
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) enfrenta un nivel de endeudamiento que comprometerá parte de los recursos de las próximas gestiones municipales. Así lo advirtió el Consejo Fiscal en su Informe N.° 03-2026-CF, publicado el 23 de julio, en el que evaluó la sostenibilidad presupuestal de los gobiernos subnacionales y los resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025.
Según el documento, el saldo de deuda total de la comuna capitalina alcanzó los S/ 5.045 millones luego de culminar su programa de emisión de bonos. El monto equivale al 347,6% de sus ingresos corrientes promedio, es decir, cerca de 3,5 veces el límite establecido en las reglas fiscales para los gobiernos subnacionales.
Pese a este nivel de endeudamiento, la Municipalidad de Lima se encuentra exceptuada de los límites legales debido a que cuenta con dos calificaciones crediticias vigentes de “A” o superior. Sin embargo, el Consejo Fiscal cuestionó que este criterio sea suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera de la comuna.
El organismo señaló que una calificación crediticia mide la capacidad o probabilidad de pago de una entidad, pero no garantiza que una gestión pública pueda sostener sus compromisos financieros en el largo plazo sin reducir su margen para atender otras necesidades.
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El impacto de los compromisos financieros será especialmente visible entre 2028 y 2035. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Fiscal, el servicio de la deuda superará los S/ 500 millones anuales, cuando se consideren los intereses y la amortización del capital.
Esta cifra supera el gasto promedio que la Municipalidad de Lima ha destinado a inversión pública durante las últimas dos décadas. Por ello, una parte importante de los ingresos de las futuras administraciones deberá ser destinada al pago de obligaciones asumidas previamente, lo que reducirá el margen disponible para financiar nuevas inversiones y servicios.
El informe también precisa que parte de los ingresos municipales provenientes de la alcabala, el impuesto predial y el impuesto vehicular se encuentran incorporados en un fideicomiso que garantiza el pago de las obligaciones financieras contratadas por la comuna. Incluso considerando ingresos adicionales, como la participación del 3% del IGV generado en el Cercado de Lima y el incremento gradual del Foncomun, el Consejo Fiscal estima que la MML tendría flujos netos negativos entre 2027 y 2035.
El endeudamiento permanecerá vigente independientemente de quién asuma la próxima administración municipal. La deuda fue asumida durante la gestión de Rafael López Aliaga, quien dejó la Alcaldía de Lima para participar en las Elecciones Generales 2026.
La próxima autoridad edil deberá, por tanto, administrar un presupuesto con una parte de sus ingresos ya comprometida. En ese escenario, el Consejo Fiscal recomienda fortalecer los mecanismos de seguimiento y fiscalización de los programas de endeudamiento para evitar que las obligaciones financieras reduzcan de manera excesiva la capacidad de inversión de las futuras gestiones.
La advertencia también adquiere relevancia debido a que los recursos vinculados al programa de bonos no se han traducido todavía en la ejecución completa de los proyectos previstos.
Al 13 de julio de 2026, los 58 proyectos asociados al programa registraban un avance financiero conjunto de 24,6%. Además, 33 proyectos no habían registrado avance físico, según la información evaluada por el Consejo Fiscal. La baja ejecución generó un costo financiero neto de S/ 152 millones durante 2025.
Ese año, la Municipalidad de Lima pagó aproximadamente S/ 276 millones en intereses por su deuda, mientras que obtuvo alrededor de S/ 124 millones por los intereses generados por los recursos que permanecieron depositados y aún no habían sido ejecutados.
La diferencia representó un costo financiero neto para la comuna. Es decir, mientras una parte de los recursos permanecía sin convertirse en proyectos ejecutados, la municipalidad continuaba asumiendo el costo de sus obligaciones financieras. El Consejo Fiscal recomendó revisar los mecanismos de seguimiento y fiscalización de estos programas para evitar que los recursos permanezcan sin ejecución mientras generan costos financieros para el Estado.
El informe también identificó a 24 gobiernos locales que incumplen de manera sostenida la regla del Saldo de Deuda Total desde 2017. Entre las municipalidades señaladas figuran Breña, La Victoria, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y la Municipalidad Provincial del Callao.
En conjunto, estas comunas acumulan S/ 2.606 millones en obligaciones. El 84% corresponde a pasivos rígidos y no a proyectos de inversión pública. El 46% de la deuda proviene de sentencias judiciales; el 25%, de obligaciones con la Sunat, EsSalud y la ONP; y el 13%, de aportes previsionales.
El Consejo Fiscal advirtió que la fragilidad financiera de estas municipalidades puede limitar su capacidad para atender servicios básicos para más de tres millones de personas. Asimismo, concluyó que las medidas correctivas aplicadas hasta el momento han resultado insuficientes para revertir el deterioro de las finanzas locales y evitar afectaciones en servicios como la limpieza pública y la seguridad ciudadana.





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