
Una presunta negligencia en la administración de medicamentos a escolares del distrito de Cusipata, en la provincia cusqueña de Quispicanchi, es investigada por la Gerencia Regional de Salud de Cusco, luego de que decenas de menores presentaran reacciones adversas tras participar en una campaña de desparasitación realizada el último martes.
El incidente ocurrió en la Institución Educativa Túpac Amaru, donde se tenía previsto suministrar albendazol como parte de una jornada rutinaria contra la parasitosis. Sin embargo, según información preliminar, un grupo de estudiantes habría recibido por error carbamazepina, un anticonvulsivante de uso controlado.
La confusión habría sido detectada luego de que varios escolares comenzaran a presentar síntomas como mareos, náuseas, dolor abdominal, temblores y malestar general. La alerta activó de inmediato los protocolos de emergencia y movilizó al personal de salud hacia la zona.
El gerente regional de Salud, Omar Farfán Ochoa, informó que el sector actuó rápidamente al conocer lo ocurrido y que incluso se trasladó personalmente hasta Cusipata para supervisar la atención de los menores afectados.
'El día martes nos ha causado bastante preocupación y nosotros como sector hemos reaccionado inmediatamente', señaló el funcionario, quien calificó lo ocurrido como un hecho 'muy penoso' y sostuvo que bajo ninguna circunstancia debió suceder.
De acuerdo con el reporte oficial, 59 personas fueron atendidas en distintos establecimientos de salud, de las cuales 39 fueron referidas a hospitales de la ciudad del Cusco para evaluaciones más especializadas. La mayoría recibió el alta médica el mismo día, mientras que algunos permanecieron en observación por precaución. Las autoridades de salud aseguraron que todos los estudiantes evolucionaron favorablemente y que actualmente se encuentran fuera de peligro.
La Gerencia Regional de Salud de Cusco inició una investigación administrativa para determinar cómo se produjo la confusión en la cadena de distribución y administración de fármacos. Las indagaciones comprenden al personal de farmacia, a quienes recepcionaron los fármacos y a quienes estuvieron a cargo de suministrarlos durante la campaña.
Según adelantó Farfán Ochoa, entre tres y cuatro trabajadores del sector salud están comprendidos en el proceso de investigación preliminar. El caso también ya es evaluado por el Ministerio Público para establecer eventuales responsabilidades penales. El hecho ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades locales, al tratarse de una actividad de salud preventiva dirigida a menores de edad dentro de una institución educativa.
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