Inseguridad alimentaria: más de la mitad de hogares en 18 regiones son vulnerables

Millones de personas viven el riesgo de la inseguridad alimentaria en el Perú. Más del 50% de hogares en 18 regiones se encuentra en vulnerabilidad, de acuerdo con el estudio “Retos y alternativas para afrontar la crisis alimentaria” del Instituto Peruano de Economía (IPE). Este problema, que no logró ser superado en la pandemia, se vio agravado por las repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los problemas en torno a la seguridad alimentaria son peores en las regiones cuya economía depende de la agricultura, como Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Áncash. En estas poblaciones incide la baja disponibilidad de fertilizantes, ante lo cual muchos pequeños productores optaron por usar abonos naturales de oferta y rendimiento limitados. Esto supone un riesgo para “alrededor de 365.000 trabajadores que se mudaron de la ciudad al campo en busca de trabajo debido a la pandemia”, subraya el IPE.

Nuestro país ha dejado de importar cerca de 82.000 toneladas de urea mensuales entre enero y mayo del 2022, de acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Las autoridades esperan que el primer lote de fertilizantes llegue el 4 de agosto, tras anular una anterior licitación observada por la Contraloría.

Entre 2019 y 2021, el Perú retrocedió seis posiciones en el Índice Global de Seguridad Alimentaria elaborado por The Economist Intelligence Unit. Los hogares con niños y adolescentes en los que al menos un miembro presenta déficit calórico se incrementaron de 31,8% a 34,2% entre 2020 y 2022.

Asimismo, la tasa de pobreza en el país aumentó del 20,2% en 2019 a 25,9% en 2021. Esto significa una subida de 2 millones de personas pobres comparada con la situación antes de pandemia. De esta manera, la pobreza peruana asemeja los niveles registrados en 2012.

“Se han ejecutado acciones con efectividad limitada para atender a los segmentos más vulnerables de la población, a costa de un alto esfuerzo fiscal. Sin embargo, se ha terminado beneficiando a los hogares de mayores ingresos”, concluye el estudio del IPE.