
El Congreso de la República promulgó el viernes 9 de enero la Ley N.° 32551, que vuelve opcional el requisito de contar con maestría o doctorado para los docentes universitarios que ingresaron a la docencia bajo la antigua Ley Universitaria, derogada en 2014, y que no lograron obtener esos grados académicos en los últimos años.
La norma fue promulgada por insistencia del Parlamento, luego de que el Ejecutivo no la firmara dentro del plazo constitucional. El texto legal lleva las firmas del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón.
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La Ley 32551 modifica la actual Ley Universitaria (Ley N.° 30220) al incorporar nuevas disposiciones complementarias que introducen excepciones a los requisitos académicos exigidos a los docentes universitarios.
En primer lugar, establece que los docentes que ingresaron a la docencia universitaria durante y hasta la vigencia de la antigua Ley Universitaria, promulgada en 1983 y derogada en 2014, no estarán obligados a contar con maestría o doctorado para dictar clases. Para este grupo, dichos grados académicos pasan a ser "opcionales".
Además, la norma exonera a estos docentes de los requisitos académicos exigidos para la admisión y promoción en la carrera docente, pese a que esta se rige, en principio, por criterios de carácter meritocrático.
Cuando la Ley Universitaria actual entró en vigencia, se otorgó un plazo inicial de cinco años para que los docentes sin maestría o doctorado se adecuaran a los nuevos requisitos. Sin embargo, este plazo fue ampliado en varias oportunidades a lo largo de más de una década. La última prórroga venció el 30 de diciembre de 2025.
Con la nueva norma, el Congreso dispuso una nueva ampliación hasta el 30 de diciembre de 2026, pero esta vez dirigida a los docentes que ingresaron a la docencia bajo la Ley Universitaria vigente, quienes aún deberán cumplir con la obtención de los grados académicos exigidos.
La Ley Universitaria (Ley N.° 30220) fue promulgada en 2014 y ese mismo año fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, que en 2015 declaró infundadas las demandas y fijó el inicio del plazo de adecuación para los docentes desde noviembre de ese año.
Desde entonces, el plazo para que los catedráticos obtengan maestría o doctorado ha sido ampliado varias veces: primero hasta noviembre de 2021 por la emergencia sanitaria, luego hasta diciembre de 2023 y, finalmente, hasta diciembre de 2025 mediante leyes aprobadas por el Congreso.
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