Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del sistema de transporte de gas de Camisea, acumula 55 penalidades por presuntas infracciones ambientales registradas desde 2004, según el portal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En conjunto, estas medidas administrativas suman 223.94 UIT, equivalentes aproximadamente a S/ 1,19 millones, y están vinculadas principalmente a incumplimientos de compromisos, manejo inadecuado de residuos y fallas en obligaciones de control. Al menos 30 procesos concentrados entre 2022 y 2024 corresponden a deficiencias en monitoreos ambientales.

Entre las sanciones más altas figura una penalidad de 88.37 UIT (alrededor de S/ 472 mil), relacionada con el incumplimiento de disposiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), específicamente compromisos incluidos en el Plan de Contingencias Operacionales y el Plan de Manejo Ambiental.

Consultado por este medio, el organismo fiscalizador indicó que las sanciones aplicadas desde 2021 fueron pagadas por la compañía. En ese lapso se impusieron 32 multas, que en conjunto suman 131.156 UIT, monto que —según precisó la entidad— fue abonado íntegramente por la operadora del sistema de transporte de gas. La autoridad ambiental no detalló, sin embargo, el estado de pago de las penalidades anteriores a ese año. La República accedió a reportes que muestran que casi todas las instancias fueron apeladas.

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Explosión tras rotura del ducto

El historial de infracciones vuelve a cobrar relevancia tras la explosión registrada el 1 de marzo en el sistema de transporte de gas de Camisea, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco). Una detonación seguida de una intensa llamarada alarmó a los habitantes del Bajo Urubamba. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, una columna de fuego se elevó varios metros sobre el bosque amazónico.

Jonathan González Urquía, presidente de la Central de Comunidades Nativas Matsiguenka del Bajo Urubamba (CECONAMA), relató que los pobladores escucharon primero el estallido y luego observaron el incendio. Entre los asentamientos más próximos al punto del evento se encuentran Camaná, Saringabeni, Timpía y Quitaparay.

“Minutos después del sonido fuerte, vimos una llama que alcanzaba entre 60 y 80 metros de altura”, afirmó. Tras el suceso, distintas localidades cercanas reportaron malestares físicos como dolor de cabeza, irritación en la garganta, ardor en los ojos y náuseas. Según el dirigente, alrededor de 400 personas habrían resultado afectadas directa o indirectamente.

Reclamos y abandono

Las organizaciones indígenas han solicitado la realización de evaluaciones ambientales independientes que permitan determinar si el aire, el agua o los suelos sufrieron algún tipo de contaminación tras la emergencia. Mientras no exista un informe técnico concluyente, algunos habitantes han optado por evitar el consumo de pescado o agua del río ante el temor de posibles efectos en su salud.

El dirigente matsiguenka señaló además que la empresa llegó al lugar tres días después del incidente y cuestionó las restricciones para registrar evidencias. “Pero nosotros no podíamos tener evidencia, ¿no? Tomar fotos… porque estaba prohibido por temas de su protocolo”, relató.

También expresó la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones encargadas de supervisar estas operaciones. “Nos están matando poco a poco. Vivimos con el ducto, pero nadie puede garantizarnos que no vuelva a ocurrir otra explosión. No confiamos en las instituciones porque ya ha habido otros incidentes y nunca hay una respuesta clara para nosotros. Queremos que pongan a un ente privado que vele por nuestro bienestar”, sostuvo.

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¿Medida eficiente?

Para el abogado ambiental César Ipenza Peralta, el historial de incidentes recurrentes refleja la necesidad de fortalecer la fiscalización preventiva del Estado. “Si ya existen antecedentes, las autoridades deberían tener un rol mucho más proactivo y riguroso para evitar que estos hechos se repitan”, señaló.

El especialista explicó que el Perú cuenta con un marco legal que permite imponer multas elevadas —de hasta 30 mil UIT—, pero advirtió que la capacidad operativa del sistema de supervisión sigue siendo limitada.

“No basta con tener normas. Estas no garantizan que las empresas cambien sus prácticas. Muchas veces se convierten en un costo más de operación. Si no hay equipos técnicos fuertes y una supervisión permanente, las sanciones terminan llegando cuando el daño ya está hecho”, sostuvo. El especialista pidió establecer responsabilidades claras y determinar con transparencia el impacto en todos sus niveles.

El patrón se evidencia en el portal público de OEFA, que muestra que del total de infracciones ambientales es 24.285. De ese número, el 42,1% (10.223) corresponden al sector hidrocarburos.

Para los pueblos indígenas del Bajo Urubamba, la situación también refleja una brecha histórica entre los beneficios del insumo y la realidad de los lugares donde se produce. “El gas sale de nuestro territorio e ilumina casi todo el país, pero nuestras comunidades siguen en la oscuridad y olvidadas por el Estado, no hay energía estable y eso nos pone en peligro”, concluyó el dirigente. Este medio se contactó con TGP para solicitar sus descargos, pero al cierre de esta edición, no ha recibido respuesta.

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