En defensa de los bomberos voluntarios del Perú
Contraloría debe actuar ante presunto incumplimiento de contrato para adquirir equipos que protejan a los miembros de la entidad bomberil en casos de emergencia
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú existe desde 1860. Nació como una institución ciudadana y solidaria en tiempos en los que el Estado era demasiado débil para atender incendios, rescates y emergencias. Desde entonces, más de un siglo y medio después, sus integrantes siguen cumpliendo una función esencial sin recibir ningún tipo de remuneración. Son personas que arriesgan su vida por la seguridad del resto, movidas únicamente por vocación y compromiso cívico. En ese sentido, son, por excelencia, servidores públicos.
Precisamente por ello, el Estado tiene el deber de protegerlos, equiparlos con los mejores implementos y garantizar que cada intervención la realicen con estándares de seguridad que reduzcan al mínimo los riesgos que ya de por sí enfrenta esta labor.
Pero esa obligación no se ha cumplido. La reciente revelación publicada por La República expuso graves irregularidades en la compra de medio millar de equipos de respiración autónoma, 800 máscaras y cilindros de repuesto por casi S/ 15 millones.
Los bomberos solicitaron cilindros ultraligeros, de fibra de carbono, con un peso máximo de 5 kg, para permitir su desplazamiento en condiciones extremas. La empresa adjudicada KPN ofreció un modelo aún más ligero, de 3.9 kilos, completamente de carbono y con certificación DOT-SP 10915, estándar estadounidense de alta exigencia.
Sin embargo, lo que finalmente se entregó no coincide con lo ofertado. Los equipos pesan 5.05 kilos, están recubiertos en aluminio y proceden de Italia, no de EEUU.
A pesar de estas diferencias, la Intendencia Nacional de Bomberos otorgó ampliaciones de plazo sin penalidades, en contradicción con la Ley de Contrataciones, y recibió los equipos como si no existiera irregularidad alguna, pasando por alto alertas internas sobre el incumplimiento.
En un país golpeado por tragedias evitables, esta no puede sumarse a la lista. Aquí está en juego la vida de miles de bomberos que enfrentan emergencias diarias con equipos que deben ser impecables, no “aproximados”. Cada material inferior puede traducirse en riesgo mortal en plena operación.
Por eso la Contraloría General de la República debe intervenir de inmediato. La compra debe ser auditada, las responsabilidades administrativas y funcionales identificadas y la conformidad irregular corregida sin demora.
Los bomberos voluntarios merecen algo más que discursos de agradecimiento tras cada emergencia. Su protección por parte del Estado es un deber ético que no debe eludirse.