Con decreto de urgencia, Ejecutivo destrabará Chavimochic III

El Ejecutivo resolvió recurrir a un decreto de urgencia para destrabar el proyecto Chavimochic III, cuya construcción quedó paralizada en el 2016. La ejecución de la obra está a cargo de la concesionaria Chavimochic, de propiedad de Odebrecht y Graña y Montero (ahora Aenza).

La reactivación del proyecto fue una iniciativa del consorcio Chavimochic, que planteó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) completar la edificación de la presa Palo Redondo en 18 meses, pero con dos condiciones.

La primera, que el Estado peruano desista del arbitraje internacional en curso que enfrenta con la concesionaria Chavimochic. Y, la segunda, la suscripción de una adenda al contrato para garantizar la culminación de la ejecución del proyecto.

La concesionaria Chavimochic requería de una pronta respuesta del Ejecutivo –presentó su propuesta el 14 de marzo de este año–, ya que el tribunal internacional de arbitraje fijó para el 26 de abril la publicación del laudo (fallo) sobre la demanda. La empresa quiere que el Estado peruano se sume a un pedido que presentará al tribunal internacional de arbitraje, para que se postergue la emisión del laudo, con la finalidad de negociar la adenda al contrato.

Sin embargo, la procuradora pública del Midagri, Katty Aquize, informó al ministro del sector, Oscar Zea, y al viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Rómulo Antúnez, que el planteamiento de la concesionaria es lesivo para los intereses del Estado y recomendó rechazar la oferta.

Pero las autoridades del Midagri han aceptado la propuesta de la concesionaria Chavimochic de suspender el laudo arbitral y de emitir un decreto de urgencia para destrabar la ejecución de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, según confirmó a La República el viceministro Rómulo Antúnez.

“Desde mi despacho estoy formulando un decreto de urgencia que será remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde será analizado y nos dirán el proceso a seguir. Estamos actuando en varios escenarios y uno de ellos es la suspensión del laudo”, dijo.

“La decisión del ministerio es por el destrabe. Nosotros queremos el destrabe del país, no podemos seguir perdiendo 2.000 millones de dólares (que se obtendrían con la ejecución de la obra). No podemos darnos el lujo de perder miles de empleos para los peruanos que tanto los necesitan”, informó el viceministro Antúnez.

Abriendo puertas

De acuerdo con fuentes del Midagri, la posición de la procuradora pública Katty Aquize no ha variado. Insiste en que desistir del arbitraje, suspender la lectura del laudo y suscribir una adenda no son favorables a los intereses del Estado. El viceministro Antúnez señaló a este diario que su despacho se encontraba en coordinación con la procuradora Aquize para encontrar una alternativa, porque la decisión del Ejecutivo es destrabar la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic.

“Nos hemos reunido con la procuradora (Katty Aquize), quien, efectivamente, ha presentado un informe en el que indica que no es viable el proceso. Así que en ese punto estamos tratando de coordinar. Creo que es la única instancia que está dificultando el proceso. Hay completa predisposición de mi viceministerio. Se ha reaccionado un poco tarde, pero eso no quiere decir que no haya salidas. Sí las hay”, explicó Antúnez.

También aceptó que era necesario que la Procuraduría Pública del Midagri, que defiende los intereses del Estado, comunique la validez legal de la decisión que adopten las autoridades del sector respecto a la oferta del consorcio Chavimochic.

“Es muy probable que el próximo lunes nos reunamos con la procuradora (Katty Aquize) para absolver las interrogantes. Son formas de ver distintas, a nivel técnico y legal. Hay discrepancias naturales”, indicó el viceministro Antúnez.

Para el gerente del Proyecto Especial Chavimochic, Edilberto Ñique Alarcón, designado por el Gobierno Regional de La Libertad, existe consenso entre las autoridades comprometidas en destrabar la obra pública, pero lo que había era un “obstáculo burocrático”. Se refería a la recomendación en contra de la propuesta del consorcio Chavimochic (Odebrecht y Graña y Montero), planteada por la procuradora Katty Aquize.

“El día 26 de abril se vence el plazo, o sea que el Midagri tendría hasta el día 25 de abril para poder requerir la prolongación de la emisión del laudo. Hasta esa fecha podríamos esperar”, expresó Edilberto Ñique.

“A la procuradora (Katty Aquize) le hemos dicho por escrito, en un documento dirigido al ministro (de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Zea), que hace un análisis bastante simple desde sus puntos de vistas legales y burocráticos, pero no hace un análisis tomando en consideración los beneficios sociales y económicos que trae la reanudación de las obras”, dijo.

“Tengo la esperanza y la fe en el desempeño de los funcionarios y los que vemos este tema para poder lograr el destrabe en el más corto plazo posible”, apuntó el gerente general del proyecto Chavimochic. Las autoridades del Gobierno Regional de La Libertad son las que más presionan al Ejecutivo para que acoja la propuesta de la concesionaria para concluir con la tercera etapa del proyecto Chavimochic.

La procuradora Katty Aquize, sin embargo, no es la única que ha planteado observaciones a la oferta de la concesionaria. El director general de Infraestructura y Riego del Midagri, Moisés Bravo Hinostroza, el 4 de abril, comunicó al viceministro Rómulo Antúnez que no es recomendable aceptar la propuesta de una adenda del contrato con la concesionaria Chavimochic, en relación a la continuidad de la ejecución de la tercera etapa del proyecto de irrigación.

“Se recomienda la no procedencia de la suscripción de una adenda al contrato de concesión, según los términos de referencia de la concesionaria por variar el equilibrio económico financiero y modificar las condiciones contractuales”, señaló el director Moisés Bravo.

Cuestiones prácticas

No obstante las posiciones concordantes de la procuradora pública del Midagri y del director general de Infraestructura y Riego, el despacho ministerial prefirió la ruta del decreto de urgencia en los términos que ha solicitado la concesionaria Chavimochic. Así se lo informaron las autoridades del Midagri al gerente general del proyecto Chavimochic del Gobierno Regional de La Libertad, Edilberto Ñique.

“De acuerdo con lo que me informaron, (en el Midagri) están realizando reuniones en el viceministerio de Agricultura para ver la posibilidad de firmar la carta dirigida (al tribunal arbitral internacional) solicitando la prolongación de la emisión del laudo arbitral (como ha solicitado la concesionaria Chavimochic). Justamente, la reunión de ahora tiene que ver con la Procuraduría, inclusive se le ha invitado a la procuradora (Katty Aquize) para que participe”, relató Ñique.

De acuerdo con el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, el Gobierno de Pedro Castillo se ha comprometido con destrabar la culminación de la tercera etapa de Chavimochic porque resultaría más costoso no hacerlo.

“Si nosotros esperamos que se conozca el laudo arbitral, sea cual sea el resultado, el reinicio de la presa Palo Redondo sería entre cuatro y cinco años porque todavía falta un saldo de obra que es del 30%. En este tipo de megaproyectos, ninguna otra empresa, diferente a la concesionaria, quiere concluir la obra porque la nueva constructora, para culminarla, se debe hacer responsable del riesgo de ese 70% que ya se edificó. Ese porcentaje equivale a 225 millones de dólares y ya van cinco años de parada de la obra”, dijo Llempén a La República.

Para el gobernador Manuel Llempén, lo único que importa es que se destrabe el proyecto.

“(La propuesta de la empresa) es la más acertada. Aquí tenemos que dejarnos nosotros de que es una empresa corrupta y todas esas cosas. Aquí tenemos que ser prácticos”, precisó.

Procuradora: “Destrabe traerá beneficios, nadie lo niega”

“La concesionaria habla de los beneficios que traerá el destrabe de Chavimochic, que nadie está negando. Pero si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien”, dijo la procuradora del Midagri, Katty Aquize.

“Para poder pronunciarme, desde el punto de vista procesal, necesito un informe técnico, legal y económico financiero que me diga que la propuesta de la concesionaria es viable. No lo tengo. Dicen que la obra está avanzada al 70%, pero nadie ha hecho una inspección en la obra que diga que efectivamente el avance está al 70% y que por el paso del tiempo no está deteriorada. No han hecho ese informe, no existe”, explicó la procuradora Aquize.

Las cifras

US$ 715,4 millones es el costo de inversión de la tercera etapa del proyecto Chavimochic.

US$ 228,1 millones es lo que ha transferido el Estado a la concesionaria Chavimochic para la ejecución de la obra.

US$ 3.000 millones se estima que será la inversión privada en las 18.000 hectáreas de nuevas tierras.

US$ 1.500 millones obtendría La Libertad mediante la agroexportación de los productos cultivados en las tierras ganadas.

Datos

Antecedente. En el 2017, Odebrecht (concesionaria Chavimochic) interpuso una demanda contra el Estado peruano por incumplimiento de contrato y requirió una indemnización de US$ 118 millones.

Estrategia. La concesionaria le pide al Estado peruano que juntos desistan del arbitraje, como condición para concluir la obra. La Procuraduría exige a Odebrecht un desistimiento total para que no vuelva a interponer un arbitraje.