“No queremos otro Saweto”: comunidad nativa Pano Arawak denuncia hostigamiento de empresa por disputa territorial en Ucayali

“Yo puedo ser amenazado en cualquier momento”, dice con serenidad contenida Gino Machay, líder indígena de la comunidad nativa Pano Arawak, en la provincia de Atalaya (Ucayali). “Pero tengo que estar preparado. En la Amazonía ya hemos visto lo que pasó en Saweto”.

La advertencia no es retórica. Desde finales de 2025, los habitantes de este asentamiento amazónico enfrentan una ofensiva legal impulsada por la empresa Negociación Maderera Travi Satipo S.R.L. (Nematsa), que busca anular el reconocimiento oficial del poblado y frenar la titulación de las tierras que reivindican como ancestrales.

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En paralelo, varios de sus integrantes han sido denunciados penalmente por presunta deforestación. Para los dirigentes y organizaciones que los respaldan, ambas acciones responden a una estrategia orientada a impedir que la población obtenga la propiedad colectiva de un espacio donde actualmente se superponen concesiones forestales.

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Reconocimiento y disputa

La controversia se intensificó en agosto de 2025, cuando el Gobierno Regional de Ucayali otorgó el reconocimiento administrativo al grupo étnico Pano Arawak mediante una resolución oficial. Este paso es clave: en el Perú, el reconocimiento de la comunidad es el primer requisito formal para solicitar la titulación del territorio.

Tras ese avance, los representantes iniciaron el trámite para obtener la propiedad del área que ocupan desde hace décadas. Poco después, la firma Nematsa presentó un recurso de nulidad contra la resolución, cuestionando la validez del reconocimiento e incluso la existencia del asentamiento indígena. “Sin el reconocimiento, no se puede continuar el proceso”, explica la abogada Maritza Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización que acompaña el caso.

Según la especialista, el origen de la disputa está en la superposición entre las tierras reclamadas por la población y concesiones forestales otorgadas por el Estado. “Lo que no quiere la compañía es que se titule el área ocupada por el poblado, porque si eso ocurre la concesión tendría que reubicarse”, sostiene. Mientras el GORE Ucayali evalúa el recurso presentado por la compañía, la titulación permanece suspendida.

Denuncias y criminalización

A la controversia administrativa se suman acciones penales contra integrantes del asentamiento. Al menos cinco pobladores han sido denunciados por presuntos delitos de deforestación, acusados de realizar tala o quema dentro de áreas bajo concesión. Las investigaciones se encuentran en etapa preliminar.

Para los dirigentes, las acusaciones forman parte de un patrón de presión contra el grupo indígena. “La maderera empieza denunciando a los comuneros poco a poco, mientras intenta anular el reconocimiento”, sostiene Machay.

Los habitantes rechazan las imputaciones y aseguran que sus actividades se limitan a prácticas tradicionales de subsistencia. “Nosotros no hacemos tala a gran escala”, explica el vecino César Marcio. “Solo pequeñas chacras para sobrevivir. Sembramos para la familia, no para vender ni destruir el bosque”.

Según los testimonios, las tensiones han aumentado en los últimos meses. Algunos denuncian que trabajadores vinculados a la empresa han destruido canoas o cultivos y colocado letreros que restringen el ingreso a áreas donde familias han vivido durante años.

En un caso más grave, policías (presuntamente llevados por Nematsa) habrían apuntado con arma a un comunero por no presentar su documentación. ‘‘Le dijeron que traiga su DNI, pero algunos no tienen’’, explicó Machay.

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Un territorio ancestral

Aunque la formalización legal es reciente, los habitantes aseguran que su presencia en el área se remonta a décadas atrás. Las familias pertenecen principalmente a pueblos amazónicos como los asháninka y amahuaca, que históricamente han habitado el corredor del río Inuya y sus afluentes.

“Cuando nuestros abuelos vivían ahí, la empresa no existía”, afirma el vecino Edwin Jumanga. “Nosotros hemos estado antes”. Según los dirigentes, durante años las familias vivieron dispersas y sin acompañamiento estatal. Actualmente, entre 40 y 50 personas residen en el asentamiento, dedicadas a actividades como la pesca, la caza y la agricultura.

Además, el acceso a servicios básicos es limitado. Los niños deben desplazarse hasta dos horas para llegar a la escuela más cercana y la atención de salud depende de un puesto precario en el caserío vecino.

Una zona sensible

El conflicto adquiere mayor relevancia por la ubicación del territorio en disputa. La zona se encuentra cerca de las reservas Murunahua y Madre de Dios, áreas destinadas a la protección de pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial, como los amahuaca, murunahua y mashco piro.

Según especialistas, la expansión de actividades extractivas en este corredor podría afectar los recursos naturales de los que dependen comunidades altamente vulnerables. “No solo están defendiendo su lugar”, señala Quispe. “También está protegiendo un corredor donde transitan otros grupos indígenas en aislamiento”.

Un patrón repetido

Para organizaciones expertas, el caso refleja un problema frecuente en la Amazonía peruana: la superposición entre territorios y concesiones otorgadas por el Estado. “La pregunta jurídica es simple: quién estuvo primero”, explica Quispe. “En muchos casos, los pueblos originarios han vivido allí durante generaciones previo a que el Estado entregue concesiones”.

El temor entre los dirigentes es que la disputa escale. En la memoria de muchos líderes amazónicos permanece el caso de Saweto, donde cuatro defensores indígenas fueron asesinados en 2014 tras denunciar tala ilegal. “Nosotros no queremos que pase lo mismo”, advierte Machay. “Solo queremos que se reconozcan nuestras tierras y vivir en paz”.

Sin respuesta oficial

Este medio consultó la versión de Negociación Maderera Travi Satipo S.R.L., pero sus representantes no brindaron declaraciones. También se solicitó información al Gobierno Regional de Ucayali y a la Dirección Regional Agraria, sin respuesta hasta el cierre de la edición.

Mientras tanto, las investigaciones fiscales continúan y el proceso para formalizar la propiedad colectiva permanece detenido. “Lo que pedimos es sencillo”, resume Marcio. “Poder existir y trabajar sin miedo”.

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