A 24 años de la tragedia, deudos del incendio de Mesa Redonda continúan sin justicia: "Nos ofrecieron S/300 por muerto"

Olvidados y aún sin justicia después de 24 años. El trágico incendio de Mesa Redonda dejó 277 personas fallecidas, 189 desaparecidas —entre ellas, 28 niñas y niños— y 173 menores en situación de orfandad, según los registros. Mientras muchas personas se preparaban para recibir el Año Nuevo, centenares de ciudadanos —entre comerciantes y clientes— se encontraban en el emporio comercial durante la activación masiva de productos pirotécnicos vendidos de forma ilegal. El siniestro provocó daños irreparables en la vida de los deudos, a quienes el Estado ha dado la espalda desde el 29 de diciembre del 2001.

“Estaba irreconocible; esperé un año por la prueba de ADN para confirmar su identidad", “Salí a la avenida Abancay cinco minutos antes del incendio. Mi esposa se quedó en el puesto; ya no me dejaron ingresar cuando todo explotó", “Mi esposo salió a hacer compras por fin de año; no lo volví a ver nunca más", son testimonios de familiares que han buscado justicia fuera del país.

El paso del tiempo ha dejado huellas en los deudos: muchas personas fallecieron sin obtener justicia. El caso, que agrupa a todos los deudos y cuya defensa la lidera el abogado Pedro Calvae, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que el Poder Judicial lo archivara. Según Calvae, las víctimas buscan una indemnización justa y medidas coherentes que sancionen a los responsables, quienes nunca fueron identificados.

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"Un milagro nos salvó"

Encarnación Pérez Quispe (77) recuerda que, aquel 29 de diciembre, estuvo en Mesa Redonda junto a su esposo, Juan Paredes, comprando artículos de playa, ya que se dedicaban al comercio de esos productos durante el verano. Repentinamente, presenciaron cómo las calles a su alrededor ardían tras una explosión en cadena de pirotécnicos. “Hasta ahora no puedo superar lo que sucedió”, afirma.

Ambos intentaron encontrar una salida en medio del caos y el pánico. “Corrimos hasta la esquina del centro comercial, pero no pudimos salir. Ahí fue la desgracia”, narró. Lograron escalar por la reja de una ventana hasta el segundo piso de una vivienda contigua. Sin embargo, las llamas ya los habían alcanzado, provocándoles quemaduras en brazos y rostro. “Todos pedían auxilio; no podíamos salir. Íbamos a morir”, contó.

Aunque han pasado 24 años, la voz de Encarnación aún se entrecorta al recordar cómo escapó de una muerte segura. Cuando todo parecía perdido, una persona abrió la puerta de su tienda, donde la pareja se refugió durante 30 minutos. “Esa fue nuestra salvación. Empecé a rezar mientras todo se quemaba. Salimos a las 7.45 p. m. Todo estaba oscuro, mi cuerpo temblaba y no podía caminar”, relató.

Después del siniestro, Encarnación y Juan fueron trasladados al Hospital Loayza, donde permanecieron internados dos meses por quemaduras de segundo y tercer grado. “Mis hijos eran pequeños y estaban terminando sus estudios. No recibimos apoyo. Estábamos abandonados”, señaló.

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"Mi esposo salió y nunca regresó"

Aquilina García Rodrigues (72) decidió quedarse en su casa en San Juan de Lurigancho el día del incidente, mientras su esposo, Germán Olivos, fue a Mesa Redonda para hacer compras de fin de año. Planeaban celebrar en casa. Sin embargo, pasadas varias horas, la familia se enteró de lo sucedido en el emporio comercial.

“Salió a hacer compras. Lo esperábamos, pero se hizo muy tarde. Mi esposo nunca regresó”, expresó. La mujer recuerda que la explosión fue tan fuerte que pudo escucharse hasta su vivienda. “No sabíamos la magnitud de la tragedia. Pasaron las horas y él no volvía. Nunca imaginé que sería una de las personas afectadas”, lamentó.

La muerte de Germán impactó profundamente a sus tres hijos, quienes eran niños en ese momento. “Una parte de nuestra vida se paralizó. Mientras otros celebraban, nosotros no podíamos; sentíamos la ausencia de mi esposo”, relató. Ella crió sola a sus hijos y enfrentó todas las adversidades. Su hija de nueve años fue la más afectada, pues era muy unida a su papá.

Pese al tiempo transcurrido, el dolor persiste. Aquilina tuvo que salir adelante a como de lugar porque sus hijos eran adolescentes. Ella aún espera que se haga justicia y se otorgue una indemnización digna. “Es indignante que hasta ahora no se resuelva el caso, a pesar de tantas muertes”, expresó.

En el cementerio El Ángel se encuentra el pabellón San Francisco, donde descansan cientos de víctimas y personas no identificadas del incendio. Los restos de Germán Olivos están allí, registrados con un código, ya que quedó irreconocible. Un año después del incidente, le hicieron la prueba de ADN y así confirmaron su identidad. Recién entonces le pusieron su nombre en el nicho, mientras los demás continúan como NN, según precisó Aquilina.

En aquel entonces, junto a sus hijos, ella recorría los pasillos de la morgue de Lima buscando el cuerpo de Germán. “Estaban quemados, reducidos. Ni siquiera dejaron ingresar a la prensa por lo fuerte que era la escena”, relató. Según su testimonio, en una de las salas encontró restos humanos dentro de una bolsa que nunca pudieron ser identificados. “¿Cómo íbamos a reconocer eso? Tuvimos que ver todo para encontrar el cuerpo de mi esposo”, recordó.

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"El mandil de mi esposa me ayudó a identificarla"

Han pasado más de dos décadas y Saturnino Ferro García (80) aún recuerda el día que perdió a su esposa, Leandra Guillén Loayza. Por azares del destino, él se dirigió a la avenida Abancay cinco minutos antes de que iniciara la tragedia. Leandra se encontraba en el puesto que ambos alquilaban en Mesa Redonda, donde vendían productos de limpieza. Una explosión alertó a Saturnino, quien corrió desesperadamente a buscarla; sin embargo, una barrera policial le impidió ingresar.

Mientras el fuego se propagaba, Saturnino intentó entrar por jirón Paruro, pero la manzana entera ya estaba cerrada. El paso de los bomberos y ambulancias apagó sus esperanzas. “La policía ya había cerrado todo. Mi esposa se quedó dentro del incendio”, lamentó.

Dos días después, el comerciante pudo ingresar a la zona afectada y encontró el cuerpo de su esposa. “Falleció asfixiada en el mismo local; el mandil me ayudó a identificarla más rápido. No se quemó, pero el humo acabó con su vida”, contó. La tragedia lo dejó a cargo de sus tres hijos. “Siempre he estado acostumbrado a trabajar. Hice de todo para sacar adelante a mi familia. Salí de la tragedia sin nada. Lo perdí todo”, sostuvo.

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Indemnización insuficiente

Pedro Calvae argumentó que la indemnización brindada por el Estado no corresponde con la magnitud de la tragedia. “La Corte Suprema dio una reparación irrisoria: S/170 por persona lesionada y S/300 por fallecida. Esto revela un Poder Judicial que no protegió a las víctimas”, señaló con respecto al monto de compensación económica otorgada. Además, indicó que durante el gobierno de Alejandro Toledo asignó un terreno a las víctimas, ubicado entre jirón Andahuaylas y Miroquesada en el Cercado de Lima, como un intento de que puedan continuar trabajando y empezar desde cero; sin embargo, el lugar hoy es ocupado, en gran parte, por personas ajenas a los hechos del 29 de diciembre del 2001.

“Personas inescrupulosas, sin vínculo con las víctimas —aunque algunas sí—, se apropiaron ilegalmente del terreno. El problema fue generado por el propio Estado”, agregó Calvae.

Según el Informe de Admisibilidad N.º 42/19 de la CIDH, se fijó inicialmente una reparación de S/200.000 por persona fallecida y S/30.000 por persona lesionada. Sin embargo, se estableció que el monto sería compartido entre todas las víctimas, y no otorgado de forma individual, lo que indignó a los deudos.

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No hay un listado oficial de las víctimas

A pesar de los años, el Estado no ha elaborado un padrón oficial de personas damnificadas. “En la Resolución Suprema se dijo que se generaría un listado único de víctimas, pero eso nunca se cumplió”, explicó el letrado.

“Desde el 2009 veo este caso. Era estudiante de Derecho. Hoy, siendo abogado y casi doctor, han pasado más de 16 años de trámite. Me he reunido con cinco ministros de Justicia, tres viceministros y varias procuradurías. Todo sin solución”, lamentó el abogado, quien lleva el caso ad honorem.

El caso llevado a juicio fuera del país

La CIDH declaró admisible la denuncia contra el Estado peruano por la tragedia de Mesa Redonda. En su informe, concluyó que existen elementos como el presunto incumplimiento del deber estatal de prevención, la falta de diligencia en la elaboración de listados de víctimas, la ausencia de protección judicial efectiva, la fijación de montos indemnizatorios irrisorios y la supuesta violación a la igualdad en los criterios de reparación, para analizar la posible responsabilidad estatal en la tragedia.

Por ello, determinó continuar con el análisis de fondo por posibles violaciones a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Mientras tanto, los deudos continúan con esperanzas de obtener justicia. Cada 29 de diciembre se reúnen en la iglesia San José, en jirón Junín 891, Cercado de Lima, donde realizan una vigilia en memoria de las víctimas. A 24 años del incendio, la espera por justicia continúa.

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