
Los docentes que laboran en instituciones educativas ubicadas en establecimientos penitenciarios y algunos profesores vinculados a universidades públicas serán incorporados a la Carrera Pública Magisterial tras la promulgación de la Ley N.° 32618. La norma, publicada recientemente por el Congreso de la República, amplía el alcance de la Ley de Reforma Magisterial para incluir a estos profesionales dentro del régimen que regula derechos, evaluaciones, remuneraciones y ascensos en el magisterio nacional.
La medida permitirá que maestros que actualmente trabajan bajo otros regímenes laborales accedan a los beneficios contemplados en la Carrera Pública Magisterial. Además, establece criterios específicos para su incorporación según los años de servicio acumulados, lo que definirá la escala magisterial a la que ingresarán.
La nueva legislación amplía el ámbito de aplicación de la Ley N.° 29944 para incluir a los profesores que prestan servicios en instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva administradas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Con esta modificación, dichos docentes pasarán a formar parte de la Carrera Pública Magisterial y podrán acceder a mecanismos de capacitación, evaluación, ascenso y desarrollo profesional establecidos por el Ministerio de Educación. La norma también contempla la incorporación de profesores de universidades públicas dentro de los alcances de la reforma.
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La ley dispone una incorporación excepcional para los docentes nombrados bajo el Decreto Legislativo 276 y la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, tomando en cuenta el tiempo de servicios acumulado.
De acuerdo con lo establecido, quienes registren entre uno y tres años de experiencia serán ubicados en la Primera Escala Magisterial. Los docentes con entre cuatro y diez años de servicio ingresarán a la Segunda Escala Magisterial, mientras que aquellos que acrediten once años o más serán incorporados a la Tercera Escala Magisterial.
Asimismo, el Ministerio de Educación asumirá la conducción de los procesos de ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos para los docentes del INPE, en coordinación con los gobiernos regionales. Por su parte, el instituto penitenciario participará en la definición de las plazas y perfiles requeridos para garantizar la continuidad del servicio educativo en los establecimientos penitenciarios.





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