento, lo que obligó a Petroperú a buscarlo. Eso ha sucedido. La relación deuda/capital en el monto de inversión es: 95% deuda de Petroperú y solo 5% aporte de capital de los accionistas, es decir, del Estado.
Insólito. Esa relación en proyectos privados es, por ejemplo, 43% capital y 57% deuda en Antamina y 50/50 en Cerro Verde. En Chile, los aportes de capital del Estado a ENAP son frecuentes. En Colombia existen los contratos de asociación: la propiedad es 50/50 entre ECOPETROL y los privados. Y cuando los contratos terminan Ecopetrol asume el 100%. En México, el reflotamiento de PEMEX del 2019 incluyó reducción de su carga fiscal y aportes de capital porque se le considera estratégica. En el Perú, la Ley 30130 le dio a Petroperú una garantía para el pago de su deuda (US$ 1,000 millones), que no se han utilizado hasta hoy. En el 2017 sí hubo un aporte de US$ 325 millones (ese es el 5%).
Proyecto. La refinería de Talara es parte de la solución y no la causante de la iliquidez de la empresa, afirma Campodónico. Foto: difusión
La deuda que presiona las finanzas de Petroperú es el resultado del desinterés del dueño en aportar capital. Lo que sí se hizo fue autorizar que Petroperú se endeude. Allí están las resoluciones ministeriales del MEF en el 2014 (deuda de corto plazo de US$ 500 millones), en el 2017 (emisión de US$ 2,000 millones en bonos), en el 2018 (préstamo de US$ 1,300 millones, avalado por CESCE) y en el 2021 (reapertura del bono 2047 por US$ 1,000 millones). Todas las RM cuentan con opinión favorable de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF.
Pero también hay temas propios que han incidido en la inversión, lo que veremos en un próximo artículo. Entre ellos: 1) inicialmente no se consideraron como parte de la inversión las obras complementarias, los gastos del propietario ni tampoco las unidades auxiliares (planta de hidrógeno, ácido sulfúrico, desalinización de agua, generación eléctrica, entre otras). En cuanto a estas últimas, la razón fue que se realizarían con inversión privada, pero eso no se logró. Recién a principios del 2018 fueron asumidas como parte de la inversión de Petroperú. Como la construcción de la NRT comenzó en junio del 2014, la demora en las unidades auxiliares ha significado importantes sobrecostos, que se han detallado en el Informe de Auditoría de Cumplimiento 15543-2021 de la Contraloría General de la República.
También influyó el COVID. La refinería debía completarse para fines del 2020 pero la pandemia postergó su inicio, aumentando el monto de inversión. Es importante resaltar que las calificadoras de riesgo Standard and Poor’s y Fitch mantuvieron el grado de inversión durante todo este periodo. Pero en marzo del 2022 Petroperú lo perdió, no por la inversión en Talara sino por la no obtención de Estados Financieros Auditados (2) y las acusaciones de corrupción.
Para terminar, dos cosas. Primero, que el aporte de capital de S/4,000 millones a Petroperú representa el apoyo del Estado a su empresa estratégica. Esto, debido, repetimos, no a la “mala inversión” en la NRT, como hoy lo señalan algunos críticos -incluido el ministro de Economía, Kurt Burneo, en la CADE- sino a las malas decisiones de la administración anterior. Segundo, que este mes la NRT comenzará la producción de diésel y gasolinas de bajo contenido de azufre.
Dice el último reporte de Apoyo Asociados (noviembre 2022, www.aai.com.pe): “La Clasificadora espera que, una vez que la NRT empiece a operar, los niveles de apalancamiento disminuyan producto de la mayor generación de caja por la recuperación de los márgenes operativos. Asimismo, estos flujos provenientes de la puesta en marcha ayudarían a la Compañía a amortizar la deuda contraída los últimos años y reducir su necesidad de apoyo del Gobierno”.
Está claro. Es necesario un consenso de largo plazo para que Petroperú ocupe su lugar en la política energética peruana, como sucede en todos los países de la región. No existe ahora, pero hay que conseguirlo.
1) Ver La República, 15/11/22, shorturl.at/fpNZ9
2) Una larga transición energética, 28/11/2021, shorturl.at/bcvS2
3) “El 2 de marzo de este año, por falta de acceso a información, Price se negó a auditar los Estados Financieros de Petroperú (…). Días después S&P rebajó la calificación de deuda de largo plazo de Petroperú al grado “basura”. En setiembre, Fitch hizo lo mismo. Como resultado, Petroperú se convirtió en un paria en los mercados de crédito, ni los bancos locales querían prestarle, hasta quedar sin liquidez para pagar los combustibles importados. El gobierno tuvo que organizar un salvataje. La gracia de elegir directores incompetentes costó casi un punto del PBI” (Waldo Mendoza, “El crack del 2021″, El Comercio, 4/12/2022).
